El impacto de ciclones tropicales, frentes fríos, sistemas de bajas presiones, ondas tropicales y otros, unidos a la construcción de viviendas en zonas inestables generan escenarios de riesgo que han venido en aumento durante los últimos años, mientras que los planes reguladores siguen en deuda.
El caso más reciente ocurrió apenas el viernes pasado, cuando nueve casas quedaron con pérdida total o parcial por un deslizamiento en La Aurora de San Felipe, Alajuelita, en el que no había antecedentes de inspecciones, según afirmó el geólogo Julio Madrigal, de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
Esas construcciones del asentamiento informal Nuevo Amanecer tenían años de estar en una ladera cuyos suelos sufrieron saturación por lluvias y que nunca debieron instalarse en ese sitio, pues si hubiese existido un plan regulador habría prohibido edificaciones en un terreno en pendiente e inestable.
El alcalde de Alajuelita, Modesto Alpízar, informó de que 11 adultos y 13 niños y jóvenes siguen en un albergue en el salón comunal de Tejarcillos, donde todavía se les brinda asistencia y se les dio la información para apersonarse al Instituto Mixto de Ayuda Social para más apoyo. Otras cinco familias cercanas al punto del deslizamiento fueron alertadas de que deben abandonar sus casas. En total 41 personas fueron afectadas por ese desprendimiento.
De acuerdo con estadísticas de la Comisión Nacional de Emergencias, este es uno entre más de 130 deslizamientos localizados, de los cuales 119 tienen vigilancia constante pues están en zonas urbanas dentro de la Gran Área Metropolitana, cerca de comunidades expuestas a riesgos.
Las pérdidas socioeconómicas que generan ese tipo de desastres y la recurrencia preocupan a los científicos, debido a que nuestro país presenta condiciones geográficas, geológicas y climatológicas, que exponen a muchas poblaciones urbanas y rurales.
En un reciente documento, con motivo del bicentenario de la independencia, la Academia Nacional de Ciencias (ANC) deja ver que el crecimiento urbano sin planificación territorial ha favorecido emergencias como la más reciente en Alajuelita.
Actualmente, de los 82 cantones del país (sin incluir el recién creado Monteverde) 40 cuentan con plan regulador, pero el 51% de esos planes fueron aprobados antes del 2000, es decir, están desactualizados. Algunos tienen solo cobertura parcial y otros 15 cantones que no han iniciado ningún proceso, según datos del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).
En el caso de Alajuelita, el alcalde dijo que el plan de ordenamiento territorial está en fase de revisión en el INVU, a la espera del aval.
Eventos recurrentes
La Academia advierte del reto que existe en el país para afrontar de mejor manera el embate de ciclones y eventos extremos, cuyas consecuencias pueden verse incluso años después. El ejemplo más reciente es el de la urbanización Valladolid, en Desamparados, pues se estima que la tormenta tropical Nate, del 4 de octubre 2017, originó el desprendimiento que comenzó al año siguiente en esa barriada y luego se intensificó.
En esa zona, un reciente estudio de la empresa MyV Soluciones Geotécnicas, dejó ver que es necesaria la inversión de ¢1.350 millones para evitar que gran cantidad de casas en riesgo corran la misma suerte de las 38 que el año pasado cedieron ante un gran deslizamiento muy cerca del río Jorco. En este otro caso, la falta de requisitos más severos para otorgar permisos de construcción permitió que el proyecto se desarrollara.
Además, a sabiendas de que las inundaciones y los deslizamientos son los procesos que más calamidades traen año con año, la ANC pide prestar particular atención hacia una mejor gestión del paisaje rural y ordenamiento del espacio urbano, máxime en sectores donde son frecuentes esas alertas.
Ese es el caso de las inundaciones ocurridas en julio pasado en Turrialba, cuya magnitud no se veía desde hace 79 años, que dejaron a decenas de familias sin casa. Y más recientemente, vecinos de Garabito vieron como el nivel de quebradas y ríos como el Copey y el Cañablancal crecieron hasta poner en riesgo varias familias cuyas casas fueron anegadas aguas abajo.
Los municipios además deben hacer cumplir la ley de no construir en la ribera de ríos y quebradas, “que nunca se ha cumplido a cabalidad”, dice el estudio científico.
Una de las ventajas que el documento de la ANC destaca es que en Costa Rica los parques nacionales han funcionado como zonas de amortiguamiento hacia el desarrollo urbano, lo cual reduce el impacto que sobre la población tienen los desastres de origen natural.
Por último, según esa entidad, además de los fenómenos meteorológicos, los temblores son otro detonante para los deslizamientos. La CNE mantiene enlaces con los comités municipales de emergencias que, en adelante, extenderá a las comunidades en mayor riesgo.
El geólogo Lidier Esquivel, de la CNE, dijo que frecuentemente realizan monitoreos por medio de visitas de campo, donde utilizan tecnología como drones, para sobrevolar las zonas vulnerables de más difícil acceso.
Uno de los desprendimientos de tierra más recientes ocurrió en el cerro El Tablazo que desde muchos años atrás tiene en riesgo a zonas muy pobladas de Desamparados. Un sismo de magnitud 4,6 ocurrido en julio muy cerca de ese cerro, pudo influir en la inestabilidad del terreno.