El presidente de Aldesa, Javier Chaves Bolaños, quedó detenido este lunes en la tarde para ser indagado por presuntos delitos de estafa mayor, administración fraudulenta, libramiento de cheques sin fondos, autorización y publicación de balances falsos, autorización de actos indebidos e incumplimiento de deberes.

La captura fue ordenada por la Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual que investiga la suspensión de pagos a unos 500 clientes de proyectos inmobiliarios que invirtieron $200 millones.

La detención se realizó en medio del allanamiento a las oficinas centrales de Aldesa, en Curridabat. De ahí, Chaves – quien fuera ministro de Transportes entre 2002 y 2004– fue trasladado con custodia a los Tribunales de San José.

La indagatoria se realizaría la noche de este lunes, luego de la cual, la Fiscalía analizará si existen peligros procesales que ameriten la solicitud de medidas cautelares contra él.

Aparte de la detención, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron este lunes 12 allanamientos. Las primeras diligencias se iniciaron a las 6 a. m. en casas de los directores y miembros de la Junta Directiva de la entidad financiera, ubicadas en Escazú, Santa Ana y San José.

Ellos fueron identificados con los apellidos Chaves Bolaños (hermano del presidente), Montealegre Saborío, Artiñano Ferris, Oreamuno Morera, Mesalles Jorba, Ulibarri Bilbao, Luconi Bustamante y Pacheco Contreras.

A las 11 a. m., el Ministerio Público informó de que el número de diligencias se elevó a doce al sumar las oficinas de Aldesa, las de Grupo Sama y la Superintendencia General de Valores (Sugeval).

“Son un acto de carácter preliminar que probablemente requerirá que nuevamente Fiscalía y el OIJ articulen acciones para compilar más pruebas, pero ya no en el ámbito del allanamiento sino en otras esferas de trabajo, como puede ser levantamiento de secreto bancario, levantamiento de secreto bursátil y algunas otras de las actividades que solemos ejecutar cuando de investigaciones complejas se trata”, explicó Wálter Espinoza Espinoza, director del OIJ.

Francisco Campos, abogado defensor de Chaves, manifestó a las 10:40 p. m., vía telefónica, que la indagatoria había terminado, pero que se mantenían en espera de que iniciara la audiencia de medidas cautelares ante el Juzgado de Turno Extraordinario, en el Segundo Circuito Judicial, en Goicoechea.

“Terminamos la indagatoria y lo pasaron al Segundo Circuito Judicial. La Fiscalía posiblemente le va a pedir alguna medida cautelar, pero estamos a la espera, ya que el Juzgado de Turno tenía la agenda muy llena. No sabemos si va a ser en horas de la madrugada o este martes en la mañana”, expresó Campos.

Los hechos investigados

La oficina de prensa del Ministerio Público informó de que las diligencias corresponden a una causa que se tramita en el expediente 19-157-1220-PE, por los seis delitos.

Esta se abrió a raíz de una serie de denuncias e información publicada por la prensa nacional, en las que aparecen personeros del Grupo Financiero Bursátil Aldesa y Aldesa Corporación de Inversiones.

“Las denuncias señalan la aparente inducción en error a la que fueron expuestos los ofendidos inversionistas, quienes creyeron que el conglomerado de asociaciones que forman parte de Aldesa, se encontraban siendo supervisadas por la Superintendencia General de Valores, error que fue posible dado al vínculo que une a todas las sociedades que integran Aldesa (reguladas y no), pues utilizan el mismo espacio físico, recurso humano, sitio web, números telefónicos, marcas, logos, miembros de junta directiva que interactúan, incluso muchos de ellos en todas las sociedades”, dijo el Ministerio Público en un comunicado.

Los fiscales también investigan la forma en que fueron administrados los valores entregados por los inversionistas, con la finalidad de establecer, por medio de la trazabilidad, si efectivamente fueron invertidos, o bien, si fueron utilizados de manera fraudulenta para pagar intereses a otros inversionistas.

Las pruebas decomisadas este lunes serán estudiadas por la Policía Judicial, que se encargarán de enviar un informe detallado al Ministerio Público.

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Antecedentes

En marzo pasado, Aldesa solicitó al Juzgado Concursal de San José la apertura de un proceso de administración judicial, a raíz de los problemas de liquidez que enfrentaba.

La intención era con seguir la aprobación de un plan que contemplaba la suspensión de pagos, por un plazo de tres años, y a menores tasas de interés, a 500 clientes del negocio de proyectos inmobiliarios de naturaleza privada por inversiones de $200 millones.

El 1.° de abril, la misma empresa confirmó el rechazo a la solicitud, negativa ratificada al me siguiente.

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Desde el último trimestre del 2018 la empresa entró en problemas a raíz de la disminución de la liquidez en el mercado local y del impagode $26 millones por parte de la empresa Rock Constructions, que desarrollaba el proyecto Málaga City.

Empero, como la firma bursátil contempló que sí recibiría esos recursos, efectuaron inversiones para desarrollar otros proyectos inmobiliarios para los cuales percibieron dinero de clientes.

Para lograr la salvación de la empresa y de las inversiones de sus 500 clientes, Aldesa hizo la solicitud de intervención judicial con la idea de no pagar a sus acreedores por tres años y finalizar el desarrollo de ocho proyectos inmobiliarios.

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Por su parte, la Superintendencia General de Valores (Sugeval) inició desde el 20 de mayo un procedimiento administrativo sancionatorio contra Aldesa Puesto de Bolsa, según un hecho relevante hecho público el 24 de mayo publicado por María Luisa Fernández Garita, jerarca de la Sugeval.

La principal pesquisa de la Superintendencia será determinar por qué Aldesa Puesto de Bolsa no llevó los registros contables necesarios de las operaciones de pago de cuentas por cobrar por un periodo de nueve meses.

Esta situación generó “dificultad para conocer la situación patrimonial o financiera”, según Sugeval.

“En caso de demostrarse el hecho #1 (falta de registros contables) intimado a Aldesa Puesto de Bolsa S. A., se estaría ante un incumplimiento (...) de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, que implicaría una infracción muy grave, correspondiéndole una multa del 5% del patrimonio de la sociedad”, se destaca en el hecho relevante.

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A finales del 2018, Aldesa Puesto de Bolsa reportó un patrimonio de ¢1.277 millones, según sus estados financieros auditados.

La Superintendencia detalló, en el hecho relevante, que Aldesa Puesto de Bolsa habría sobrepasado el límite del 10% al financiamiento otorgado a un cliente individual o grupo de interés económico.

Tal situación, según la entidad supervisora, habría ocurrido durante varios días entre los meses de diciembre del 2017 a diciembre del 2018.

Colaboró el periodista Yeryis Salas.

Información actualizada a las 10:45 p.m. del lunes.