Con 40 votos a favor, los diputados aprobaron este jueves, en primer debate, el proyecto de recorte a las pensiones de lujo de la diputada restauracionista Xiomara Rodríguez (expediente 21.035).

La iniciativa recibió el visto bueno de 12 congresistas de Liberación Nacional (PLN), seis de Acción Ciudadana (PAC), siete de la Unidad Social Cristiana (PUSC), seis de Restauración Nacional (PRN), cuatro del bloque independiente Nueva República, tres de Integración Nacional (PIN), uno del Republicano Socialcristiano (PRSC) y uno del Frente Amplio (FA).

Este plan permitirá gravar una mayor cantidad de jubilaciones de lujo mediante el cobro de contribuciones solidarias, las cuales son una deducción que se les cobra a las pensiones muy altas en solidaridad con el resto de la ciudadanía.

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Cuando la ley entre en vigor, tendrán que pagar el aporte solidario todas las pensiones superiores a ¢2,2 millones de los regímenes del Magisterio y del Gobierno, así como las que superen los ¢2,6 millones en el caso del Poder Judicial.

Con esos cambios, el Estado podrá gravar cerca de 4.100 jubilaciones adicionales, según Restauración Nacional.

Actualmente, solo pagan contribución solidaria unos 1.000 beneficiarios, pues la legislación vigente solo exige esta deducción para las jubilaciones superiores a ¢2,7 millones en Gobierno, ¢3,9 millones en el Magisterio y ¢4,4 millones en el Poder Judicial.

Una pensión de ¢7 millones pagará hasta ¢2,4 millones de aporte

Los mayores efectos de esta reforma se sentirán en los regímenes del Magisterio y del Poder Judicial, pues es a los que menos se les cobraba contribuciones solidarias, en comparación con el del Gobierno.

Actualmente, a una pensión de ¢7 millones del Magisterio se le deduce poco más de ¢1 millón por contribución solidaria. Con esta reforma, el rebajo subiría a ¢2,4 millones.

En el caso del Poder Judicial, la deducción subiría de ¢991.000 a ¢2 millones, mientras que en Gobierno pasará de ¢1,9 millones a ¢2,4 millones.

Si la jubilación es de ¢5 millones, el aporte subirá de ¢287.000 a ¢1,1 millones en el Magisterio y de ¢210.000 a ¢974.000 en la Corte.

Por otra parte, las pensiones de ¢3 millones actualmente no pagan contribución solidaria ni en el Magisterio ni en el Poder Judicial. Con este proyecto, pasarán a pagar ¢225.000 y ¢140.000, respectivamente.

El aporte se cobra en forma escalonada. Entre más alta es la pensión, mayor es el cobro.

En los regímenes de Gobierno y Magisterio, la contribución oscila entre un 25% y un 75%, mientras que, en el Poder Judicial, entre un 35% y un 55%.

No obstante, el texto afirma que no será posible rebajar más de un 55% del monto bruto de la pensión en ningún caso, aun si las deducciones por cotización, seguro de salud y contribución solidaria superan ese porcentaje.

Aunque el texto original de esta reforma equiparaba el cobro para todas las pensiones de lujo a partir de ¢2,2 millones, los legisladores dieron trato especial al Poder Judicial, y en su caso subieron el rango a ¢2,6 millones.

La Superintendencia de Pensiones (Supén) estima que el proyecto ahorrará ¢10.000 millones anuales.

La diputada Xiomara Rodríguez destacó que, aunque el proyecto ha pasado por una serie de ajustes, está satisfecha con lo obtenido, pues, según ella, la iniciativa ahorrará al Estado más de ¢240.000 millones en 20 años.

Ella agradeció al plenario legislativo por mostrar interés en “temas que realmente afectan al país”.

“El que todo el plenario votara afirmativo da a conocer el apoyo que había sobre la necesidad de tratar un tema tan sensible como son las pensiones de lujo y, sobre todo, la seriedad con la que nosotros hemos venido trabajando”, comentó la restauracionista.

Según Rodríguez, el asunto se venía conversando desde que los diputados conocieron el plan fiscal (hace un año lo discutían) y, tanto fue el interés, que se convirtió en un proyecto de ley.

“Este proyecto no nació de la noche a la mañana. Esto fue producto, al inicio, de una moción para el plan fiscal. Queríamos primero gravar las pensiones de lujo y, al no poder, seguimos estudiando el tema y trabajándolo”, explicó.

La Asamblea logró reunir más de los 38 votos necesarios para aprobar este proyecto.

Ese número fue necesario porque la Corte Suprema de Justicia declaró que la reforma afectaba su “funcionamiento y organización”, y la Constitución Política exige al Congreso aprobar las reformas con mayoría calificada (más de 38 votos) si existe esa declaración.

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Diputados rechazan cobrar contribución desde los ¢1,6 millones

Como parte de la votación de este jueves, el socialcristiano Pedro Muñoz presentó seis mociones para cambiar algunos artículos y agregar dos nuevos al texto; no obstante, todas fueron rechazadas. Solo las aprobaron los siete diputados del PUSC.

Yorleny León, presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales, donde se ha discutido el proyecto de ley, argumentó que aunque valora la iniciativa de Muñoz, votó las mociones en contra debido a que no tienen sustento técnico.

De hecho, le sugirió al congresista convertirlas en un proyecto de ley.

Una de las mociones de Muñoz proponía cobrar la contribución especial solidaria a los pensionados de los tres regímenes a partir de ¢1,6 millones.

El argumento de la moción es que el cobro se haga sobre los montos de pensión que superaran las 15 líneas de pobreza urbana del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Una línea de pobreza urbana del INEC corresponde a ¢112.317.

Otra de estas mociones proponía que, a partir de ahora, el tope máximo para las pensiones de los tres regímenes sea de ¢2,2 millones, que corresponde a 20 veces la línea de pobreza urbana del INEC.

Entre las propuestas de última hora del socialcristiano, los diputados también desaprobaron una que pretendía que los multipensionados, o sea, personas que reciben más de una pensión, no obtuvieran más de ¢4,5 millones por la suma de todas sus jubilaciones.

La idea era aplicarles un tope de 20 veces la línea de pobreza urbana.

León explicó que el tema de los multipensionados es un asunto que los diputados trabajarán en un proyecto de ley por aparte.

De hecho, dijo la congresista del Partido Liberación Nacional (PLN), ese fue el acuerdo al que llegaron con la Supén.

‘Un pequeño paso hacia la sostenibilidad social’

Luis Paulino Mora, jerarca de la Dirección Nacional de Pensiones, consideró que la aprobación del proyecto de ley representa “un pequeño paso hacia la sostenibilidad social en cuanto a volver los sistemas de pensiones más justos”.

“Hasta la más larga de las marchas se inicia con el primer paso, y este es un buen primer paso para seguir trabajando en ese tema de llegar a un sistema genérico de pensiones que garantice universalidad, suficiencia y sostenibilidad”, expresó Mora.

Por su parte, Álvaro Ramos, superintendente de Pensiones, consideró que el esfuerzo de los diputados servirá para equilibrar un poco más las grandes diferencias entre los distintos regímenes de jubilaciones.

Según el jerarca, la existencia de pensiones de lujo, con montos muy por encima de lo que es posible obtener para un afiliado al IVM, ha socavado la credibilidad de todo el sistema.

“Por ende, esfuerzos como el de hoy son muy importantes porque restauran mayor equilibrio y solidaridad, y abren espacio para tener discusiones aún más profundas sobre el sistema de pensiones que queremos tener como costarricenses. Hoy la cancha se empareja un poco más para todos”, aseveró Ramos.

La diputada León coincidió con ambos líderes del sector Pensiones.

“Si bien es cierto (el proyecto de ley aprobado) no completa todas las tareas que están pendientes en el tema de pensiones, viene a ayudar muchísimo con el tema de la solidaridad y con el tema del equilibrio financiero de los diferentes regímenes de pensiones”, aseguró la liberacionista.

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