En setiembre pasado, Revista Dominical le explicó por qué ser trabajador independiente en Costa Rica es una pesadilla y una clara desventaja respecto a un asalariado. También se detalló por qué la innegable protagonista de esas pesadillas es la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en su cara más “confiscatoria” y “persecutoria”, esa cara que solo los trabajadores por cuenta propia pueden dimensionar. Por eso, en esta edición le traemos más historias de esas que dan miedo.
Estos relatos son muestra de lo que pasa cuando el sistema laboral de un país no se adapta a la realidad de miles de trabajadores. El entramado está hecho para trabajadores asalariados y patronos, no para independientes, prueba de esto es que quienes laboran por cuenta propia pagan mucho más a la CCSS (asumen la doble carga del trabajador y el patrono). Se necesitan reformas legales e institucionales, pero los ticos siguen preguntándose quién resolverá el entuerto.
Las vivencias que les presentaremos están anonimizadas porque, precisamente, los entrevistados quieren evitar más problemas con la Caja. Ese es el caso de doña Angie, una mujer que recibió una extraña notificación en 2023: le estaban cobrando más de ¢350 mil por “sobrepagos” en una licencia de maternidad que le dieron... en 2009. Sus hijas pronto serán mayores de edad.
También está la historia de don Javier, un abogado que tenía un despacho donde laboraban dos abogadas más, una secretaria y una conserje, pero en setiembre tuvo que despedir a estas cuatro personas producto de la “persecución” de la que fue objeto.
Como doña Angie y don Javier, hay muchos más. Acá se lo contamos.
Cuatro empleos menos tras “persecución” de CCSS
Don Javier tiene la particularidad de que, bajo un mismo número de cédula, la Caja lo tiene registrado en tres categorías: él es trabajador independiente por su labor como abogado, es asalariado porque da clases en una universidad pública, y es patrono porque llegó a tener hasta cuatro empleados en su bufete. Siempre estuvo al día en sus deberes hasta que, en 2021, recibió una llamada que lo asustó y cambió su vida profesional.
Lo llamó un inspector que le pidió sus declaraciones del impuesto de renta desde 2005 —es decir, 16 años para atrás—. En principio, don Javier rechazó la petición, y aclaró al funcionario que las declaraciones de renta son documentos privados que solo atañen al usuario y al Ministerio de Hacienda, a nadie más.
El inspector le advirtió sin merodeos: “Usted está siendo investigado por subdeclaración de ingresos”.
Sin embargo, don Javier nunca declaró ingresos, sino que desde 2005 pagaba el monto que la Caja le cobraba, tal como se lo explicó otro instructor hace 20 años.
Durante más de una década acató las instrucciones que la propia institución le dio, nunca estuvo moroso, actuó de buena fe y confió en el procedimiento que un empleado de la CCSS le sugirió. Nada de eso importó.
Más de ¢100 millones le están cobrando (intereses incluidos) por lo adeudado entre 2018 y 2021, ya que la ley prohíben retroceder más de cuatro años. Don Javier está seguro de que la Caja tuvo acceso —sin previa autorización— a sus declaraciones de renta en poder de Hacienda, pues es la única forma de que iniciaran la investigación en 2021.
“Es un procedimiento lleno de arbitrariedades, unilateralmente están revocando sus propios actos, y si yo apelo la gestión que está haciendo una inspectora, quien ve la apelación es la jefa de la inspectora, ¡no hay un tribunal independiente que lo vea!“, criticó el abogado.
Don Javier intentó, sin éxito, apelar todas las decisiones; al topar con pared, le tocará acudir a un procedimiento ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Se trata de una demanda que, en palabras del presidente de la República, Rodrigo Chaves, “se va a resolver cuando mi nieto se gradúe“.
En su última resolución, la Caja vio con malos ojos las apelaciones y recursos presentados por don Javier y lo dejó claro con observaciones como “actuó de mala fe” o “hizo un uso abusivo del derecho”. Sí, por ejercer su derecho a defenderse.
¿Cómo terminó esto en el despido de cuatro trabajadores?
¿Recuerda que don Javier tiene condición de trabajador independiente pero también de patrono? Como ambas categorías están registradas bajo el mismo número de cédula, su calidad de “trabajador moroso” se traslada y es también “patrón moroso”, por más que esa morosidad esté por discutirse en el Contencioso Administrativo y por más que en sus responsabilidades patronales esté completamente al día.
Al estar marcado como deudor, si su conserje, su secretaria o sus abogadas se enfermaba y acudían a la CCSS por atención médica, a él le cobrarían cada colón de ese servicio (nuevamente, por más que en su condición de patrono esté al día).
Terminó por despedirlas a todas en setiembre pasado. “Me da pena, pero no puedo pagar esos servicios médicos”, declaró don Javier a Revista Dominical. Así, cuatro desempleadas más.
Cobro retroactivo por licencia de maternidad de hace 16 años
Doña Angie ha enfrentado dos procesos de cobro con la CCSS; uno en calidad de trabajadora independiente por más de ¢7 millones, y otro, aunque más pequeño (¢350 mil), más absurdo: el cobro por pagos extra en una licencia de maternidad de hace 16 años.
Ella siempre ha sido asalariada, pero también ejerce su profesión liberalmente. En 2022, la Caja le notificó que era objeto de una investigación retroactiva de 10 años, ante sospechas de subreporte de ganancias, pese a que ella ha pagado religiosamente lo que la entidad le cobra.
“No sé de dónde sacaron la información, no me dijeron, me imagino que hicieron cruce de datos (sin autorización) con Hacienda y aparecieron declaraciones mías. Yo impugné, porque ellos me sacaron un criterio de que podían cobrar 10 años para atrás, sin prescripción. Al final me declararon prescrito todo de 2018 para atrás, y me cobraron solo cuatro años”, relató doña Angie.
Para olvidar esta pesadilla, la entrevistada accedió a un arreglo de pago de ¢1,5 millones sin multas ni intereses, pero a día de hoy lleva un año esperando a que se confirme ese acuerdo.
Ahora bien, no crea que doña Angie puede esperar tranquilamente. Sigue apareciendo como morosa en la Caja desde 2023 y, por tanto, hace apenas dos semanas fue notificada nuevamente por la CCSS haciéndole saber que tiene abierto un nuevo procedimiento por impagos, pero ahora desde 2004 hasta 2025.
Le sumaron tres años más de intereses pese a que tiene un acuerdo de pago en proceso y tiene resoluciones que prueban que todo lo previo a 2018 está prescrito.
“Ya el asunto se había arreglado, pero ahora tengo que contestarle al nuevo funcionario para aclararle que me están volviendo a abrir lo que ya me declararon prescrito, y los periodos entre 2018 y 2022 ya están cuantificados, no hace falta que me cobren, solo necesito que me agilicen mi trámite de pago. Pero ahora me abren lo mismo para volver a pasar por todo el mismo proceso”, criticó la trabajadora.
No es el primer chasco que vive doña Angie con la Caja.
Hace dos años, un notificador se presentó en su trabajo y le informó que se le cobraban ¢350 mil. Ella, en principio, pensó que se trataba de un cargo más en el expediente ya abierto. Pero no.
“Me dijeron que le debía a la Caja por licencia de maternidad, ¡casi caigo de espaldas, mis hijas ya casi son mayores de edad! No podía creermelo, me dijeron que cuando tuve la licencia de maternidad, hace 17 años, me pagaron más. ¿Cómo me voy a dar cuenta si me pagaron más?“, recordó la entrevistada.
“Yo les dije que estaba prescrito, que parecía una broma”, agregó.
Doña Angie terminó pagando los ¢350 mil.
“Inventaron que había un informe interno que era más reciente que los cuatro años de prescripción, entonces no había vencido el plazo de cobro. Dicho sea de paso, ese informe nunca lo vi”, reclamó.
“Me dijeron ‘si paga hoy no le cobramos intereses, si no, le cobramos 17 años de intereses’. Pero fue un error de ellos, mis hijas nacieron en 2009″, concluyó su historia.
“Me dijeron que le debía a la Caja por licencia de maternidad, ¡casi caigo de espaldas, mis hijas ya casi son mayores de edad!"
— Trabajadora independiente
Persecución familiar
Los lazos familiares no escapan del ojo omnisciente de la Caja. Esa es la historia de don Arturo, que vio cómo la institución investigó su empresa y ahora se ciñe con una de sus hijas.
Don Arturo tiene un negocio registrado bajo una sociedad anonima, y en la junta directiva de esta sociedad aparecen inscritas su esposa y sus tres hijas. En 202O, un inspector de la CCSS visitó su oficina para inscribir un pequeño emprendimiento que fundaron sus dos hijas menores. Así se gestó la discordia.
Mientras inscribía el emprendimiento de sus hijas, el inspector le preguntó a don Arturo si él estaba en regla, a lo que respondió afirmativamente.
“A partir de ahí nos empezaron a llegar traslados de cargos de la Caja a los cinco miembros de la familia, probablemente él usó los número de cédula de ellas para ver quiénes eran los papás y la hermana. Los cargos de unos y otros eran una copia, iguales", explicó el empresario.
A la empresa de don Arturo intentaron hacerle un cobro retroactivo de 17 años en cuotas de la Caja. Él, asesorado por su abogada, se acogió al derecho de la prescripción de los cargos. Sin embargo, la pesadilla no terminaría ahí.
“Siguieron con una de mis hijas, una de las dueñas de la Pyme que fundaron. Se ensañaron con ella, le pidieron información contable y tributaria, a día de hoy, a pesar de sus defensas, está marcada como morosa en la Caja, porque le pusieron una suma absurda de cuota mensual“, reclamó.
La hija de don Arturo disputó el cobro de más de ¢6 millones que le hacían, y logró comprobar que la gestión era improcedente.
“A pesar de que los cobros son improcedentes, no la han soltado, no ha logrado que la Caja le quite la condición de morosidad, de manera que si ella quiere ir a una clínica, no la van a atender o le van a cobrar los servicios médicos”, relató don Arturo, de 62 años.
¿Todo termina ahí? Aún no. El siguiente en la fila es don Arturo.
“La semana pasada me enviaron un correo, me hicieron un traslado de cargos, notificándome del cobro de ¢15 millones por supuesto subreporte de cuotas desde 2021″, explicó a RD.
Según don Arturo, el propio traslado de cargos explica que ese presunto “subreporte” se determinó comparando las cuotas pagadas a la CCSS, con las declaraciones del impuesto sobre la renta que se realizan al Ministerio de Hacienda.
¿Cómo obtuvieron acceso a sus declaraciones de renta? Ni idea, él no lo autorizó ni ha brindado información al respecto.
“En el traslado de cargos generan una idea de que nosotros somos parte de un grupo económico, pero es que somos una familia que hizo una sociedad anónima. Ellos lo ponen como si fuera una escena macabra de una organización criminal o un cartel, de hecho el caso lo tratan con los apellidos de la familia (por ejemplo, grupo empresarial Aguirre Salas)”, criticó el empresario.
“Pese a que los cobros son improcedentes, no la han soltado, no ha logrado que la Caja le quite la condición de morosidad. Si ella quiere ir a una clínica, no la van a atender”
— Trabajador independiente
Colegio de Abogados: casos no son aislados
Ojalá, pero no, los casos de don Javier, doña Angie y don Arturo no son aislados, son más bien ejemplos de una situación usual, según explicó a Revista Dominical la abogada Stephanie Chandler, especialista en derecho laboral y subcoordinadora de la Comisión del Trabajador Independiente del Colegio de Abogados.
Hay un temor en los trabajadores independientes, un ambiente de miedo, porque en cualquier momento tocan al timbre de la casa o la oficina y son los inspectores de la CCSS.
Para obtener la versión de la Caja Costarricense de Seguro Social sobre este tipo de problemáticas, Revista Dominical habló con el director de Inspección de la CCSS, José Eduardo Rojas.
RD comentó al funcionario que uno de los factores que más ahuyentan a los trabajadores independientes de formalizarse es los cobros reatroactivos, es decir, el temor a que, al llegar a la ventanilla, les reciban con un cobro de varios millones por los montos que no pagó mientras estuvo informal.
Al respecto, Rojas argumentó que se han aplicado políticas para facilitar el aseguramiento pero que, tras estas medidas, concluyeron que la decisión de asegurarse o no “está mucho en cada persona”.
“Hay una obligatoriedad solidaria de hacer las contribuciones por el país. No es que yo pago el seguro para mí, obviamente ese es un beneficio, pero en el esquema de seguridad social que tenemos en Costa Rica todos pagamos para sostener el sistema de salud y pensiones. Por eso hay una responsabilidad de cada uno”, declaró el funcionario.
Rojas recordó que en 2023 se promulgó una ley que permitió bajar, durante dos años, el plazo de prescripción de las deudas. Es decir, las personas que desearan formalizarse ya no tendrían que pagar un reatroactivo de 10 años, sino “solo cuatro años”.
Además, esa ley abrió la posibilidad de condonar multas e intereses, de manera que bajara el monto total de la deuda.
“Es parte de la obligatoriedad que tiene un trabajador independiente. Es parte de su obligación, por eso es un esquema solidario. Igual le pasa a un patrono. La Caja ha puesto los mecanismos para que las personas tengan los medios necesario para afrontar (la deuda)”, acotó Rojas.
