La Asamblea Legislativa ha aprobado dos recientes reformas de cierta importancia para reducir las brechas, pero mantienen la desigualdad entre ambas categorías laborales y su impacto, aunque significativo, no es transformador, porque el sistema permanece.
La primera de ellas, en 2023, aprobada pese al crónico rechazo de la institución, redujo de diez a cuatro años el plazo de cobro retroactivo de deudas reclamadas unilateralmente por la Caja a los cotizantes independientes. Otra, más reciente, a la que inicialmente se opuso el Ministerio de Hacienda, aumentó el monto de los ingresos exentos de renta, que apenas era de ¢348.000 mensuales, a la cifra actual, pero aun así existe una gran diferencia con respecto a los asalariados.
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Además de su desigualdad endémica y perjudicial impacto sobre los cientos de miles de personas que laboran por cuenta propia, el sistema actual tiene otros efectos muy negativos. Tanto por lo oneroso que resulta, como por la tramitología para inscribirse y estar en regla, fomenta la informalidad.
Colocar en la sombra a decenas de miles de trabajadores, muchos de ellos altamente productivos, perjudica el dinamismo de la economía. Además, se priva de sus aportes a la seguridad social y el fisco, con un paradójico impacto, sobre todo en el caso de la Caja. Como su respuesta inercial ha sido aumentar las cuotas para suplir los ingresos que podría obtener con un régimen más sencillo y equitativo, ha encarecido aún más el trabajo formal. Por ende, existen más estímulos para el informal; en esencia, un círculo vicioso.
Resultado: perjuicios individuales e institucionales y pérdidas para el conjunto de la sociedad, tanto en crecimiento y transparencia como en respeto a la ley y generación de empleos. Es hora de ir más allá de las dos reformas comentadas, tomar este problema con la seriedad sistémica que requiere y emprender acciones estratégicas, visionarias, equitativas y bien articuladas para resolverlo.
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La aritmética es muy clara, y bastaría para una transformación integral del esquema actual. Según la Encuesta Continua de Empleo, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), al cerrar el segundo trimestre de este año la población ocupada era de 2.163.674 personas; de ellas, 468.010 –un 22%, en números redondos– calificaban como trabajadores por cuenta propia, y apenas poco más de la mitad cotizaban a la CCSS. Es decir, están en la informalidad, desprotegidos de sus servicios de salud, sin régimen de pensión y sin contribuir al carácter solidario de la seguridad. Este contingente incluye no solo a gran cantidad de personas en condiciones de precariedad laboral, sino también profesionales liberales, como abogados, médicos o ingenieros.
A ellos se añaden otros que, sin patrono, y sea mediante contrataciones puntuales o el uso de plataformas digitales, dan servicios de muy diversa índole a clientes tanto dentro como fuera de Costa Rica. Algunos de sus aportes son relativamente simples; otros, de alta especialización. Su diversidad incluye, por ejemplo, desde repartidores de comidas y choferes de Uber, hasta diseñadores, programadores, publicistas, artistas digitales y auditores.
Este diverso grupo, en franco crecimiento en la mayoría de los países, es indicativo del gran cambio que está experimentando el mercado laboral, de la mano de transformaciones profundas en la economía, generalmente impulsadas por las nuevas tecnologías.
Nuestras políticas públicas, en seguridad social, tributos e, incluso, legislación laboral, deben adaptarse a esta nueva realidad. Desconocer la necesidad de adaptar las reglas a condiciones que las están tornando obsoletas sería miope y autodestructivo. Ya no se trata solo de terminar con la desigualdad del sistema actual, algo de suma importancia, sino de evitar que se convierta en una barrera cada vez mayor al desarrollo.
