Una denuncia confidencial fue la que alertó a las autoridades del Banco Nacional de la desaparición de casi ¢3.300 millones en la bóveda de esa entidad en una bóveda ubicada en el edificio en el centro de la capital.
El reporte fue remitido en setiembre a la Dirección de Control y Cumplimiento Normativo del banco y en él se hace referencia a “posibles irregularidades en el manejo de la tesorería”.
Luego, en un “arqueo sorpresivo”, realizado entre el 3 y el 4 de octubre, se encontró una diferencia entre el saldo contable y el efectivo por ¢3.293.829.421,40; $78 y €3. Y fue hasta 21 días después que el banco presentó la denuncia ante el Ministerio Público.
Estos detalles constan en un informe confidencial que la Junta Directiva del Banco Nacional le remitió al presidente Rodrigo Chaves el 30 de octubre y que viene firmado por Marvin Arias Aguilar, presidente de la Directiva. La Casa Presidencial hizo público el informe de Arias.
Ante la tardanza del banco de recurrir a la Fiscalía, la propia Junta Directiva sostiene que fueron sus integrantes quienes le solicitaron a la gerencia general que elevara el asunto a instancias judiciales.
Incluso, califican el atraso en denunciar como una “omisión inaceptable” “ante el riesgo de que, sin la participación de las autoridades judiciales, se pudiese haber comprometido la identificación y recopilación oportuna de pruebas; estas podrían haber sido manipuladas o destruidas, e incluso se podría dificultar aún más la reconstrucción de los hechos relevantes”.
No obstante, el gerente general del Nacional, Bernardo Alfaro Araya, en una entrevista con Telenoticias, aseveró que la tardanza se debió a que “querían presentar una denuncia muy bien formulada”.
“Estábamos justamente tratando de comprender lo que había ocurrido. En cierto momento tuvimos la presunción de que podría haber un error en sistema, algún error contable, porque se trataba de una suma muy alta y era muy complicado llegar a la Fiscalía a decir ‘no estoy seguro de cuánto falta, no estoy seguro de quién pudo tomar el dinero, no estoy seguro de cómo lo pudo hacer’. Estábamos justamente instrumentando la denuncia que estaba prácticamente lista”, explicó el banquero.
Uno de los suspendidos se jubiló apenas se conoció el caso
De acuerdo con el informe, tras el arqueo sorpresivo “se generaron una serie de sospechas de actuaciones irregulares por parte de algunos funcionarios”, y esto concluyó con la suspensión, con goce de salario, de siete funcionarios. Se les paga el salario porque no se les puede suspender el pago hasta que haya una sanción con base en hechos probados.
Uno de ellos es el jefe del área de Administración de Numerario, quien una vez notificado de la suspensión, se acogió a su jubilación. Jaime Murillo, subgerente general de operaciones del BNCR, explicó que este funcionario tiene 20 años de funciones en la entidad bancaria.
Junto al exjefe, las otras personas que figuran en la investigación son
- Un supervisor administrativo, custodio del efectivo del área en la cual se detectó el faltante.
- Un supervisor de tesorería, responsable de la supervisión del área en la cual se detectó el faltante.
- Un contador, encargado de la contabilidad del área en la cual se detectó el faltante.
- Un técnico especializado, encargado de aplicar las autoevaluaciones del área en la cual se detectó el faltante.
- Dos custodios del área de Administración de Numerario Interno.
Jaime Murillo sostuvo que el área de Administración de Numerario, encargada de la custodia de los fondos, tiene controles muy estrictos de ingreso y salida, y que también cuenta con monitoreo de cámaras.
Este departamento del banco se encarga de manejar todo el dinero en efectivo que se recolecta de los proveedores externos, quienes reúnen los depósitos de los clientes, los procesan en primera instancia y luego la Administración de Numerario los valida para corroborar que el dinero que se depositará a cada cliente coincida con el efectivo recibido.
Bernardo Alfaro, en tanto, dijo que el área de Tesorería es “un área muy protegida. Tiene una exclusa de único ingreso con un oficial de seguridad cuya única función es no permitir que nadie entre o salga con una bolsa, maletín o lo que sea. Allí hay cámaras por todas partes. Hay otras exclusas por donde entra y sale el dinero. Está todo custodiado. Hay tres bóvedas allí. El problema se produjo en la más pequeña. Es un área donde el trasiego diario de dinero es de tres mil a cuatro mil millones de colones”.
Murillo manifestó que, para entender lo ocurrido y determinar si existe alguna red interna, deben llevar a cabo una minuciosa revisión, incluso con el apoyo de videos. Tampoco descartó la participación de personas externas.
Tres líneas de defensa
El informe confidencial firmado por Marvin Arias Aguilar, presidente de la Junta Directiva, explica que el banco, según la normativa de gestión de riesgo, cuenta con tres mecanismos de control o líneas de defensa. En la primera línea están los encargados de conteo, clasificación, registro y custodia de efectivo y sus superiores.
En una segunda línea está la Dirección General de Riesgo y la Dirección de Control y Cumplimiento Normativo, que fue la que detectó el faltante.
Por último, en la tercera línea están las auditorías internas y externas, que a su vez revisan la calidad y eficacia del sistema de control interno del banco.
“Según informó la Gerencia a la Junta Directiva, hay fuertes indicios de que los registros de los funcionarios responsables en la primera línea de defensa simulaban que todos los procedimientos se estaban cumpliendo al pie de la letra, razón por la cual no se alertaba ningún procedimiento incorrecto”, agrega el documento.
Aunque por ahora no se ha identificado el método en que se sustrajo este dinero, el gerente general del Banco Nacional, Bernardo Alfaro, confirmó este lunes en Telenoticias que la tesis que manejan por ahora es que los ¢3.300 millones fueron extraídos en pequeñas cantidades y de forma física.
Tras la denuncia, ahora la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) está llevando a cabo la investigación bajo el expediente 23-000369-1218-PE, por el presunto delito de peculado.
Paralelamente, la Junta Directiva acordó, por unanimidad, que a más tardar el 28 de noviembre próximo la gerencia debe presentar un informe “profundo e integral” sobre los hallazgos de la investigación interna que se realiza tras el arqueo sorpresivo.
Colaboró en esta información Vanessa Loaiza.