Javier Chaves, presidente de Aldesa Corporación de Inversiones, confirmó a La Nación que este viernes 8 de marzo acuden al Juzgado Concursal de San José para gestionar un proceso de administración y reorganización con intervención judicial.
Dicho trámite busca que la firma pueda, por un plazo de tres años, suspender el pago de sus obligaciones a más de 500 inversionistas de los proyectos inmobiliarios privados, quienes invirtieron $200 millones en la compañía.
Chaves enfatizó que las inversiones de clientes en el puesto de bolsa y los fondos de inversión, regulados por la Superintendencia General de Valores (Sugeval), no serán afectados por el proceso judicial.
Aunque el plan de la compañía sí prevé el cierre del puesto de bolsa y el traslado de la custodia de $220 millones, de 1.200 inversionistas, al Puesto de Bolsa Inversiones SAMA. A continuación un extracto de la entrevista con el empresario.
– ¿Cuál fue la decisión tomada por la empresa?
– Estamos enfrentando una crisis de liquidez que nos ha llevado a la conclusión de que debemos de solicitar a los juzgados un proceso de administración por intervención judicial. Vamos a hacer un plan de negocios por tres años para ir monetizando y liquidando proyectos inmobiliarios cuyo valor sumado es mayor que todas las deudas de la compañía.
“Será una forma ordenada con la cual pagaremos todas las deudas de nuestros acreedores.
“Para poner en contexto, Aldesa tiene dos partes. Una es financiera-bursátil regulada por Sugeval (Superintendencia General de Valores) que es el puesto de bolsa y la sociedad de fondos de inversión. Tiene una segunda área que es de desarrollo inmobiliario privado, que ha hecho en el pasado Terramall y Terra Campus”.
– ¿Qué implica el proceso para los clientes y la propia empresa?
– Tendríamos un periodo de tres años para generar el efectivo para hacer los pagos. Por otro lado, se reestructurará la empresa para hacerla más pequeña y poder mantener menores costos operativos y sobrevivir con menores ingresos. Esto implicará una reducción del tamaño del personal.
“Tenemos una parte de la compañía que es un grupo regulado, donde está el puesto de bolsa y el fondo de inversión. Ningún inversionista del puesto de bolsa que haya invertido en títulos de oferta pública y ni de los fondos de inversión se verá perjudicado de ninguna manera con esta solicitud, que obedece a la parte de inversiones privadas en proyectos de naturaleza inmobiliaria.
“Si el juez acepta la viabilidad de nuestro plan cesamos pagos por tres años mientras ejecutamos los proyectos. La empresa no está cerrando. Este proceso es diferente de otros recientes. Esto no es una quiebra, ni un convenio de acreedores, no es Casa Blanca”.
– ¿Cuántos inversionistas son?
– Son más de 500. Desde personas físicas, empresas y asociaciones solidaristas.
– ¿A cuánto asciende la inversión?
– Como $200 millones.
– ¿Cómo se inició el problema?
– Hace un par de años compramos y vendimos el proyecto que se llama Terra Verbena a la empresa Rock Constructions que fue nombrado como Málaga City. Ellos tenían que cancelarnos una suma de $26 millones que nunca pagaron. Nosotros recogimos el proyecto y le hicimos frente a todas las obligaciones del proyecto, le pagamos a todo el mundo y está en construcción.
“Este fue el primer elemento que causó un faltante de recursos en la compañía durante el año pasado. Cuando contábamos con esos recursos (de Rock Constructions) habíamos hecho opciones de compra de otras fincas para hacer más desarrollos inmobiliarios para lo cual captábamos recursos de inversionistas. Pero al no contar con los $26 millones empezamos a estar cortos de liquidez. Los $26 millones no están perdidos, los vamos a recuperar con el desarrollo del proyecto.
“El año pasado fue difícil para las inversiones caracterizado por una incertidumbre en el área política, en el primer semestre, y luego por el tema fiscal en el segundo semestre (...) Esto generó que inversionistas tomaran decisiones como sáqueme la plata del país, déjela a la vista o pospongo inversiones. Esto generó un flujo de inversión menor que el necesitado para hacerle frente a las obligaciones.
“Para obtener la liquidez decidimos vender un proyecto inmobiliario para el cual teníamos una negociación avanzada y obtener un crédito bancario. Al cierre del año pasado teníamos esas dos opciones, pero se postergó. A mediados de febrero, las necesidades de caja se hicieron grandes y se cayeron estas dos opciones. Al ocurrir esto hicimos cesación de pagos y cerramos, por voluntad propia, la captación en la parte privada”.
– ¿Qué otras medidas prevén?
– Para continuar operando haremos una reestructuración de la empresa. Vamos a proponer una transferencia ordenada de la clientela del puesto de bolsa hacia otro puesto de bolsa (Puesto de Bolsa Inversiones SAMA), para hacer un traslado ordenado de la custodia de los títulos valores de nuestros clientes, si ellos así lo quieren. El inversionista que no lo quiera, solicita el traslado a cualquier otro puesto de bolsa.
“Se requiere la autorización de la Sugeval y la Bolsa Nacional de Valores y nos tomará un par de meses. Esto implica el cierre del puesto bolsa”.
– ¿Hay algún vínculo de doña Edna (Camacho) en este proceso?
– Edna nunca ha tenido relación alguna con Aldesa. Nunca ha sido accionista, nunca ha sido miembro de la Junta Directiva, nunca ha trabajado en Aldesa. Aldesa es una empresa de mi familia y otros 25 socios que se administra con todas las normas de gobierno corporativo, con independencia absoluta de la vida familiar.
“Aldesa no tiene relación alguna con el Gobierno, no participamos en licitaciones, ninguno de estos proyectos tiene que ver con ningún tema de Gobierno”.
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