Así lo manifestó el jerarca la noche del jueves, en la Asamblea Legislativa, luego de asistir a una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios. Acosta indicó que el gobierno está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para evitar que se apruebe la rebaja planteada por el Frente Amplio (FA) porque este partido no cumplió un acuerdo para compensar la caída en los ingresos fiscales.
Para frenar el segundo debate, el Ministerio de Hacienda preparó una consulta de constitucionalidad que firmaron los ocho diputados de gobierno, junto con dos legisladores del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), alegando tres vicios de forma y uno de fondo.
Con esa gestión, los legisladores impidieron el jueves la votación en segundo debate. Ahora, la Sala IV tiene un mes calendario para responder la consulta.
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El proyecto del frenteamplista Jonathan Acuña bajaría el impuesto sobre la renta a todos los trabajadores independientes, principalmente a los de menores ingresos. No tendrían que pagar tributo quienes perciban ingresos por menos de ¢6.244.000 anuales (un promedio de ¢520.000 mensuales). Hoy, en cambio, están exonerados quienes perciban menos de ¢4.181.000 al año (¢348.000 por mes).
El cambio en esta base provocaría una rebaja para todos los demás grupos de ingresos, pues este tributo se cobra en forma escalonada. Quienes tengan ingresos anuales por ¢7 millones, por ejemplo, pasarán de tributar ¢320.000 a ¢75.000. El proyecto de ley fue aprobado en primer debate el 23 de setiembre.
Nogui Acosta afirma que FA irrespetó acuerdo
El ministro de Hacienda sostiene que el FA irrespetó un acuerdo para compensar las pérdidas que el plan provocaría en los ingresos fiscales.
Acosta enfatizó que la propuesta era crear un escalón más con una tarifas del 30% para los trabajadores independientes de mayores ingresos, los que están en los deciles más altos, con el fin de reponer los ¢7.000 millones anuales que perdería el fisco. Hoy, la tarifa máxima es 25%.
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“Íbamos a mantener un balance, aumentar los deciles más altos, cobrarles un poco más y, con eso, sustituir la pérdida de recursos del impuesto en los deciles más bajos”, indicó.
Alegó que por eso se opone a la iniciativa de Jonathan Acuña. “Planteamos un espacio de negociación; no tendríamos ningún problema si se crea un nuevo escalón que permita aminorar el efecto sobre la recaudación y que haga mucho más justa la reducción de los impuestos”, agregó.
En la consulta constitucional presentada el jueves, se alega que no se consultó el criterio al Poder Judicial a pesar de que la iniciativa afecta su organización y funcionamiento, “al reducir los ingresos corrientes que nutren, por destino específico constitucional del 6%, al Poder Judicial”.
También, los 10 diputados argumentaron que está ausente de las actas de la Comisión de Asuntos Hacendarios la forma de votación del dictamen del proyecto de ley por el fondo, “hecho que lesiona los principios de publicidad y transparencia en el procedimiento legislativo”, regulados en el artículo 117 constitucional.
Finalmente, reclamaron una supuesta lesión al derecho de enmienda de las diputaciones, por la ausencia de un informe del Departamento de Servicios Técnicos, “en un momento procesal tardío que restringió la posibilidad de enmendar el proyecto, lo cual lesiona el procedimiento legislativo”.
Por el fondo, Hacienda argumentó que el proyecto lesiona el principio de equilibrio tributario para la Hacienda Pública.
