Ana Virginia Calzada: ‘La pobreza ha disminuido por el ingreso de fondos del crimen organizado’

En esta entrevista con Revista Dominical habló sobre el estado de la educación, la minería, la venta de activos estatales, la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la pobreza en Costa Rica y las pensiones de lujo.

Le ofrecemos un extracto de la entrevista, así como la conversación completa en formato videopódcast. Para encontrar las ediciones más recientes de La entrevista del domingo visite nacion.com, el canal de Spotify o el canal de Youtube de La Nación.

— Usted tiene una carrera en el derecho, fue magistrada, primera presidenta mujer de la Sala Constitucional. El Poder Judicial ha sido objeto de cuestionamientos desde algunos sectores sociales en los últimos tiempos, ¿cómo abordaría usted como presidenta las problemáticas del sector judicial?

— El Poder Judicial necesita reformas, necesita también que se le cumpla con el presupuesto que requiere. Una de las cosas que hay que hacer de primero, cuando uno llegue ahí, es ver qué leyes se requieren para modernizar el sistema judicial, cómo podemos hacerlo más efectivo, porque todas esas cargas que se le han puesto vienen de muchos años atrás. Habrá algunas que hay que sacarlas.

“Por ejemplo, el tema de las contravenciones: la policía administrativa podría hacer multas y ahí se acaba el problema. No cargar el sistema judicial, que le cuesta carísimo resolver una contravención que no tiene ningún sentido.

“Tenemos que reforzar la policía judicial, no se le están dando los recursos que requieren. Es casi un gatito peleando con un tigre, porque el narcotráfico y el crimen organizado están muy armados, y el Poder Judicial y la policía administrativa tampoco tienen los presupuestos necesarios.

“Además, me parece que, al igual que en todo el sector público, que hay que derogar la Ley de Empleo Público, que está causando muchos problemas, mucha gente del Poder Judicial se está yendo a lo privado, al igual que los especialistas de la CCSS. Tenemos que evitar que los profesionales que se han formado, que tienen experiencia, se retiren por condiciones injustas en su salario”.

— Uno de los principales cuestionamientos al Poder Judicial, y que ellos mismos han señalado, es que están desbordados de casos, es un tema de capacidad de ejecución. ¿Cómo ve usted eso? Además de las contravenciones, ¿Hay otra forma de ayudar a aliviar la carga laboral?

— Hace dos años hice un TEDx sobre mora judicial y ahí hice cinco propuestas. Por ejemplo, tenemos una gran cantidad de casos de accidentes de carros, no tiene ningún sentido que un choquecito tenga que ir al Poder Judicial. Podríamos economizar muchos recursos y que eso se resuelva en la vía administrativa.

“Igual con temas laborales, en los cuales se puede llegar a una conciliación. Hay una (oficina de) conciliación en el Ministerio de Trabajo, pero no surte los efectos que debería. He pensado en implementar centros de conciliación que puedan estar bajo los criterios que ordene el Poder Judicial, y que resuelvan conflictos fuera del Poder Judicial.

“Además de eso, tenemos el cobro de tarjetas de crédito, que es impresionante, el Poder Judicial está haciendo de cobrador de los bancos. Eso no puede ser. Eso se puede hacer a nivel bancario o por la vía administrativa.

“También podemos establecer los tribunales de conciliación a nivel municipal, que puedan funcionar incluso con el voluntariado de la comunidad. Así acostumbramos a la comunidad a dos cosas: uno, a resolver los conflictos internamente, y dos, al voluntariado”.

“El Poder Judicial realiza el cobro de tarjetas de crédito, que es impresionante, están haciendo de cobradores de los bancos. Eso no puede ser”

—  Ana Virginia Calzada

— Desde 2022, le corresponde a los gobiernos entrantes convocar la agenda de la Asamblea Legislativa desde el 1.º de mayo. Esto implica que el gobierno recién entrado tiene que definir la discusión de los primeros tres meses del Congreso. Por eso es importante que los aspirantes lleven propuestas en mente, ¿cuáles serían sus prioridades?

— Retomaremos los proyectos de seguridad que hasta ahora no se han podido resolver, retomaremos los proyectos buenos que haya en materia de educación. Plantearemos la derogatoria total o parcial de la Ley de Empleo Público. También tenemos que revisar la reforma fiscal.

“En fin, una serie de leyes que estamos preparando, por ejemplo, en el tema de seguridad nosotros optamos, más que por las reformas legislativas, optamos por lo que está relacionado con la voluntad política. Hay cosas que no requieren ley. Tenemos suficientes leyes por las cuales podemos actuar. ¿Cuáles están vinculadas a la voluntad política? Por ejemplo, seguridad, educación, salud. Son temas básicos. Llegando nosotros, que la gente vea la voluntad política que vamos a tener.

“Revisaremos el INA, porque tiene que ser una fuente importante de educación para las personas que opten por la formación técnica. Por ejemplo, personas expulsadas del sistema educativo formal. Tenemos casi un 70% de personas que se retiran del sistema educativo y no tiene un título, sería absurdo que para realizar una carrera técnica en el INA, les pidan el título de secundaria”.

— Algunos de los proyectos que este gobierno ha impulsado son, por ejemplo, la venta de activos del Estado, venta del BCR, el de jornadas 4-3. ¿Cuál es su posición sobre esas iniciativas? ¿Ve prioritario vender un activo o el tema de jornadas?

— Ninguno de los dos es productivo para el Estado. Vender el BCR no es una opción para mí, es eliminar plazas de trabajo, el BCR genera escalonamientos productivos.

“Las jornadas 4-3 tampoco son una opción, dañan a las mujeres, no les permite estar con sus hijos. Además, la cultura nuestra no ha avanzado a tales niveles que el segundo oficio que tienen las mujeres, que es su hogar, sea compartido. Entonces, la mujer va a tener que trabajar más horas y a eso sumarle los oficios del hogar. No son opciones para mí”.

— Usted mencionó los problemas en salud. Específicamente hablando de la CCSS, hay muchísimos problemas, desde la contrucción de hospitales, las listas de espera, la salida de especialistas, ¿cuáles soluciones propone usted?

— Un porcentaje muy alto del problema de la CCSS para dar salud a los habitantes es un problema de gestión. Tan es un problema de gestión, que tenemos listas de espera que ni siquiera sabemos cuánta gente realmente es. Lo que nosotros tenemos claro es que un costarricense más no va a morir por estar en una lista de espera.

“Vamos a utilizar inteligencia artificial para manejar las listas de espera. Vamos a poner a funcionar los quirófanos las 24 horas, así usted llega con un problema de salud y el sistema busca dónde se le puede dar la atención.

“Vamos a aprovechar también la telemedicina, para que la gente que está en los Ebais pueda atender casos relacionados con una especialidad sin necesidad de que los pacientes vayan a una lista de espera.

“Vamos a terminar la infraestructura de los hospitales que están en estado ruinoso. No es posible que haya personas que lleguen al hospital y tengan que esperar 24 horas en un corredor o una silla. Terminaremos la infraestructura que está aprobada por la CCSS y tiene presupuesto.

“También vamos a plantear pagos trianuales de acuerdo a lo que podamos conversar con las autoridades de la CCSS para cancelar la deuda del Estado. El Estado recibe esos dineros y tiene que pasarlos a la Caja”.

— Uno de los principales problemas de la CCSS tiene que ver con la recaudación, ya que mucha gente trabaja en la informalidad y el sistema es muy agreste para quien desea formalizarse. ¿Qué propone para solucionar este tema?

— Mucha de la culpa de la alta informalidad es por las sumas fijas que hay que pagar en la Caja para ingresar al sistema de salud. Proponemos atraer a la gente de las Pymes, organizando un esquema en el cual podríamos subvencionar a las Pymes durante su primer año, para que puedan ingresar al sistema. Que haya créditos blandos para las empresas para que produzcan y puedan pasar a la formalidad.

“Además, estamos organizando la posibilidad de variar la tasa fija que tiene la Caja y ajustarla a las condiciones de las empresas. Por ejemplo, empresas turísticas tienen temporadas altas y bajas en las cuales varían los montos que pueden pagar”.

“Vamos a plantear pagos trianuales para cancelar la deuda del Estado con la CCSS. El Estado recibe esos dineros y tiene que pasarlos”

—  Ana Virginia Calzada

— Otro de los temas que ha estado en debate es la pobreza y la reducción estadística de ese indicador. Mucha gente ha buscado explicar y entender esa reducción, si de verdad está ocurrido y por qué. Más allá del porcentaje, ¿Cómo analiza usted eso?

— He estado visitando diferentes comunidades y estoy aterrada de la pobreza que tenemos en Costa Rica. Las condiciones en que viven las personas de, por ejemplo, Chacarita, Alajuelita, Desamparados, Limón... Le podría mencionar muchos asentamientos que viven en una pobreza extrema, las condiciones son infrahumanas.

“Ahora que hubo inundaciones en Chacarita, me contó la gente que la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) ni siquiera entraban a sacar a las personas que estaban inundadas hasta la cintura. Eso no puede pasar en un país que se jactan de ser democrático.

“Hemos dejado de invertir en lo social y en vivienda. Aquí la vivienda se ha vuelto un lujo y no un derecho que todos los ciudadanos tenemos.

“La pobreza tenemos que verla desde un punto de vista que no es medible y es cuánto está impactando el crimen organizado en esas familias. Eso es algo que uno no puede medir, por eso es que la pobreza ha disminuido, por el ingreso de esos fondos que no entran legítimamente. Esa es la evaluación que yo tengo. La pobreza, si no está igual, yo diría que está peor”.

— ¿Y la estadística se debe al ingreso de fondos ilegítimos?

— Del crimen organizado, como pasa también con el tipo cambiario. Los mismos economistas que miden el tipo de cambio no se explican por qué esos bajonazos y por qué hay tanto dólar en el mercado. No hay explicación lógica.

“Entonces la explicación a la que uno llega es que hay dineros que no vienen de un lugar legítimo, que están inundando el mercado para lavado o simplemente narcotráfico”.

— ¿Y cuál puede ser la forma de sacar a esa personas de la pobreza sin caer en el asistencialismo?

— Tenemos que tomar medidas a corto, mediano y, lógicamente, largo plazo. En este país no hay planes nacionales de vivienda, no hay planes nacionales de educación, no hay un plan nacional de seguridad, no hay planes de nada. Eso nos dice que estamos únicamente reaccionando a las cosas que se nos presentan en el momento.

“Podemos pensar también en la autoconstrucción de las viviendas, que sea con gente de la comunidad que construya, así ellos se sienten parte del proyecto (...).

“Tenemos que hacer inversión social en educación para que los muchachos tengan mejores opciones de vida. Estamos educando prácticamente para el siglo pasado, donde no se cumplen las condiciones para los empleos que se están requiriendo ahora. Solo con educación podremos sacar a este país adelante y es una forma de robarle al crimen organizado nuestra juventud que se nos está yendo para allá”.

— Usted menciona la inversión en educación como clave para sacar a la población de la pobreza. Además, en infraestructura se requiere una inversión fuerte, hay muchos centros educativos con órdenes de cierre sanitario. La ex viceministra de Educación, Karla Salguero, es su candidata a diputada. ¿Qué ha hablado con ella sobre estos temas? ¿De dónde pueden salir los recursos para invertir?

— Hemos conversado muchísimo y, lamentablemente, yo me quedé asustada con una de las primeras propuestas, que era volver a enseñar a los niños a leer y escribir, a utilizar la matemática como un método lógico de razonamiento, y yo decía ‘eso lo hemos venido haciendo durante años’, pero ellas me decían ‘se perdió’.

“Habrá que empezar por ahí, hacer una nivelación de los estudiantes y enseñar a los niños a leer, a escribir y a utilizar las matemáticas para razonar. Nosotros tenemos como proyecto devolver el 8% que le corresponde a la educación porque así lo ordena la Constitución.

“Solo con educación podremos sacar a este país adelante y robarle al crimen organizado nuestra juventud que se nos está yendo”

—  Ana Virginia Calzada

“Vamos a nombrar un consejo que estará integrado por las universidades, el MEP y por alguna otra autoridad que se requiera para hacer planes de cómo vamos a invertir esos recursos. No se puede dar el 8% de hoy para mañana, pero sí podemos hacerlo progresivamente e ir invirtiendo cada día más.

“Por ejemplo, los fondos para infraestructura estaban, pero se utilizaron para construir una megacárcel. Entonces, tenemos que tomar una decisión país, y yo la tengo muy clara: es invertir en educación, no en cárceles. Dinero hay, pero hay que ordenar la casa, hay impuestos con destino específico para financiar alguna actividad y no se está haciendo”.

— Otro tema discutido durante esta administración y que además, ha sido una de las mayores críticas hacia usted, es las pensiones de lujo. Usted defiende que se tiene que respetar lo que la Sala IV ha dicho, respecto a que son un derecho adquirido y no se pueden eliminar. Por otro lado, La Nación ha explicado que se pueden recortar más mediante la contribución solidaria que se cobra. Todavía hay margen. ¿Usted estaría interesada en aprovechar ese margen?

— En este momento, en todos los regímenes de pensiones se les aplica la contribución solidaria en un 50% a 55%, y van desde los salarios más altos hasta los que superan los ¢2,3 millones. Ya eso se está aplicando, en eso no habría absolutamente nada qué resolver.

“Además, tenemos que tener muy claro, porque equivocadamente lo mencionó algún presidente en el pasado, que la contribución solidaria iba para las pensiones más bajas y eso no es cierto. La contribución voluntaria se queda en el régimen de pensión, no se va para otro sistema porque eso es constitucionalmente imposible.

“Si vos te ponés a revisar, los sistemas de pensiones están funcionando bien. El de los maestros está funcionando, el del Poder Judicial está funcionando, el del ICE está funcionando, algunos sistemas que tienen los bancos están funcionando. El único sistema que no funciona curiosamente es el IVM, el que maneja el Poder Ejecutivo. Lo que hay que hacer es fortalecer ese régimen. Y como digo, a todos los regímenes se les aplica la contribución solidaria a partir de los ¢2,3 millones".

— Aquí tengo los datos de la nota que sacamos en La Nación. Depende del régimen, pero por ejemplo en el magisterio se aplica un 75% de rebajo de los ¢7 millones para arriba. Va escalonado. Pero desde su punto de vista, ¿podría valorarse, por ejemplo, para aumentar la recaudación, hacer ese rebajo a partir de los ¢6 millones? Es decir, pedir una contribución más alta a las pensiones más altas.

— Mientras no suba del 50% es posible hacerlo, el problema es que para hacerlo más del 50% yo podría decir que sí, por una cuestión de populismo.

— Sabemos que eso es inconstitucional.

— Es inconstitucional, no se puede. Lo que sí hay que tener claro es que a todas las pensiones se les aplica el 50%, lo que pasa con algunas que se les aplica menos es que son pensiones bajas, entonces se quedan en una banda.

“Por ejemplo, la primer banda deben andar por el 25%, entonces si usted gana ¢2,5 millones, lo que se establece es la reducción en esa banda que es del 25%. Pero conforme va subiendo la pensión va aumentando la contribución, hasta que llega al 50%“.

“El único sistema que no funciona curiosamente es el IVM, el que maneja el Poder Ejecutivo. Lo que hay que hacer es fortalecerlo”

—  Ana Virginia Calzada

— Como usted dice, no se puede superar un rebajo del 50% porque es inconstitucional, pero según este reportaje, que lo redactó este periodista y que parte de un estudio actuarial, podría haber margen para recortar más sin traspasar el límite. ¿Eso es algo que usted valoraría?

— Sí, claro. Yo no me niego ni me cierro, nunca me he cerrado a no oír los aportes. Si hay algo que uno aprendió en la judicatura es a escuchar a la gente, a escuchar nuevos conceptos y si hay un concepto que beneficia al sistema, y que no daña de manera brutal a los trabajadores, yo estaría totalmente de acuerdo en hacerlo.

— ¿En su gobierno sería un tema de discusión el de las pensiones de lujo, como ha sido en este?

— Este gobierno ha utilizado el tema de las pensiones de lujo de forma populista, porque ellos sabían desde el día cero que ese proyecto no era viable. Lo que hacen es polarizar a la gente, es la cultura de las tres P: polarizar, hacer populismo y la posverdad.

“Entonces, ahora la posverdad va a ser que la Asamblea Legislativa quiere mantener el statu quo, pero eso no es cierto. Si nosotros nos planteamos algo dentro de los sistemas de pensiones, por Dios, que sea viable. Ahí sí, uno tendrá que estar de acuerdo porque va a beneficiar a mucha gente. Pero no presentar cosas que uno sabe que no son viables".

— Uno de los principales ataques a su campaña y su candidatura es que la califican como ‘pensionada de lujo’. ¿Le preocupa que eso vaya a afectar su imagen y complicar sus aspiraciones?

— No me preocupan por dos razones. Una, porque yo pagué mi pensión, yo coticé muy alto al sistema judicial para tener la pensión que tengo. No es una pensión de lujo porque yo la pagué.

“El mismo presidente dijo o que una pensión de lujo es una pensión que usted no pagó. Por eso, cuando yo llegue a la Presidencia, voy a renunciar a la pensión de expresidenta, porque esa sí es una pensión de lujo. El presidente debería dar el ejemplo renunciando desde ya a su pensión de lujo.

“La pensión de lujo no va a ser un tema porque los costarricenses van a ver otro tipo de características: soy una persona honesta, que tengo una carrera judicial totalmente limpia, que sé tomar decisiones. La gente quiere que la armonía vuelva a ser una constante, que nos dejemos de gritos, que nos dejemos de insultos y volvamos a ser un país solidario, en el cual pensamos en la gente más necesitada. Un país que se habla, no un país que se grita”.