La Sala Constitucional dio luz verde al proyecto de ley para rebajar el impuesto de renta a los trabajadores independientes, iniciativa que afronta la oposición del gobierno. Los magistrados no encontraron vicios de inconstitucionalidad en la consulta planteada por ocho diputados oficialistas y dos del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
A su vez, el cambio en la base generará una rebaja para todos los demás grupos de ingresos, pues el tributo se cobra en forma progresiva. Quienes tengan ingresos anuales por ¢7 millones pasarán de tributar ¢320.000 a ¢75.000.
El proyecto fue aprobado en primer debate el 23 de setiembre. Evacuada la consulta, ahora puede ser sometido a segundo debate y, posteriormente, será pasado al presidente de la República, Rodrigo Chaves, quien deberá decidir si lo firma o lo veta.
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Nogui Acosta: ‘Lo vamos a vetar’
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, había asegurado que vetarán la iniciativa una vez que llegue al despacho del mandatario, en caso de que los magistrados descartaran que el plan contiene vicios de inconstitucionalidad.
Este viernes, dijo a La Nación que, efectivamente, lo van a vetar porque “los más ricos son los que más se van a beneficiar. Es mentira que este proyecto está hecho para los pobres”.
El ministro aseguró que los pobres se despegan muy poquito de los límites y los que sí tendrían un impacto grande son los ricos, porque tienen un monto exento que va a crecer sobre toda la base del impuesto que pagan.
“Vamos a plantear lo que tenía el proyecto originalmente, que era una nueva grada para los de más altos ingresos. Lo vamos a hacer a través de un veto parcial. Creemos realmente en que las reducciones de los impuestos tienen que impactar a personas de más bajos ingresos y no a los de más altos ingresos”, dijo Acosta.
El ministro había asegurado, a inicios de octubre, que el gobierno estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias y alegó que el FA irrespetó un acuerdo para compensar la rebaja en el impuesto de renta mediante el cobro de un 30% a los independientes de mayores ingresos.
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La consulta que presentó Pilar Cisneros contra la iniciativa fue preparada, precisamente, por el propio ministro de Hacienda, argumentando que la iniciativa no se había consultado al Poder Judicial, a pesar de que podría reducir los ingresos que se le destinan a ese supremo poder, y alegando que no hay registro de la votación del dictamen, es decir, un vicio de forma. También argüía lesiones al derecho de enmienda y al principio constitucional de equilibrio tributario.
Acosta aseguró que el fisco dejaría de percibir ¢7.000 millones anuales por la rebaja del tributo a los trabajadores independientes.
Por su parte, el diputado Jonathan Acuña dijo que no lo sorprende el resultado en la Sala, porque la consulta de Cisneros “solo tenía como objetivo boicotear y atrasar la aprobación de este importante proyecto para reducir la renta a gente trabajadora independiente con ingresos medios y bajos”.
El legislador dijo que se podrá avanzar con el plan pronto y espera que el Ejecutivo deje de boicotear y de actuar –tanto Rodrigo Chaves como Pilar Cisneros– contra las personas trabajadoras independientes.
