Por su parte, Acosta afirmó que se hizo “una valoración de qué es más importante para el trabajador independiente, si que nosotros enviemos un veto o no, y desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda, queremos decidirnos por el trabajador, no lo vamos a vetar”.
La reforma, impulsada por el Frente Amplio (FA), fue aprobada en segundo debate el pasado 24 de febrero, con el voto afirmativo de 35 legisladores. Solo se pronunciaron en contra los ocho oficialistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
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Durante la discusión del expediente 23.578, Nogui Acosta reiteró estar de acuerdo con el espíritu del proyecto, pero no con la forma. Alegó que los cambios planteados beneficiarían a todos los trabajadores, independientemente de si son de bajo o altos ingresos, además de que reduciría los ingresos fiscales en ¢7.000 millones anuales.
Durante el pasado periodo de sesiones extraordinarias, que va del 1.° de noviembre y se extiende hasta el 31 de enero, el presidente Chaves mantuvo la propuesta engavetada; no la convocó.
La decisión del Ejecutivo frenó el avance de la iniciativa, pese a que el 29 de noviembre del 2024, la Sala Constitucional dio luz verde al proyecto de ley. Los magistrados no encontraron vicios de inconstitucionalidad en la consulta planteada por la bandaca de gobierno y dos diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
En aquel momento, tras conocer el fallo, Acosta declaró a La Nación que, efectivamente, vetarían el texto porque “los más ricos son los que más se van a beneficiar”.
“Es mentira que este proyecto está hecho para los pobres”, agregó.
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La iniciativa busca cerrar la brecha entre los trabajadores independientes y los asalariados, en vista de que los primeros pagan más impuesto de renta.
La reforma deja exentos de pagar el impuesto sobre la renta a los trabajadores independientes con ingresos inferiores a ¢6.244.000 anuales (un promedio de ¢520.000 mensuales). Actualmente, solo están exonerados quienes perciban menos de ¢4.181.000 al año (¢348.000 por mes).
El cambio de la base exenta también implicará una rebaja para todos los demás grupos de ingresos, pues este tributo se cobra en forma progresiva. Así, por ejemplo, quienes tengan ingresos anuales por ¢7 millones pasarán de tributar ¢320.000 a ¢75.000.
Acosta aseguró, a inicios de octubre, que el gobierno estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias y alegó que el FA irrespetó un acuerdo para compensar la rebaja en el impuesto de renta mediante el cobro de un 30% a los independientes de mayores ingresos.
La consulta constitucional que presentó el grupo de diputados, liderado por Pilar Cisneros, contra la iniciativa del FA, fue preparada por el propio ministro de Hacienda, argumentando que el texto no había sido consultado al Poder Judicial, a pesar de que podría reducir los ingresos que se le destinan a ese supremo poder, y alegando que no hay registro de la votación del dictamen, es decir, un vicio de forma. También argüía lesiones al derecho de enmienda y al principio constitucional de equilibrio tributario.
Rodrigo Chaves ha vetado ocho expedientes, desde que tomó el poder en mayo del 2022. La mitad logró el resello, es decir, la Asamblea Legislativa rechazó el veto y volvió a aprobar la iniciativa legal respectiva.
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