El Gobierno y los diputados tienen un amplio margen para recortar el gasto miles de pensiones de lujo, si de verdad quisieran hacerlo. Recientemente, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que podría chocar con la jurisprudencia constitucional, pero existe otro camino.
Al examinar las últimas leyes aprobadas para atenuar el gasto en pensiones, la Sala Constitucional ha establecido tres parámetros:
1) Sí se puede imponer un tope a las pensiones, pero solo a las nuevas; se debe respetar los derechos adquiridos de quienes ya perciben una.
2) Sí se puede cobrar una contribución solidaria a los pensionados de lujo que superen un monto definido por el Congreso, tanto a los antiguos como a los nuevos.
3) La suma de la contribución solidaria más otras cargas obligatorias, como el impuesto de renta, no puede superar el 50% del monto bruto de la pensión.
Una reforma legal que combine estos tres factores permitiría reducir el gasto en las jubilaciones de lujo, bajando los topes para futuras pensiones y aumentando las contribuciones solidarias tanto para las antiguas como para las nuevas jubilaciones. Existe un amplio espacio para ambas opciones.
En julio del 2020, empezó a regir la última ley que elevó las contribuciones solidarias. Sin embargo, puede haberse quedado corta.
En la actualidad, los rebajos solo aplican para las pensiones que superen los ¢2,3 millones en los antiguos regímenes del Magisterio y de Gobierno, y para las que superen los ¢2,6 millones en el Poder Judicial.
En cambio, en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el tope es de ¢1.765.000 millones; este es el mismo límite que está proponiendo el gobierno.
Los umbrales a partir de los cuales se cobra contribución los definió el Congreso de forma discrecional, pero podrían variar. De hecho, los diputados ya han ampliado antes los umbrales.
Se podría cobrar aporte solidario a miles de pensiones de lujo adicionales
Si se bajara el límite a ¢1.765.000 millones en todos los regímenes, se podría cobrar contribución solidaria a miles de pensionados de lujo que hoy están exentos.
Un estudio actuarial contratado por el gobierno a la consultora Kemly Arias Sandí, con datos de junio del 2022, muestra que, de las 3.911 pensiones que superan los ¢1,7 millones en el Régimen Transitorio de Reparto (RTR) del Magisterio, un total de 3.167 (el 81%) están por debajo de los ¢2,3 millones, con lo cual están fuera del rango de la contribución solidaria.
Según este estudio, el aporte solo se exige a 744 pensionados, equivalentes al 1,6% de los 45.000 jubilados del Magisterio, aunque la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) sostiene que la cifra de jubilaciones gravadas es mayor, de 3.611.
En el régimen de Gobierno, a cargo del Ministerio de Trabajo, otros 789 pensionados de lujo se salvan del gravamen, el cual solo pagan 127 personas (menos del 1% de un total de 12.968 jubilados), de acuerdo con el informe actuarial.
En cuanto al Poder Judicial, el estudio contratado por el gobierno dice que, de las 1.151 personas que exceden los ¢1,7 millones, un total de 1.080 no pagan contribución solidaria y solo 71 exceden los ¢2,6 millones. Sin embargo, el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial tiene un dato distinto. Sostiene que, hasta diciembre del 2024, 3.081 jubilaciones debían pagar la contribución.
Efecto del aporte solidario podría ser mayor
Adicionalmente, la contribución solidaria tiene dos componentes que atenúan su impacto. El primero es el que se cobra solo sobre el excedente a partir del monto establecido en la ley; y el segundo es el que se cobra de forma progresiva. Esto último significa que el porcentaje de rebajo aumenta conforme más alta es la pensión, pero la ley podría ser más estricta, respetando el principio de que no se puede rebajar más del 50% de la pensión bruta.
Es ahí donde las autoridades tienen otro margen para recortar las pensiones de lujo.
Por ejemplo, un jubilado del Magisterio con una pensión de ¢4 millones solo paga ¢600.000 de aporte solidario, cifra equivalente al 15% del monto bruto.
Esto es así porque recibe los primeros ¢2,3 millones sin ningún rebajo. Solo se le cobra por los otros ¢1,7 millones y de forma progresiva.
Mientras tanto, un pensionado del Poder Judicial que recibe ¢4 millones al mes solo paga ¢500.000 de contribución solidaria.
Otro ejemplo es el de la persona con la pensión más alta de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema). Según el estudio actuarial, la remuneración era de ¢15 millones brutos mensuales en el 2022 y, con los rebajos, esta persona recibía ¢8,6 millones netos al mes.
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Recaudación por contribución solidaria es muy baja
En el régimen del Poder Judicial, se recauda más por impuesto de renta (¢689 millones mensuales) que por contribución solidaria (¢525 millones), de acuerdo con datos suministrados por el Fondo.
Un artículo publicado por La Nación, en 2019, alertaba sobre la baja recaudación alcanzada con la contribución solidaria impuesta a las pensiones de lujo.
El análisis mostraba que, en el 2018, las pensiones del Magisterio Nacional y los regímenes de Gobierno que se cargan al Presupuesto Nacional demandaron ¢740.000 millones. Sin embargo, solo se recortaron ¢6.000 millones por contribuciones solidarias, es decir, un 0,8%.
En el 2020, la Sala Constitucional confirmó que es procedente cobrar la contribución solidaria a los pensionados de lujo, así como la eliminación del aumento anual del 30% que recibían las jubilaciones del régimen conocido como Hacienda-Exdiputados. Desde el 2016, solo se permiten ajustes por costo de vida.
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Proyecto del gobierno podría ser inconstitucional
En varias sentencias sobre las pensiones, la Sala IV ha dejado claro que la aplicación de topes y recortes no puede ser retroactiva; es decir, no se puede realizar a los jubilados que ya adquirieron derecho a su remuneración.
Por ejemplo, en agosto del 2020 los magistrados declararon parcialmente con lugar un recurso de amparo planteado por un grupo de pensionados de lujo, al considerar que se violó el principio de irretroactividad.
En esa ocasión, dos magistrados salvaron el voto: Paul Rueda y Nancy Hernández. Ellos afirmaron que los diputados pueden imponer topes a las pensiones vigentes conforme al principio de solidaridad social, que se aplicaría debido a que los regímenes de pensiones se encuentran en una crisis de sostenibilidad financiera.
Con la jurisprudencia actual, el proyecto de ley impulsado por el gobierno de Rodrigo Chaves podría chocar con la jurisprudencia, ya que pretende aplicar un tope de ¢1,7 millones a las pensiones de lujo futuras y actuales.
Si el Poder Ejecutivo o los diputados tuvieran la voluntad de hacerlo, podrían presentar un proyecto de ley que no viole los principios constitucionales, pero que reduzca las pensiones de lujo mediante el aumento de las contribuciones solidarias.
