Silvia Artavia. 9 octubre
Un reciente estudio actuarial determinó que, pese a la reforma aplicada a este régimen de pensiones del Poder Judicial en el 2018, este mantiene un hueco actuarial de ¢630.000 millones.
Un reciente estudio actuarial determinó que, pese a la reforma aplicada a este régimen de pensiones del Poder Judicial en el 2018, este mantiene un hueco actuarial de ¢630.000 millones.

Los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales eliminaron este miércoles los artículos que habrían protegido a los pensionados de lujo dentro del proyecto que pretende, precisamente, cobrar contribuciones solidarias a una mayor cantidad de estos jubilados.

No obstante, al discutir mociones de fondo, los legisladores evitaron impulsar un recorte más fuerte para bajar los más de ¢700.000 millones que se destinan anualmente a pagar pensiones dentro del Presupuesto Nacional. Al contrario, decidieron conceder una reforma más leve a los beneficiarios de las jubilaciones del Poder Judicial.

De esa manera, el efecto será un avance insuficiente.

El objetivo original del proyecto era cobrar contribución solidaria a todas las pensiones superiores a ¢2,2 millones, lo que habría permitido gravar unas 3.700 pensiones más.

Con la versión depurada este miércoles, pagarían contribución solidaria los jubilados que perciban más de ¢2,2 millones en los regímenes de Magisterio y Gobierno, mientras que los del Poder Judicial lo harían a partir de los ¢2,6 millones.

Ese ajuste reduciría de 3.700 a 3.525 el número de pensiones adicionales a las que se cobraría aporte solidario.

Actualmente, estas contribuciones se cobran a partir de los ¢2,7 millones en Gobierno, ¢3,9 millones en el Magisterio y ¢4,4 millones en el Poder Judicial.

El aporte solidario es un rubro que se deduce sobre el exceso en forma escalonada: conforme más alta sea la pensión mayor es el rebajo. Oscila entre un 25% y un 75%.

La Corte tiene un fondo de pensiones aparte del Presupuesto Nacional, aunque se alimenta de este mediante las altas cotizaciones que le aporta el Estado. En este caso, los diputados optaron por cobrar los aportes a partir de los ¢2,6 millones como lo sugirió un reciente estudio actuarial contratado por el Poder Judicial.

Dicho informe determinó que, pese a la reforma aplicada a este régimen en el 2018, este mantiene un hueco actuarial de casi ¢630.000 millones, e indica que su reserva empezará a consumirse en el 2036, y se agotará en el 2049.

Con este proyecto de ley, el ahorro por contribuciones solidarias subiría de un 1,2% a un 3,6% del gasto total en los regímenes de Magisterio y Gobierno, según un cálculo de este diario.

En la Corte, el ahorro habría subido de un 1,1% a un 8,9% con la versión original, pero ahora sería inferior.

FUENTE: Consulta al expediente 21.035. DISEÑO/LA NACIÓN.

Eliminan escudos

Los otros cambios aprobados hoy en el proyecto de la diputada Xiomara Rodríguez, de Restauración Nacional, procuran eliminar un conjunto de párrafos, introducidos en etapas previas, que habrían provocado que algunos pensionados de lujo recibieran más dinero del que perciben actualmente, o bien, que se les rebajara menos.

Los diputados eliminaron dos artículos que habrían concedido a los pensionados de Gobierno y del Poder Judicial el mismo beneficio que reciben hoy los jubilados del RTR del Magisterio, el cual consiste en cobrar la cotización hasta cierto monto de la pensión y eximirlos del resto.

La cotización es un rebajo diferente a la contribución solidaria.

En el caso de los pensionados de Gobierno, el texto anterior proponía cobrarles la cotización hasta por un máximo de ¢2,2 millones. Hoy, deben pagar sobre el total de la pensión entre un 9% y un 16%. Cuanto más alto es el monto, mayor es el porcentaje.

En tanto, a los jubilados del Poder Judicial, cuya cotización es del 13%, el proyecto de ley proponía cobrárselas hasta por un monto de ¢3,5 millones, aunque hay jubilaciones de más de ¢10 millones.

Finalmente, fueron eliminados los artículos que contenían ambas alternativas. Se trataba de los numerales 8, en el caso del Poder Judicial, y 9, en Gobierno.

En cuanto al Magisterio, el proyecto dictaminado también pretendía que los beneficiarios pagaran cotización hasta los ¢2,2 millones, aunque hoy la ley les permite hacerlo hasta los ¢3,9 millones aunque perciban mucho más. Ese cambio fue eliminado.

Solo esa reducción habría disminuido en ¢5.400 millones el ahorro que generaría el proyecto de ley.

También fue retirado el artículo 6, que establecía los ¢4,8 millones como monto máximo para quien reciba una pensión única o más de una jubilación.

En criterio del director nacional de Pensiones, Luis Paulino Mora, ese numeral abriría un portillo para interpretar que, automáticamente, quedaban derogados los actuales topes a las pensiones de lujo.

Actualmente, los techos son de ¢2,7 millones en Gobierno, ¢3,9 millones en el Magisterio y ¢4,4 millones en el Poder Judicial.

La sugerencia del jerarca era aclarar que dicho artículo se refería a las multipensiones, es decir, cuando la persona recibe más de una pensión, y enfatizar que quedaban excluidas las jubilaciones únicas.

Sin embargo, al eliminar esa parte del proyecto de ley, quedó pendiente la aclaración de cómo se impondrán los topes a quienes ostentan actualmente más de una pensión. Eso tendrán que resolverlo los diputados más adelante.

Los cambios más recientes al expediente 21.035 quedaron aprobados por la Comisión de Asuntos Sociales este miércoles, dos días después de que los conociera el plenario legislativo.

El lunes fue el segundo día de mociones, vía artículo 137 del Reglamento legislativo, asignado al expediente 21.035.

De las 18 mociones presentadas este día, ocho fueron aprobadas. De estas, cuatro hicieron cambios de forma al proyecto, mientras cuatro efectuaron variaciones de forma.

Estas últimas fueron presentadas en forma conjunta por la restauracionista Xiomara Rodríguez, las liberacionistas Yorleny León y María José Corrales, y Catalina Montero, del Partido Acción Ciudadana (PAC).

De hecho, las cuatro mociones de fondo fueron aprobadas de manera unánime.

En tanto, Bernal Arias, director de una de las áreas jurídicas del departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea, llamó la atención de los diputados con respecto a la decisión de cobrar la contribución solidaria del Poder Judicial a partir de los ¢2,6 millones.

Según el funcionario, al incluir esa disposición en el proyecto de ley de la legisladora Rodríguez, tácitamente, quedaría eliminado el tope actual a las pensiones de lujo en la Corte, que hoy es de ¢4,4 millones.

Por lo tanto, recomendó Arias, es necesario subsanar ese error. ¿Cómo? Primero habría que modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que rija el nuevo tope de ¢2,8 millones contemplado en el proyecto de ley de la diputada Rodríguez.

Los legisladores atendieron la recomendación del funcionario y acordaron aprobar dicha moción con la condición de enmendar la equivocación más adelante.

“Tomamos el acuerdo de que va a llegar, nuevamente, el proyecto a plenario. Lo vamos a retrotraer o a regresar, vamos a analizar con cuál moción podríamos hacer eso, para agregar una moción más claridad de que este proyecto caería encima (de la Ley Orgánica del Poder Judicial)”, explicó Yorleni León.

Una de las mociones de forma aprobadas fue para cambiarle el título a la iniciativa. Ya no se llamará Ley para fijar topes equitativos a las pensiones de lujo. sino Ley para rediseñar y redistribuir los recursos de la contribución especial solidaria.

“Vimos el proyecto, artículo por artículo, para subsanar cualquier detalle que quisiera exonerar o prestarse para malinterpretar que, más bien, se les iba a devolver dinero a las personas, porque ese nunca ha sido el fin. El fin del proyecto es que los pensionados contribuyan a partir de los ¢2,2 millones”, enfatizó Xiomara Rodríguez.

Cobro a expresidentes

De las 18 mociones discutidas este miércoles, 11 las presentó el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Rodolfo Peña.

Todas las propuestas tenían el objetivo de recortar las pensiones de los expresidentes, las cuales tienen cargo al Presupuesto Nacional.

De todas las mociones del rojiazul, los diputados aprobaron una, la cual establece el cobro de contribución especial solidaria a las pensiones de los exmandatarios en una escala entre el 25% y el 55%, dependiendo de cuán alto sea el monto que reciben.