Su casa es una de las 28 que yacen en un barranco de más de ocho metros desde la calle, el cual colapsó en noviembre pasado, en esa barriada de San Miguel de Desamparados.

La urbanización se levantó hace más de 30 años, pero luego del paso de la tormenta tropical Nate, en octubre del 2017, sobrevino el primer desprendimiento.

“Estoy viviendo de la caridad de mis amigos, gente que me ha ayudado, a quienes doy las gracias. Hay amigos que me traen la comida. Me da vergüenza, porque yo toda la vida he trabajado y esta situación es muy fea”, expresó la mujer, de 57 años.

El 28 de setiembre, después de 30 años de vivir ahí, ella dejó su casa, pues el Ministerio de Salud dictó orden sanitaria de desalojo, ante el inminente riesgo y los agrietamientos. Dos meses después, el terreno se hundió.

“Las casas traqueaban, luego los vidrios se reventaban y un día las paredes empezaron a caerse... caía una y al rato la otra”, narró Jenny Duarte Chaves, otra de las jefas de hogar que perdió una vivienda.

Aunque a doña Flor Jiménez el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) le otorgó un subsidio para que pagara un alquiler, la ayuda fue solo por octubre y noviembre.

A partir de diciembre, ha entregado algunos portones y puertas que pudo rescatar de su casa, como retribución para una amiga que los ha acogido y les dio una habitación desde que fueron desalojados.

Ella era asistente en una universidad privada, pero, debido a la pandemia, perdió su empleo. En su familia, el único ingreso es el salario de su hijo de 27 años, que no les alcanza.

“Nosotros teníamos la vida acomodada de cierta manera, pero al pasar esto todo se descarriló, es algo muy diferente. “, relató llorando.

Qué dice el municipio

El alcalde de Desamparados, Gilbert Jiménez, calificó de ineficiente, ineficaz e incomprensivo al gobierno y también a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), por estimar que, en momentos en que se debe salvaguardar el interés público, nadie quiere tomar riesgos de nada.

“La gente (funcionarios públicos) piensa que si toma un riesgo, puede ir a la cárcel. Desgraciadamente, hemos entrado en una situación donde a veces prefieren no hacer las cosas y dejar en serios problemas a las familias”, acotó.

Insistió en que el gobierno debe buscar razonablemente los mecanismos que ayuden a solventar la situación de esas personas, que jamás se esperaban tener una situación como la que hoy afrontan por desastres de la naturaleza.

De igual manera, afirmó que en lo que a ellos compete, no se va a invertir dinero en un plan remedial, si no se cuenta con los estudios científicos y técnicos de lo que sucede ahí.

Añadió que, para ese análisis, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) ya cuenta con un presupuesto de ¢60 millones.

El municipio actuará cuando se tenga el resultado del estudio, en el que se defina la viabilidad, así como cuál es la zona de amortiguamiento y las obras que deben realizarse para salvaguardar las viviendas que quedan.

Estimó que el estudio de la CNE podría estar listo en abril de este año, a las puertas de la nueva temporada lluviosa, la cual implica un mayor riesgo en la zona.

De propietarios pasan a inquilinos

En el caso de Ana Salazar Sánchez, otra de las desalojadas, el IMAS le dijo que su familia no calificaba para el subsidio de alquiler y tuvo que dejar la casa e irse a alquilar a El Porvenir de Desamparados, donde paga ¢315.000.

Afirma estar molesta, ya que durante más de 20 años, su familia pagó un pŕestamo bancario para poder tener casa propia y, ahora, la única solución que le dan es que pida otro préstamo y comience de nuevo.

Afirmó que el IMAS no les dio ayuda porque su esposo y dos hijos trabajan. “Mi esposo y yo ya tenemos más de 50 años y es injusto pensar en un préstamo a 30 años plazo, para buscar una casa. Es decir, terminaríamos de pagar el préstamo a los 85 años”, dijo.

Ella llegó a esa urbanización con sus hijos pequeños, quienes crecieron ahí hasta lograr hacerse de una profesión, pues era una zona como cualquier otra; nunca se les dijo que fuera propensa a un deslizamiento.

“Da tristeza ver el esfuerzo de tantos años tirado a la basura. Al salir de la casa, confiábamos en una respuesta pronta, pero no hay ninguna ayuda, ni de la municipalidad, ni del gobierno, ni de la Comisión Nacional de Emergencias”, acotó.

Filtraciones de aguas persisten

El caso de Jenny Duarte Chaves, otra vecina, también es crítico, pues perdió la casa donde vivía y tuvo que irse a la de su hija, que también está en riesgo, pues queda en la zona de amortiguamiento. Eso tiene a su familia muy preocupada y a la expectativa de lo que pueda suceder.

Afirmó que a raíz del deslizamiento, hay problemas con las aguas de muchas casas que siguen lavando el terreno e incluso se han desprendido más partes de la calle, por lo que clama para que se agilice el plan remedial.

“Ya tuve que salir de una vivienda que quedó destruida, ahora estoy viviendo con mi hija y sería la segunda vez que voy a perder una casa, si las autoridades no actúan”, afirmó.

Esa casa está a pocos metros del borde y Duarte dice que es el único lugar que les queda, pues no tienen para dónde irse.

“Antes yo cuidaba niños, pero a raíz de la situación de la covid-19, me quedé sin trabajo. También alquilaba parte de la casa donde vivo hoy con mi hija, pero ahorita no tengo nada”, lamentó.

Con ellas vive su madre, una adulta mayor, y dos nietos. Lo que más la angustia es ver que a los vecinos desalojados no se les ha brindado ninguna solución viable.

“Unos meses de alquiler no son la solución. Peor aún, les dieron ese beneficio solo a los que calificaron, los otros tuvieron que ver qué hacían”, relató.

Les ofrecen optar por un bono de ¢7 millones, ”pero con eso, ¿adónde van a ir a comprar una propiedad? Es una situación realmente difícil”, manifestó.

En cuanto al enjambre sísmico que recientemente generó más de 40 temblores pequeños en Desamparados, dice que no los han sentido, porque han sido de poca magnitud.

“A veces escuchamos cuando las paredes caen, debe de ser por los sismos. Es obvio que eso produce más presión en el terreno”, añadió.

Duarte coincide con sus vecinos en el sentido de que el gobierno, la Comisión Nacional de Emergencias y la Municipalidad no actuaron como se debía cuando ocurrió el primer gran deslizamiento, en el 2017.

Aquella vez, gran parte de la calle, postes, una rotonda y una zona verde se fueron por la ladera del río Jorco. Insisten en que ahora se debe actuar más rápido, para evitar otro hundimiento.

“Los que quedamos estamos muy preocupados, porque, en mi caso, estoy a solo seis metros del deslizamiento y, si no canalizan las aguas y hacen algo pronto, voy a perder esta otra casa” dijo.

Otro situación que les preocupa es que la eventual aplicación del plan remedial disponga que se tengan que desalojar más viviendas y, como la de su familia está en la orilla, podría correr la misma suerte que la de quienes la precedieron en los desalojos.

“Que no sea como pasó con el primer deslizamiento, en el 2017, cuando nos dijeron que aquí no iba a pasar nada más y vea como estamos hoy. Es doloroso ver a los vecinos pasando necesidades”, sostuvo.

Afirma que si al levantar esa urbanización, que tiene más de 140 casas, la Municipalidad dio permisos y hubo una empresa constructora a cargo, el gobierno local tenía que velar por que la empresa construyera en un terreno apto. “Si no lo hicieron, nosotros no tenemos la culpa, ellos sí”.

Hasta el momento, en las casas de la zona de amortiguamiento no hay más grietas, pero de la orilla siguen cayendo materiales al barranco. “El problema es que así empezó todo y se fueron más de 50 metros en tres años”, dijo Duarte.

“Los niños están asustados. A veces uno no les presta atención a los niños, pero ellos viven con temor”.

“Nos da miedo que ocurra un temblor. Cuando llueve, también perdemos la paz; no sabemos en qué momento el terreno puede ceder hacia el precipicio”, puntualizó.

Ineficacia ante deslizamiento activo

Para el alcalde de Desamparados, Gilbert Jiménez, es lamentable que ni el gobierno, ni la CNE actúan con sensibilidad humana ante una situación como la ocurrida en Valladolid que, a su juicio, fue imprevista.

“Es una situación que uno no se espera. El problema es que en este país, el gobierno tiene centralizado todo lo de vivienda y la parte social, por eso la Municipalidad se siente imposibilitada (de actuar)”, dijo.

Jiménez considera urgente descentralizar los gobiernos locales, porque en la actualidad lo único que pueden hacer son gestiones.

Admitió que es injusto que personas que estaban por jubilarse se vean de repente ante situaciones como estas.

“Les pido a las autoridades y a la CNE que tengan sensibilidad humana, que hagan un análisis de razonabilidad e interés público para buscar un solución”, dijo el funcionario.

Por ahora, el municipio está atado de manos. Lo único que hizo fue cercar la zona afectada para evitar el ingreso, de modo que si alguien entra, lo hace bajo su propio riesgo.

Ni siquiera se pueden limpiar los escombros por el riesgo de un nuevo colapso en momentos en que la maquinaria esté trabajando.

Jiménez llamó a los diputados a aprobar un proyecto de ley presentado el año pasado en el expediente N.° 21764, que espera sea convocado por el Poder Ejecutivo en las actuales sesiones extraordinarias y que busca dar vivienda a las familias que las hayan perdido por causa de desastres como el de Valladolid.

Lluvias, la mayor amenaza

Para Julio Madrigal, geólogo de la CNE, ya la masa bajó lo que tenía que bajar, pero estima “muy posible que en el próximo invierno se vaya a mover un poco más”.

Madrigal realizó una inspección el 5 de enero anterior y, en los próximos días, realizará otra. De momento, afirma que desde noviembre, cuando surgió la fase más crítica del reciente desprendimiento, hasta la fecha, prácticamente todo se ha mantenido en las mismas condiciones.

Añadió que la sismicidad reciente en el cantón no tuvo mayor incidencia en el área afectada.

Sobre el plan de inversión para hacer un análisis detallado, dijo que está en proceso. “En este momento, la Comisión debe analizar todas las condiciones, porque hay competencias de (Instituto Costarricense de) Acueductos y Alcantarillados, de la Municipalidad y de muchos actores con los que se tienen que coordinar trabajos ahí”.

Agregó que en la actualidad hay una caída de ocho metros de alto desde el borde de la corona y existe una zona con varias casas inhabilitadas. Esto, con la previsión de que no haya familias ahí en caso de que pueda ocurrir algún desprendimiento adicional.

Aunque de momento todo está normal, el geólogo llamó a las instituciones encargadas a trabajar en la canalización de las aguas pluviales y servidas para evitar que sigan cayendo a la parte que cedió.

Recordó que se mantiene una vigilancia estricta por parte del comité comunal de emergencias, el comité municipal y la propia CNE.