El Gobierno presentó un proyecto de ley, este miércoles, en el que plantea imponer un tope de ¢1,7 millones a las pensiones de lujo, tanto de los regímenes con cargo al Presupuesto Nacional, como los del Poder Judicial y el Magisterio Nacional.
Se trata del expediente legislativo 24.786, denominado Luchando por la justicia del sistema de pensiones del sector público, que busca aplicar un tope idéntico al que ya existe para los pensionados del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La intención del Poder Ejecutivo es aplicar ese límite no solo a los jubilados futuros, sino también a los actuales, a pesar de la jurisprudencia de la Sala Constitucional que avala la reducción de esas pensiones mediante contribuciones solidarias, pero no mediante una rebaja directa, por tratarse de un derecho adquirido del beneficiario.
El plan de ley propuesto consta de 71 páginas y se fundamenta en un estudio actuarial realizado por la consultora Kemly Arias Sandí, “que revela las profundas desigualdades y privilegios existentes en los distintos regímenes de pensiones”.
La exposición de motivos del proyecto cita que hay 12.968 pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, de las cuales 916 (el 7%) están por encima de los ¢1,7 millones fijados como tope máximo para las pensiones del IVM, una de ellas con un monto bruto de ¢13,9 millones, es decir, sin contar las reducciones por las contribuciones solidarias ya existentes.
En el caso del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional, el Gobierno asegura que 3.911 de las 46.801 pensiones (el 8,3%) superan el tope del IVM, donde la más alta sería de ¢14,9 millones sin rebajas.
Finalmente, en el Poder Judicial, citan 4.216 pensiones, de las cuales 1.151 (el 27,3%) están por encima del tope de ¢1,7 millones que ya funciona en el IVM. En ese régimen, la más alta es de ¢10,7 millones, según los datos referidos por la Casa Presidencial.
Además de la reforma legal presentada en el Congreso, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, dijo que tienen preparada la solicitud de una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la posibilidad de fijar un tope a las pensiones de lujo.
En la reforma se plantea que el tope se aplicará de manera progresiva, en un plazo máximo de seis meses contados a partir del mes siguiente a la entrada en vigor de la ley y hasta que se cumpla con el objetivo previsto.
La aplicación del tope máximo le correspondería a las instituciones o instancias que administren el régimen de pensión respectivo, es decir, Poder Judicial, Dirección Nacional de Pensiones o Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).
“La progresividad de la aplicación del tope máximo deberá distribuirse por tractos iguales durante seis meses, restando la diferencia del monto que actualmente se recibe como pensión al monto fijado en el artículo 3 de la presente ley, hasta alcanzar el monto máximo de pensión sin postergación fijado periódicamente para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte”, dice la propuesta.
La iniciativa de ley también reconoce que el límite al monto de la pensión, luego de aplicar deducciones, contribuciones y el tope máximo, no podrá ser inferior al 40% del salario de referencia que fue utilizado para el cálculo de la pensión que devenga la persona beneficiaria.
Para imponer el tope en las pensiones de los diferentes regímenes, se introducen reformas en la Ley orgánica del Poder Judicial (ley 8 de 1937), en la Ley del régimen general de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional (ley 7302 de 1992) y en las reformas de la Ley de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional.
El principal argumento del Ejecutivo para impulsar la reforma legal es que el Estado debe hacer un importante egreso de fondos públicos para sostener esos regímenes de pensiones, incluso en una situación financiera “endeble y que exige la toma de medidas excepcionales con cargo al Presupuesto Nacional y al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, que también representa un gasto para el Estado”.