El Consejo de Gobierno ordenó abrir una investigación contra la Junta Directiva del Banco Nacional por el “robo” de ¢3.293 millones en las bóvedas del banco, en el cual, aparecen como sospechosos siete funcionarios que custodiaban el dinero.
“La decisión tiene como fin determinar las responsabilidades de cada uno de ellos, en el caso que se investiga por un millonario robo contra el banco. El gobierno de la República no va a permitir que se juegue con el dinero de los costarricenses que está en custodia de este banco, ni en ningún otro”, informó la Casa Presidencial en un comunicado.
La decisión se tomó luego de que el mandatario Rodrigo Chaves recibiera un reporte etiquetado como “confidencial” por parte del presidente de la Junta Directiva del banco, Marvin Arias Aguilar, con fecha 30 de octubre. Ese informe lo reveló la Casa Presidencial.
Allí, Arias Aguilar indicó que la Junta se enteró de que por recomendación de la Dirección Jurídica, la cual reporta al gerente general, Bernardo Alfaro, “la Gerencia General decidió no denunciar inmediatamente el faltante ante el Ministerio Público, con el propósito de contar con mayores elementos fácticos antes de proceder con dicha gestión.
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“No obstante, la Junta Directiva General consideró que esa omisión era inaceptable, dado la gravedad que tiene este caso, por cuanto se trataba de un incumplimiento de las medidas requeridas en la sesión del 10 de octubre, en especial ante el riesgo de que, sin la participación de las autoridades judiciales, se pudiese haber comprometido la identificación y recopilación oportuna de pruebas, estas podrían haber sido manipuladas o destruidas, e incluso se podría dificultar aún más la reconstrucción de los hechos relevantes”.
“Por ese motivo, la Junta Directiva General exigió a la Gerencia General la inmediata presentación de la denuncia ante las autoridades judiciales, con la información y documentación recabada hasta ese momento, lo cual se realizó el 24 de octubre anterior, sin perjuicio de que se amplíe posteriormente conforme se logre recabar nuevos indicios y pruebas pertinentes”, informó Aguilar al gobernante.
Este martes, 31 de octubre, el BN, por medio de un comunicado de prensa, informó de que ya suman siete funcionarios con suspensión cautelar y con investigación ante las autoridades judiciales, luego de la detección de la diferencia contable de ¢3.293 millones entre sus registros y el dinero que mantiene en custodia en sus bóvedas.
Estas personas laboraban en el área de Administración de Numerario, tratándose de quien fue el jefe, hasta su jubilación, el 4 de octubre; dos supervisores, un técnico, dos custodios y un contador.
Aguilar agregó en el informe, que desde el día que se identificó el faltante, se instaló un equipo para reconstruir los hechos, analizar eventuales elementos probatorios y vigilar el funcionamiento diario de la entidad.
Denuncia anónima en setiembre
Sobre el hallazgo de los hechos, el informe de siete páginas indica que los días 3 y 4 de octubre pasado, se realizó un arqueo sorpresa originado por hallazgos detectados durante una evaluación del grado de madurez de los componentes de control, realizada en agosto y además por una denuncia confidencial sobre posibles irregularidades en el manejo de tesorería, recibida en setiembre por la Dirección de Control y Cumplimiento Normativa.
La diferencia encontrada en el arqueo fue de ¢3.293.829.421,40 más $78 y €2(euros).
Aguilar indicó en el informe que la Junta Directiva recibió información que después de estos hallazgos “se generan una serie de sospechas de actuaciones irregulares por parte de algunos funcionarios”, por lo que se procedió de inmediato con el establecimiento de las medidas cautelares.
Añadió que la entidad cuenta con mecanismos de control que se denominan líneas de defensa para resguardar y tomar acciones ante eventuales situaciones que puedan poner en riesgo la sostenibilidad y solidez del banco.
La primera línea de defensa, en este caso está conformada por la Dirección de Administración de Numerario (funcionarios encargados del conteo, clasificación, registro y custodia del efectivo). La segunda línea es la responsable de identificar, medir, seguir y divulgar el riesgo a nivel de todo el banco y es independiente de la primera línea, la conforman las direcciones de Riesgo y la de Control y Cumplimiento de Riesgo Normativo.
La tercera línea corresponde a la Auditoría Interna y Externa. El informe indica que la gerencia general informó de que hay fuertes indicios que los funcionarios responsables de la primera línea de defensa “simulaban que todos los procedimientos se estaban cumpliendo al pie de la letra, razón por la que no se alertaba de ningún procedimiento incorrecto”.
Aguilar señaló además, que durante el proceso de investigación se han entrevistado a personas externas del banco que aportaron “valor” respecto a posibles motivos de los involucrados para cometer algún delito. “Parte del proceso de investigación consiste en determinar adicionalmente cómo fueron burlados los controles existentes y qué se debe cambiar para hacerlos robustos”, agregó.
Área equipada con seguridad
El informe añade que el área cuenta con dispositivos de seguridad “conforme lo requiere este tipo de dependencia” y enumera la existencia de cámaras de seguridad, cofres y bóvedas de seguridad, separación de áreas con llaves o acceso electrónico, esclusa antivandálica y oficial de seguridad al ingreso. Además de secciones separadas para el ingreso de camiones remeseros.
Agrega que el 24 de octubre se procedió con la denuncia penal ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción en contra de los funcionarios involucrados.
Aguilar concluyó señalando que la Junta Directiva emitió el informe a Chaves “reconociendo que el Banco Nacional si bien es una institución autónoma de derecho público con personería jurídica propia e independencia en materia de administración, se encuentra sujeto a la ley en materia de gobierno y tiene el deber de actuar en estrecha colaboración con el Poder Ejecutivo”.