Un total de 1.704 exfuncionarios del Magisterio Nacional escaparon de que sus jugosas pensiones se vieran impactadas con el tope de ¢2,7 millones impuesto por la Sala IV, en noviembre de 2018, para aliviar, aunque fuera un poco, el gasto anual de ¢1,1 billones que hace el Estado en el pago de esas jubilaciones.
Se trata de personas quienes ostentan montos mensuales, en cifras brutas, de hasta ¢12 millones.
De ellos, la mitad, un 51%, son pensionados de la Universidad de Costa Rica (UCR).
El resto proviene de la Universidad Nacional (UNA), el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y de centros educativos privados, en ese orden.
De haber sancionado a todas esas pensiones con la disposición del ente constitucional, el Gobierno se habría economizado ¢1.472 millones al mes.
En todo el año, el ahorro habría sido de ¢19.136 millones, contando el mes extra correspondiente a aguinaldo.
Por poner un ejemplo: la pensión más alta, que es de ¢12 millones brutos –cuyo pago real para el Estado es de ¢9,2 millones (monto neto)–, bajaría a ¢2,7 millones en monto bruto y a ¢1,9 millones en cifras netas, para un ahorro mensual de ¢7,2 millones netos.
En su lugar, de las 1.880 pensiones de lujo del Magisterio a las que debe hacer frente el Estado, solo 176, el 9%, fueron topadas.
Aunque ínfimo, esa medida le dará un respiro al Gobierno, que gracias al tope se economizará alrededor de ¢116 millones mensuales, unos ¢1.508 millones al año.
Las cifras se desprenden de cálculos hechos por La Nación luego de solicitar a la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) los datos de los pensionados por el régimen transitorio de reparto de esa entidad, grupo de jubilados que recibe pensiones con cargo al Presupuesto Nacional.
Los montos de las pensiones usados como base para este artículo son del primer semestre del 2018.
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¿Por qué se salvaron?
¿Por qué si la Sala dijo que se toparían con ¢2,7 millones las jubilaciones de lujo pagadas por el Estado, tantos se libraron de la disposición? Por dos razones.
La primera, porque en su fallo, el máximo órgano constitucional determinó que ese monto máximo se impondría solo a las pensiones otorgadas después del 28 de diciembre de 1998.
Ese día se promulgó la ley 7605, de Derogación del Régimen de Pensiones de los Diputados y Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Esta estableció que ninguna de las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional podría superar la cifra equivalente a diez veces el salario más bajo pagado en la Administración Pública (hoy, los ¢2,7 millones en cuestión).
Así, gracias a esa disposición, 159 pensionados del Magisterio se salvaron del tope porque su pensiones fueron emitidas antes de esa fecha.
En contraposición, 176 sí fueron afectados con la directriz, pues sus jubilaciones empezaron a regir después del 28 de diciembre de 1998.
No obstante, la razón principal por la cual la mayoría eludió el mandato de la Sala IV fue porque muchos de los pensionados se habían acogido a una figura llamada postergación, presente en la mencionada ley 7605.
De hecho, esa fue la razón que salvó a 1.545 personas de las 1.704 quienes esquivaron el recorte.
¿Y qué es la postergación? Es una excepción de la ley que dice que están exentos del tope de ¢2,7 millones quienes hayan trabajado más allá de la fecha fijada para pensionarse, aunque fuera solo un día de más.
Ese privilegio lo tienen los pensionados del régimen transitorio de reparto del Magisterio Nacional.
Según José Antonio Segura, director de Pensiones de Jupema, las reformas que se han hecho con el tiempo a los regímenes de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional han intentado eliminar privilegios a los beneficiarios.
Lo anterior porque las jubilaciones de lujo las ostentan personas quienes no cotizaron lo suficiente para recibir lo que hoy devengan y, además, se acogieron su retiro con condiciones muy favorables, por ejemplo, el 100% del mejor salario devengado en su vida laboral.
“La ley de 1995 hizo cambios a los montos de pensión, a los años de servicio, y uno de los aspectos que cambió fue precisamente el concepto de la postergación”, expresó.
En 1995 se promulgó la ley 7531, de Reforma Integral del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.
Antes de esa fecha, los pensionados gozaban de mayores beneficios, otorgados por las leyes 2248 (emitida en 1958) y la 7268 (en 1991).
Quienes se salvaron del tope no solamente fueron exfuncionarios del Magisterio. También lo hicieron la mayoría de beneficiarios de los regímenes de Gobierno y Asamblea Legislativa, administrados pos la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo.
De ellos, solo 380 de 18.000 beneficiarios se verán afectados por el tope.
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Reforma urgente
En vista de que los recortes a las pensiones de lujo han sido insuficientes, el Gobierno y los diputados buscan opciones para conseguir un mayor ahorro en el pago de estas y ponerles fin a portillos de la ley como el de la postergación.
“Pareciera que es un mundo al revés. Por ejemplo, se establecen incentivos por postergar la pensión. Si dicen: ‘si postergás la pensión, no te ponemos tope’, ¿qué va a hacer la persona?’… Esos incentivos a la postergación los tenemos que buscar en la legislación”, aseguró el director nacional de Pensiones, Luis Paulino Mora, en una entrevista con La Nación en noviembre, recién pasado el fallo de la Sala IV.
A partir de entonces, él y Víctor Morales, deje de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) preparan una reforma más fuerte a los regímenes de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional aprovechando ideas contenidas en proyectos de ley presentados por cuatro partidos en la Asamblea Legislativa durante el 2018.
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Las propuestas son del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional (PRN), Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio (FA).
“La tarea de este mayoritario grupo de diputados y diputadas comprometidos con terminar con las pensiones de lujo es, en el marco jurisprudencial fijado por la Sala Cuarta, limitar legalmente las posibilidades de postergación, así como establecer topes a pensiones vigentes”, expresó a La Nación Víctor Morales, jefe de fracción del PAC, en días posteriores al fallo de la Sala.
La iniciativa de ley estaría en manos de los diputados en febrero de este 2019. Por lo tanto, son ellos los responsables de aplicar o no más recortes a las pensiones de lujo.
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Ya en el 2016, una reforma había impuesto una contribución especial de entre un 25% y un 65% a los pensionados de Gobierno que recibieran más de ¢2,5 millones mensuales.
