Siete funcionarios de Banco Nacional y uno de seguridad privada detenidos por robo de ¢3.293 millones

Ocho personas fueron detenidas este miércoles como sospechosas de facilitar el robo de ¢3.293 millones del Banco Nacional (BNCR), el cual fue denunciado en instancias judiciales el pasado 23 de octubre, 20 días después de que la entidad financiera detectara el faltante.

Las detenciones ocurrieron luego de 11 allanamientos realizados por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía en varios puntos de territorio y en las instalaciones centrales del BNCR en San José. Se trata de siete funcionarios del citado banco y uno de seguridad privada.

Según la Policía, hubo fallos en la seguridad bancaria y en los procedimientos de control o arqueos, así como un punto ciego o fuera del ángulo de la cámara de vigilancia que está en la bóveda del banco, que habrían facilitado la millonaria sustracción.

Los detenidos son el tesorero de Procesamiento de Efectivo, de apellidos Olivas Valle; un contador, apellidado Hernández Saborío, tres supervisores de procesamiento de efectivo, de apellidos Ramírez Sandí, Ugalde Morales y Blanco Oviedo y un oficial de seguridad externa que es de apellidos Bolaños Zúñiga.

También se detuvo a una mujer de apellidos Cerdas Méndez, autoevaluadora de Procesamiento de Efectivo y al jefe de Tesorería, de apellidos Madrigal Faerron. Este último se acogió a la jubilación el 4 de octubre y era el encargado de supervisar a Olivas. El OIJ allanó su propiedad de 22.000 metros cuadrados en San Jerónimo de Moravia, donde fue detenido.

Otra funcionaria bancaria, de apellido Herrera, fue indagada pero no se procedió con su detención, a la espera de más evidencias que permitan determinar una posible participación suya para que no se interpusiera la denuncia desde el primer momento.

Durante los operativos, las autoridades decomisaron prueba documental y dinero, evidencia que será seleccionada y contabilizada, a efectos de incorporarla en el expediente N.° 23-000369-1218-PE, donde se investigan los delitos de peculado, asociación ilícita, incumplimiento de deberes, facilitación culposa de sustracciones y legitimación de capitales.

También se investigan incrementos patrimoniales de algunos imputados, que no son congruentes con sus perfiles financieros.

Avanzada la tarde de este miércoles, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción comenzó a tomar la declaración indagatoria a los detenidos y luego valorará la supuesta participación de cada persona, a efectos de solicitar medidas cautelares ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.

Cuestionamientos al Banco Nacional por no denunciar con rapidez

El 23 de octubre pasado, apenas trascendió ese robo, los fiscales especializados en materia de corrupción realizaron entrevistas a testigos, así como inspecciones oculares en la Administración del Numerario, oficina de la entidad bancaria donde se encuentra el Centro Institucional de Procesamiento de Efectivo (CIPE). Ese despacho es el encargado de procesar y tramitar el dinero en efectivo que ingresa al banco.

Luego de estas diligencias y otras pesquisas se concretaron los allanamientos simultáneos de este miércoles en los que se decomisaron celulares, colillas de depósitos y otros documentos.

Según explicó Randall Zúñiga, director del OIJ, esta operación se denominó “Gallo Tapado”, luego de que descubrieran que el tesorero de apellido Olivas, quien tenía acceso al dinero, usaba esos recursos para comprar grandes cantidades de lotería, así como tiempos, chances y otros juegos de azar. El sujeto empezó comprando lotería por montos de ¢100.000 al día, pero luego los montos llegaron a ser de hasta de ¢3 millones diarios.

El jefe policial cuestionó que hubiesen transcurrido 20 días entre el 3 de octubre, fecha en que se detectó el faltante y el 23 de octubre cuando el banco decidió presentar la denuncia penal. Incluso, la investigación de oficio del OIJ y de la Fiscalía empezó antes de que el BNCR acudiera a instancias judiciales.

En criterio de Zúñiga, al dejar pasar tanto tiempo entre la detección del faltante y la denuncia, es posible que se pierdan evidencias importantes para la investigación, tales como conversaciones, documentación y depósitos bancarios, entre otros.

Ese criterio lo comparte el fiscal general Carlo Díaz, al afirmar que en cualquier caso delictivo, cuanto más se tarde en alertar a las autoridades judiciales, más difícil será recuperar evidencia que permita a la institución establecer la existencia de un ilícito.

Según las pesquisas, Olivas Valle sería el autor material de los robos, pero además de él se investiga a otros funcionarios encargados de los arqueos físicos, pues no los concretaron. De manera virtual se registraba en los sistemas la realización del arqueo, pero en la realidad no se ejecutaban desde el 2019.

El fiscal Carlo Díaz dijo que si se hubiesen realizado los arqueos físicos no se hubieran desaparecido los ¢3.293 millones. Agregó que la tardanza en denunciar pudo impedir la recuperación de más dinero; sin embargo, van a rastrear todos los movimientos contables que sean posibles.

“Es muy lamentable que sean los investigadores los que tengan que decirle al Banco qué hacer, cuando debieron haber revisado los videos, los controles y las verificaciones, pero no lo hicieron”, sustuvo Díaz.

Las investigaciones buscan determinar si los encargados de la seguridad y controles omitieron involuntariamente fiscalizar los dineros que entraban y salían de la entidad bancaria o si son parte de una estructura delictiva más grande.

Otra forma de sustracción que se investiga tiene que ver con algunos dineros de las denominadas “colas”, que son importantes remanentes de los montos que llegan en las tulas o bolsas que las empresas usan para enviar depósitos a los bancos. Según Randall Zúñiga, aparentemente muchos remanentes se quedaban en el CIPE y no pasaban a Contabilidad o Tesorería.

Puntos ciegos

El Fiscal General Carlo Díaz, detalló que al analizar los videos de seguridad se observa como Olivas Valle abría la puerta de la bóveda donde estaba el dinero y pasaba montos no determinados a otro lugar, a sabiendas de que eran puntos ciegos que la cámara no podía captar. Posteriormente, escondía el dinero en sobres de manila y luego cerraba la caja fuerte y la bóveda.

Más tarde, Olivas salía con los sobres de manila sin que en los puestos de seguridad se revisara su contenido. Desde que la Fiscalía y el OIJ intervinieron las cámaras, hay diez acciones de este tipo grabadas entre el 17 de agosto y el 26 de setiembre de este año, pero las autoridades afirman que desde el 2019 podrían haberse dado golpes similares. La Fiscalía determinó, al analizar los videos de los 45 días previos a descubrir el robo, que hubo falta de control por parte del Banco.

Tardía reacción

El Banco Nacional había suspendido inicialmente a cinco funcionarios, con goce de salario, por aparente incumplimiento de labores mientras se realizaban las pesquisas. Posteriormente sumó a otras dos personas, una de ellas es el jefe del área de Administración de Numerario o tesorero general, de apellido Madrigal, con 20 años de laborar en la institución, quien se jubiló el 4 de octubre, la sétima persona involucrada fue suspendida administrativamente como medida cautelar.

El 28 de octubre el gerente general de esa entidad, Bernardo Alfaro, informó que habían presentando una denuncia penal ante la Fiscalía por el faltante de la multimillonaria suma de dinero detectada entre sus registros contables y el dinero que el banco mantiene en sus bóvedas bajo custodia.

Una denuncia confidencial sobre las presuntas irregularidades en el manejo de Tesorería recibida en setiembre originó un arqueo sorpresa a inicios de octubre en el cual se detectó la diferencia de ¢3.293 millones.

El 31 de octubre el Consejo de Gobierno divulgó un informe confidencial enviado al presidente de la República, Rodrigo Chaves, por parte del presidente de la junta directiva del BNCR Marvin Arias.

Entre otras cosas, la junta directiva calificó el atraso en denunciar (por parte del Banco) como una “omisión inaceptable” “ante el riesgo de que, sin la participación de las autoridades judiciales, se pudiese haber comprometido la identificación y recopilación oportuna de pruebas; estas podrían haber sido manipuladas o destruidas, e incluso se podría dificultar aún más la reconstrucción de los hechos relevantes”.

Bernardo Alfaro sostuvo en aquel momento que las pesquisas seguirán hasta que las personas que generaron ese faltante respondan por sus actos.