Aldesa Corporación de Inversiones pedirá este viernes 8 de marzo la intervención judicial para enfrentar problemas de liquidez que arrastra la empresa desde el año pasado.

Con la solicitud, que se efectúa ante el Juzgado Concursal del I Circuito de San José, la compañía pretende la aprobación de un plan que contempla la suspensión de pagos, por un plazo de tres años, y a menores tasas de interés, a un grupo de más de 500 clientes del negocio de proyectos inmobiliarios de naturaleza privada por inversiones de $200 millones.

Javier Chaves, presidente de Aldesa, confirmó a La Nación que la reorganización de la empresa contempla el cierre ordenado del puesto de bolsa y el traslado de las inversiones, de 1.200 clientes y $220 millones, al Puesto de Bolsa Inversiones SAMA.

Asimismo, la firma reducirá su planilla a la mitad, lo cual implica el despido de 53 trabajadores proceso que se efectuará en los próximos días.

Chaves enfatizó que las inversiones hechas en el puesto de bolsa, así como los negocios por $120 millones de Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión no se verán perjudicados, pues son regulados por la Superintendencia General de Valores (Sugeval) y están aparte de los proyectos privados.

“Ningún inversionista del Puesto de Bolsa que haya invertido en títulos de oferta pública ni de los fondos de inversión va a verse perjudicado de ninguna manera por esta solicitud que obedece, más bien, a la parte de inversiones privadas en proyectos de naturaleza inmobiliaria”, recalcó el empresario.

El empresario señaló que la solicitud de administración por intervención judicial no implica la quiebra de la empresa, ni es tampoco un convenio de acreedores, tal como ocurrió en el caso de Casa Blanca.

El Presidente de Aldesa recalcó que Edna Camacho, coordinadora del Consejo Económico del Gobierno y quien es su esposa, no tiene relación alguna con la empresa, no es accionista, ni miembro de la Junta Directiva.

“Aldesa es una empresa de mi familia y la de otros 25 socios y que se ha administrado con independencia. Aldesa no tiene relación alguna con el Gobierno”, dijo Chaves.

La firma, fundada en 1968, está entre las primeras compañías en incursionar en el mercado de valores costarricense.

Origen de dificultades

Los problemas de la compañía se iniciaron en el último trimestre del 2018, a raíz de la disminución de la liquidez en el mercado local y del impago a Aldesa de $26 millones por parte de la empresa Rock Constructions, que desarrollaba el proyecto Málaga City.

“Recogimos el proyecto y le hicimos frente a todas las obligaciones, pero causó un faltante de recursos”, destacó Chaves.

Cuando la firma bursátil preveía que sí iba a recibir los recursos, efectuaron inversiones para desarrollar otros proyectos inmobiliarios para los cuales percibieron dinero de clientes.

“Para obtener liquidez negociamos la venta de un proyecto inmobiliario y un crédito bancario. Ambos estaban aprobados al cierre del año pasado, con eso nos nivelábamos. Pero llegamos a mediados de febrero y se cayeron las dos opciones”, contó el empresario.

Chaves explicó que cayeron en cesación de pagos con los clientes del negocio de naturaleza privada y cerraron la captación de recursos.

Para lograr la salvación de la empresa y de las inversiones de sus 500 clientes, Aldesa hace la solicitud de intervención judicial para que se les apruebe no pagar a sus acreedores por tres años y finalizar el desarrollo de ocho proyectos inmobiliarios.

“El desarrollo de estos proyectos, cuando se desarrolla, va a generar flujos de efectivo que son mayores por mucho a los pasivos totales. Entonces debemos culminar los proyectos y poder hacer frente a los pagos”, destacó el empresario.

Chaves añadió: “Tenemos un problema de liquidez y lo que requerimos es el plazo necesario para ejecutar los proyectos inmobiliarios para que los inversionistas recuperen el 100% de sus principales, no tendrán una pérdida del principal”.

Si el Juzgado Concursal acepta la propuesta de salvamento de Aldesa, se nombrará una junta interventora que estará conformada por un persona designada por el juez, acreedores y los trabajadores de la compañía.

Este grupo será el que autorice a los directivos de la empresa y su administración ejecutar el plan de negocios para continuar con la compañía adelante.

“Es un proceso controlado. El juez nombra a las personas y actuamos con la supervisión directa de esta junta interventora. Cuando se redimensione el tamaño de la empresa y se trabaje con los ingresos que se prevé recibir, vamos a enfocarnos en mantenernos operativos y pagar”, dijo el Presidente de Aldesa.

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