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Si en algo coinciden el Gobierno y los diputados es en que los recortes a las pensiones de lujo han resultado insuficientes, por lo que urgen medidas más profundas para contener el billón de colones que le costarán estas jubilaciones a los contribuyentes en el 2019.
A raíz de esa coincidencia, la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y el Partido Acción Ciudadana (PAC) preparan una reforma más fuerte a estos regímenes aprovechando ideas contenidas en proyectos del PUSC, Restauración Nacional, PLN y Frente Amplio.
La reforma pretende bajar el gasto mediante las siguientes medidas:
1. Un tope más bajo
Reducir el monto máximo de estas pensiones, en vista de que los topes actuales no ayudan a bajar sustancialmente el gasto.
En el caso de las pensiones de Gobierno y exdiputados, la Sala IV aprobó en noviembre un tope de ¢2,7 millones luego de años de discusión; sin embargo, el techo generó un ahorro de solo un 0,08%.
En cambio, para las pensiones de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), el tope máximo es de ¢3,9 millones, mientras que, para el Poder Judicial, es de ¢4 millones.
Aunque la mayoría de diputados recomienda unificar todos los topes en ¢1,6 millones, como ocurre en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS, el director nacional de Pensiones, Luis Paulino Mora, dijo que el monto habrá que definirlo.
Según el jerarca, los topes actuales son distintos porque fueron definidos de acuerdo con las condiciones de cada sistema y “la realidad de cada uno es distinta”.
Álvaro Ramos Chaves, superintendente de Pensiones, considera que ninguna pensión debería superar el tope del IVM.
2. Contribuciones solidarias a las pensiones sin tope
Cuando la Sala IV avaló el tope a las pensiones del Gobierno, estableció que este solo puede ser aplicado a los beneficios otorgados después del 28 de diciembre de 1998, pues en esa fecha entró a regir la ley que creó el techo. ¿Qué pasa entonces con todas las jubilaciones otorgadas antes.
El director de Pensiones explicó que la idea es deducirles dinero mediante el cobro de contribuciones solidarias más fuertes, pues la ley permite rebajar hasta un 55% del monto mensual y todavía hay margen para hacerlo.
3. Edad de retiro
También, pretenden homologar la edad de retiro, pues todos los regímenes tienen edades distintas: en el IVM es de 65 años, en el régimen de Capitalización Colectiva de la Jupema es de 55 años, en el Gobierno puede ser hasta de 60 años y, en el del Poder Judicial, de 65, por ejemplo.
La idea del Gobierno y diputados es establecer una edad acorde con la expectativa de vida de los costarricenses, la cual fue de 80 años en el 2016, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
“En un país como el nuestro no tiene sentido empezar a pagar una pensión a los 50 años, si sabemos que a esa persona se le tendrán que pagar 30 años de pensión; prácticamente, lo mismo que tuvo en su vida activa como trabajador. Eso, en los años 20, quizás tenía sentido, pero ya no”, enfatizó Mora.
4. Aporte del Estado
El régimen de pensiones costarricense se fundamenta en un sistema tripartito en el que obrero, patrono y Estado contribuyen para asegurar una jubilación a los trabajadores. Sin embargo, en las pensiones de lujo, el Estado aporta mucho más que en el IVM de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
En el IVM, el Estado aporta el equivalente a un 1,24% del salario del trabajador, mientras que este pone un 3,84% de su salario y el patrón, un 5,08%.
En el régimen del Poder Judicial, en cambio, el Estado aporta un 15,6% en su doble condición de patrono (14,36%) y Estado (1,24%) y, en el Magisterio, casi un 8% (6,75% como patrono y 1,24% como Estado).
Sin embargo, en estos regímenes, los cotizantes aportan montos más altos.
La idea del Gobierno y del PAC es equiparar el aporte del Estado a las pensiones de lujo en un monto todavía por definir.
5. Crecimiento
En cuanto al crecimiento de las pensiones, se pretende fijar el mismo para todos también.
En el IVM, el Poder Judicial y el Magisterio Nacional, los ajustes se fijan según el aumento por costo de vida, en un porcentaje igual al del Índice de Precios del Consumidor (IPC).
No obstante, el incremento para las pensiones de Gobierno se impone de acuerdo los aumentos por costo de vida aplicados a los funcionarios públicos.
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6. Dobles jubilaciones, remuneraciones y pensiones
Otro de los grandes temas son las dobles pensiones, es decir, personas que reciben más de una jubilación de distintos regímenes.
La finalidad es que la suma de las pensiones no supere el tope que se definirá.
Esta medida no contemplaría a las pensiones de la Caja, por la la autonomía de la institución, dijo el director de Pensiones.
Asimismo, se quiere acabar con los casos de quienes, además de recibir una pensión, tienen un sueldo porque siguieron laborando después de haberse acogido al retiro.
Actualmente, los pensionados de los regímenes con cargo al Presupuesto Nacional no pueden recibir salario y pensión. Además del monto por jubilación, solo están autorizados a devengar dietas.
Este último es otro de los puntos que se quieren atacar. La aspiración es cerrar la oportunidad de recibir pensión y, al mismo tiempo, dietas en directivas en juntas de alguna entidad pública.
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“Por ejemplo, si la persona quiere participar en la junta directiva de un banco, o recibe dieta o recibe la pensión; ya decidirá cuál de las dos”, explicó Luis Paulino Mora.
De hecho, el proyecto de ley impulsado por José María Villalta propone acabar con el pago de dietas a pensionados, excluyendo a los regidores, debido a que las dietas devengadas por ellos suelen ser muy bajas, argumenta el expediente (Nº. 21.063) del frenteamplista.
Sin embargo, hay regidores, como los de Alajuela, que ganan más que un directivo bancario.
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Voluntad política
El impulso al proyecto para reformar las pensiones de lujo lo comunicaron el director nacional de Pensiones, Luis Paulino Mora, y el jefe de fracción del PAC, Víctor Morales Mora, tras una segunda reunión que tuvieron para armar la iniciativa, la cual vienen gestando desde finales del 2018.
Se trata de un plan que compila los puntos más importantes de cuatro proyectos de ley, también para bajar el gasto en pensiones, presentados en el Congreso el año anterior por cuatro fuerzas políticas distintas.
Dichas propuestas son del Partido Unidad Social Cristina (PUSC), Partido Liberación Nacional (PLN), Restauración Nacional (PRN) y Frente Amplio. Las lideraron los diputados Pedro Muñoz, Franggi Nicolás, Xiomara Rodríguez y José María Villalta, respectivamente.
Según el jerarca de Pensiones y el líder del PAC, después de haber realizado sesiones de trabajo con los diputados que presentaron dichas iniciativas de ley y tras redactar un texto conjunto, buscarán apoyo de todos los legisladores.
La expectativa es contar con el documento nuevo para inicios de febrero, dijo Morales Mora.
Él y el director de Pensiones hicieron un resumen de los puntos más importantes de los cuatro proyectos de ley y extrajeron seis temas que serían la columna vertebral de la propuesta final, la cual tendrá que ser validada por los asambleístas.
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