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Desde que se publicó el Informe Estado de la Educación 2025, circularon interpretaciones apresuradas sobre su capítulo de presupuesto. La más repetida: que “el informe solo dice gaste, gaste, gaste” y que “pide subir el IVA a 20% o cerrar 19 instituciones”. Ninguna de esas frases aparece en el texto; son conclusiones políticas ajenas al documento. Conviene aclarar qué sí dijo y qué no, con datos y contexto.
Primero, el origen de la cifra
El 8% del PIB para educación es un mandato constitucional vigente desde 2011. Dada la ausencia de rutas, metas, indicadores y costos desde el año 2022, el informe estimó cuánto costaría atender de inmediato y en un solo año 11 áreas críticas del sistema educativo: currículo completo, comedores, becas, transporte, mantenimiento y suministros, órdenes sanitarias, bibliotecas, red de banda ancha, informática educativa, pruebas de idoneidad y capacitación docente.
Ese cálculo arroja una inversión adicional cercana a 3,5 puntos del PIB, que, sumados a la inversión actual (5%), rondan el 8,5%. El propio capítulo advierte de que ese salto inmediato es irrealizable por razones fiscales y de gestión; se ofrece como medida de magnitud, no como receta anual.
Nos ofrece, además, costos asociados a metas verificables: aumentar de 314 a 4.000 las escuelas que ofrecen el currículo completo, resolver 887 órdenes sanitarias, conectar 4.533 centros a banda ancha educativa, ampliar docentes de informática de 1.905 a 4.303, entre otras.
Segundo, lo que NO dijo el informe
Nunca propuso “subir el IVA al 20%” ni “cerrar 19 instituciones”. Esas son ideas mencionadas por el ministro de Hacienda para subrayar lo “imposible” de cumplir con el 8%, pero no forman parte del informe.
El problema es que tanto él como su antecesor parecen cómodos con el incumplimiento de la Constitución, en lugar de buscar salidas responsables para aproximarse gradualmente al mandato.
Esa resignación es peligrosa: normaliza que se ignore una disposición constitucional y desplaza la atención de las soluciones posibles. El reciente informe de la OCDE sobre Costa Rica muestra que el país sí tiene margen para fortalecer ingresos sin recurrir a nuevos impuestos ni recortes dañinos. Reducir la fragmentación en la administración de tributos –hoy dispersa en 93 plataformas que gestionan 99 impuestos– podría generar hasta un 1% del PIB adicional en recaudación.
Mejorar el cumplimiento de la facturación electrónica sería otra fuente de ingresos. Es decir, Hacienda tiene herramientas para modernizar la recaudación desde su propia gestión, pero eso implicaría trabajo serio, cuando es más fácil presentar como inevitables opciones extremas que nadie ha propuesto.
Tampoco es cierto que “el informe solo dice gaste más plata”. Esa frase fue pronunciada por el presidente Chaves, pero el capítulo dedica páginas a problemas de ejecución, priorización y capacidad de gestión, justamente para evitar el simplismo de que “más es igual a mejor”.
Tercero, por qué el 8% no es una cifra de papel
Hace dos años, la entonces ministra, Anna Katharina Müller, preguntó en público “¿quién se inventó el 8%?”. La respuesta no solo está en el expediente de la reforma constitucional discutida entre 2006 y 2011 (expediente que un buen ministro conocería), sino que el capítulo muestra que el orden de magnitud de 8%-8,5% coincide con el costo real de atender rezagos verificables, como ya se describió arriba. Es decir, no es un número arbitrario, sino una estimación con base empírica.
Cuarto, el hilo conductor que se perdió en el ruido
El capítulo no se agota en una cifra. Presenta la trama completa: trayectoria del financiamiento, brechas vigentes, costos de cerrar rezagos prioritarios y límites reales del contexto fiscal. El análisis de escenarios muestra que, aun creciendo al máximo de lo que permite la regla fiscal, el presupuesto educativo tendería a estancarse alrededor de 4,7% del PIB hacia 2029, muy lejos del mandato constitucional. En un escenario más restrictivo, caería aún más. La conclusión es obvia: sin un marco fiscal que habilite una senda sostenida y por encima del crecimiento del PIB, el 8% no se recupera.
Quinto, la propuesta real del capítulo: primero los objetivos, después el costo
El informe enfatiza en que no se debe anteponer el monto al rumbo educativo. El camino responsable es definir qué metas estratégicas queremos alcanzar –cobertura y equidad, ambientes de aprendizaje dignos, cuerpo docente idóneo– y, solo entonces, calcular su costo y evaluar factibilidad fiscal.
Con ese enfoque, el capítulo propone un nuevo acuerdo nacional por la educación para el periodo 2026-2040: una ruta gradual y viable en la que el primer año requeriría apenas 0,11% del PIB adicional y, en otros años, incrementos en torno a 0,34% (con estabilización posterior alrededor de 0,31%). Son montos compatibles con las restricciones fiscales y con la capacidad de gestión del MEP, muy lejos de los saltos imposibles que se caricaturizaron.
Sexto, invertir mejor también importa
El diagnóstico de capacidad de gestión es claro: el MEP es muy eficiente para pagar salarios o transferir recursos a otras instituciones que los ejecutarán, pero cuando es el propio MEP el que debe realizar la contratación de bienes y servicios, la ejecución cae a menos del 60%. Eso no se arregla con consignas: requiere planificación, cronogramas de adquisiciones realistas, músculo técnico y rendición de cuentas. El capítulo detalla, además, falencias señaladas por la Contraloría en el manejo de planillas y en la gestión de recursos tecnológicos.
En conclusión
El informe nunca recomendó aumentar el presupuesto al 8,5%, sino que se presentó como un ejercicio de magnitud que evidencia cuán rezagado está el sistema educativo.
La salida que sí se plantea en el capítulo es un acuerdo nacional 2026-2040, con objetivos claros antes que montos, seguimiento público y aumentos manejables año a año. Eso fue lo que sí dijo el Estado de la Educación. Lo demás, lo que se le atribuye sin haberlo leído, es simplemente ruido.
Andrés Fernández Arauz es economista.
