Así lo concluyó la Procuraduría General de la República (PGR) en una opinión jurídica enviada el 2 de marzo pasado al Ministerio de Hacienda, a solicitud del entonces titular de esa cartera, Helio Fallas.

Así lo reconocieron el presidente de la Comisión Plena Primera, el liberacionista Juan Marín, y varios jefes de fracción en una carta que le enviaron el martes a la defensora de los Habitantes, Montserrat Solano, quien expresó preocupación por lo sucedido.

Según Gilberto Cascante, vocero del Foro de Presidentes y Secretarios Generales del Magisterio, el traslado de los docentes le demandaría al Gobierno ¢1.000 millones en cinco años, y no los montos que calculó Hacienda.