Silvia Artavia. 17 diciembre, 2018
Álvaro Ramos, jerarca de la Superintendencia de Pensiones, ve necesaria una reforma al régimen de jubilaciones costarricense. Foto: Graciela Solis.
Álvaro Ramos, jerarca de la Superintendencia de Pensiones, ve necesaria una reforma al régimen de jubilaciones costarricense. Foto: Graciela Solis.

Álvaro Ramos Chaves, superintendente de Pensiones, propone equiparar los regímenes jubilatorios para hacerlos sostenibles y lograr que los ciudadanos confíen en ellos. “Un sistema tan lleno de diferencias como el que tenemos, fácilmente pierde credibilidad a ojos de la ciudadanía”, afirma.

¿Cuál sería la ruta hacia esa paridad? El jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén) es categórico al afirmar que en Costa Rica nadie debería recibir más de ¢1,5 millones por una jubilación, argumento similar al que se aferra el Gobierno.

Ramos hace esta observación luego de que la Sala IV avalara un tope de ¢2,7 millones a las jubilaciones de Gobierno y Asamblea, así como a las del régimen Transitorio de Reparto del Magisterio.

La medida no le hará ni cosquillas a los ¢1,1 billones que el gobierno gasta para costear, con impuestos, estas pensiones con beneficios mucho mayores a los que recibe el resto de la población.

La Nación conversó con el superintendente de pensiones sobre la reforma a la que debe someterse el sistema de jubilaciones nacional, según el mismo ha señalado.

El siguiente es un extracto de la entrevista.

– Usted ha hablado de reformar los regímenes de pensiones costarricenses para hacerlos más equitativos. ¿Cómo debe ser esa transformación?

– Hay dos grandes planteamientos por hacer. Número uno, nivelar la cancha. Tenemos una multiplicidad de regímenes de pensiones que afectan la credibilidad del sistema entero.

"Cuando la gente ve tantos diferentes tipos de pensiones, cree menos en el sistema.

"Considero conveniente que haya esa consolidación de esa diversidad de fondos de pensiones. Entiéndase, los múltiples fondos que hay para el régimen básico, como el Magisterio Nacional y Poder Judicial, y fondos complementarios de lugares como los bancos, la Caja Costarricense de Seguro Social (Caja), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Eso es algo que se debe hacer desde la Asamblea.

"Un segundo paso es: La inmensa mayoría de nosotros está cotizando para el IVM (Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte), el sistema de pensiones de la Caja.

“Ese régimen, como bien lo demostró el estudio actuarial de la Universidad de Costa Rica (UCR), requiere de reformas profundas para ser sostenible en el largo plazo”.

– Una de esas grandes diferencias entre los regímenes es el aporte que hace el Estado, como patrono, a la pensión de cada trabajador? Por ejemplo, en el IVM de la Caja, el Estado aporta un 5,08%, mientras que en el Magisterio Nacional lo hace con un 6,75%, y en el Poder Judicial, con un 14,36%.

– Todos estos regímenes son por ley, entonces Supén no puede cambiar nada. Lo que hemos ofrecido es el aporte técnico para que, si los diputados desean consolidar todos los regímenes y que solo exista un único régimen multipilar…

"Tenemos que velar por la credibilidad y por la integridad del sistema... Un sistema tan lleno de diferencias como el que tenemos, fácilmente pierde credibilidad a ojos de la ciudadanía...

“Sí sería conveniente hacer un proceso de consolidación para darle más legitimidad al sistema, porque este es un sistema que requiere de plazos muy largos. La gente tiene que creer en él por los próximos 50, 60 o 70 años. Unificarlo le daría más credibilidad”.

– ¿Cuál sería la vía para esa unificación? ¿Cuáles regímenes irían a uno solo y cuáles quedarían por fuera?

– Si usted lo va a unificar, es mejor que lo haga bien. Si alguien se queda por fuera, entonces vamos a tener un problema...

"En Costa Rica damos pensiones de 60%, pero históricamente, la gente aportaba un 7% (durante su vida laboral para recibir la jubilación). ¿De cuánto era la pensión que debía recibir? ¿De 23%, del 24%? Y están recibiendo el 55%.

"El problema de las pensiones de la Caja no es que alguien invirtió mal, no es que alguien se robó el dinero, no es que los costos administrativos son altos. Todo el problema es que le prometimos a la gente pensiones que son dos o tres veces lo que aportaron durante su vida laboral, y ahora el proceso de ajuste es complejo.

"Pero entonces, como sociedad, hemos decidido darles a nuestros abuelos pensiones de ¢400.000 cuando aportaron para llevarse una de ¢100.000 o de ¢150.000.

“A todos los abuelos nuestros que están llevándose ¢250.000, ¢300.000 o ¢400.000, en realidad les tocaban ¢100.000 o menos, si se analiza cuánto aportaron a lo largo de su vida laboral. Ese es el gran problema que tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de pensiones de lujo”.

– Pero no se puede comparar una pensión de ¢400.000 con una millonaria que tiene cargo al Presupuesto Nacional…

–Eso sí no hay cómo defenderlo. Esas fueron decisiones, probablemente, políticas. Y sí, fue una gran injusticia para las generaciones siguientes. Aún hoy estamos pagando más de dos puntos del Producto Interno Bruto (PIB), por año, para financiar todas esas pensiones para las cuales no se cotizó suficiente.

– Usted dice que no está bien que un trabajador reciba una pensión para la cual no aportó suficiente, pero que eso ocurra con personas que reciben montos millonarios para los cuales tampoco cotizaron lo necesario y, aún más, cuando estas pensiones han sido heredadas y quienes las reciben hoy no aportaron ni un colón para obtenerlas…

– Eso no hay manera de perdonarlo. Por mí, que se les quite todo lo que se pueda quitar acorde a la ley. Lo que pasa es que hay una premisa jurídica de que lo único que se puede rebajar es el 55% de la pensión bruta.

"Se llama principio de confiscatoriedad, que indica que no se puede tener una estructura confiscatoria sobre la pensión, pero a mí lo que me parece raro en la historia es… por ejemplo, un exdiputado, evidentemente, en cuatro años no cotizó para estar recibiendo ¢7 millones.

"Mi lectura es que la confiscatoriedad debería ser un principio que aplicara sobre los aportes de la persona. Entonces, si esos aportes fueron muy poquitos, se le podría bajar la pensión hasta llegar a esos aportes. Y no debería haber un principio de confiscatoriedad porque la persona, básicamente, se está llevando algo para lo que no cotizó.

– ¿Cuánto debería dárseles a esas personas? ¿Cuál podría ser el monto máximo de una pensión en Costa Rica?

– Yo he tenido la posición de que, dado que la Caja tiene un máximo de ¢1,5 millones sin postergación, que lo más que debe haber en todo el país es ¢1,5 millones.

"Esa es una posición más personal; no tiene sustento técnico. No puede tenerlo porque, de nuevo, el principio técnico es que una pensión de lujo es recibir más de lo que aportaste.

“El problema con esa definición es que, virtualmente, todas las pensiones, desde la de ¢100.000 hasta la de ¢10 millones, son de lujo en Costa Rica porque, históricamente, le hemos dado más a la gente de lo que cotizó”.

– ¿Se refiere a las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional o también a las del IVM de la Caja?

– Incluso las del IVM, porque todas esas cumplen el mismo problema, que la gente aportó 7,5% –los aumentos al 10% son muy recientes– y aún en 10% o 10,16% que estamos hoy, si usted cotiza una vida laboral normal, si se hace el cálculo actuarial, la pensión que se debería llevar la persona es como del 30% o del 35%, y la que se lleva, con las reglas actuales, es como del 55%.

– Cuando dice que lo que se lleva el pensionado es el 55%, ¿habla de las pensiones del IVM?

– Así es. Ahí es donde se ve una brecha muy grande entre lo que se está aportando y lo que está prometiendo el IVM aún hoy.

"Si se echa para atrás, es peor la diferencia. Ahí es donde se siente mucho el problema de las pensiones de lujo, si se definen de manera estrictamente técnica.

"Yo, por eso, tengo una definición secundaria: pensión de lujo es toda aquella que es mayor que la del IVM (¢1,5 millones), porque dado que todos tenemos derecho a cotizar al IVM, si se recibe más que eso, presumiblemente, se recibe una pensión de lujo.

“Las pensiones son para proteger a la gente cuando es adulta mayor; no son para enriquecerla. Con los estándares de vida de Costa Rica, ¢1,5 millones parecería más que suficiente para proteger a la inmensa mayoría de la población”.

– Ha insistido en que se lograría paridad en el sistema de pensiones si se modifican las leyes, pero ya hemos visto ejemplos, como el reciente fallo de la Sala Constitucional, del tope de ¢2,7 millones a las pensiones de lujo, el cual no les hizo ni cosquillas a esas jubilaciones.

– Yo creo que ha habido un enfoque muy fuerte en el tema del tope y, al final, los topes tienen sus limitaciones, porque son muy altos.

"Los topes a las pensiones que no son del IVM son de ¢3,7 millones, ¢4 millones; no son de ¢1,5 millones. Entonces, claro, la gente se imagina que hay un montón de pensiones de más de ¢4 millones.

"A estas alturas del juego, ya no son tantas... Sin embargo, lo que es realmente caro no son las pensiones tan altas. Son muy indignantes, ofenden, hay que bajarlas, pero si usted lo que quiere es conseguir plata, una reducción masiva, hay que hablar de pensiones de ¢1,5 millones.

"De hecho, cuando usted hace el corte a ¢1,5 millones, ve unos 10.000 pensionados en todo el sistema quienes, en promedio, tienen una pensión de ¢2,5 millones.

“Solo cuando se baja a ¢1,5 millones se empieza a ver mucha gente, porque hay muchísimas personas entre ¢1,5 millones y ¢2,5 millones. Ahí es donde está el grueso de quienes están percibiendo beneficios mejores que en la Caja, pero que no aparecen como el súper pensionado de lujo de ¢10 millones o de ¢15 millones”.