Dos mociones aprobadas a última hora por los diputados, dentro de un proyecto de ley sobre pensiones de lujo, incrementarían el giro de dinero a jubilados que hoy reciben montos millonarios.
Un beneficiario con una pensión bruta de ¢5,7 millones mensuales percibiría ¢180.000 más en el monto neto, por ejemplo.
Las propuestas las incluyeron dentro del texto que intenta equiparar el cobro de contribuciones solidarias a las jubilaciones de lujo, de la diputada Xiomara Rodríguez, de Restauración Nacional (PRN).
El espíritu del plan era elevar el cobro de los aportes solidarios a las pensiones millonarias del Magisterio, el Gobierno y el Poder Judicial, al aplicar esta deducción a todos los beneficios superiores a ¢2,2 millones.
Sin embargo, los dos cambios aprobados por los diputados el miércoles pasado, en la Comisión de Asuntos Sociales, tendrían como efecto que se reducirían los cobros por concepto de cotizaciones, al tiempo que aumentarían las contribuciones solidarias.
Según cálculos elaborados por La Nación, esos ajustes harían que grandes pensionados de lujo perciban un incremento en el dinero que reciben cada mes, en lugar de una reducción.
La disminución de las cotizaciones fue aprobada en comisión mediante dos mociones al expediente 21.035, de la propia congresista Xiomara Rodríguez.
Este proyecto ya fue dictaminado positivamente y ahora está en el proceso de discusión de mociones de fondo presentadas en el plenario.
Sobre las mociones aprobadas, la número 7 establece que el aporte obrero del 13% sobre las pensiones de la Corte se cobre “hasta por un monto que no supere los ocho salarios base del puesto más bajo pagado en el Poder Judicial”, es decir, ¢3,5 millones. Actualmente, se cobra sobre la pensión total.
En tanto, la moción número ocho hace la misma propuesta, pero para las pensiones de Gobierno y exdiputados, o sea, las administradas por la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo.
A estas se les cobraría cotización hasta por un máximo de ¢2,2 millones. Actualmente, la cotización se cobra sobre el total de la pensión y oscila entre un 9% y un 16%. Mientras más grande es el monto, mayor es el porcentaje, pero con este cambio, el cobro máximo quedaría en alrededor de un 13%.
“En todos los casos, la cotización obligatoria dispuesta en este artículo para los pensionados y jubilados será hasta por el monto correspondiente a ocho salarios base del puesto más bajo de la Administración Pública”, dice la moción.
La Nación hizo el ejercicio de calcular el efecto que tendría el proyecto sobre cuatro pensiones de Gobierno: una de ¢5,7 millones, una de ¢4,7 millones, una de ¢3,7 millones y una de ¢2,7 millones.
El resultado fue el siguiente: a los tres pensionados más altos se les rebajaría menos dinero que hoy, mientras que el último sí pagaría un poco más.
Por ejemplo, al que recibe ¢4,7 millones la contribución solidaria le subiría de ¢723.000 a poco más de ¢1 millón, pero a la vez la cotización bajaría de ¢700.000 a menos de ¢295.000. En suma, vería ¢105.000 a su favor con este proyecto.
En la jubilación de ¢3,7 millones, la ganancia sería de ¢28.000 para el retirado y, en la de ¢2,7 millones, el Gobierno sería el que ganaría ¢44.000 mensuales.
Para las pensiones más altas, como la de ¢13 millones, por ejemplo, el efecto sería cero, porque, si bien el cobro por contribución solidaria sería mayor, el Estado no puede cobrar más de un 55% de la pensión bruta entre contribución, cotización, impuesto de renta y seguro de salud.
En la Corte, para una pensión de ¢4,7 millones, el proyecto implicaría que la contribución solidaria suba de ¢83.000 a más de ¢1 millón, mientras que la cotización baja de ¢611.000 a ¢455.000. Aquí sí habría un saldo a favor del fondo por más de ¢800.000.
Sin embargo, si no se hubiese aprobado la moción sobre las cotizaciones, el ahorro en favor del fondo habría sido mucho mayor, de alrededor de ¢950.000, de manera que la moción aprobada reduce el efecto del proyecto en el régimen del Poder Judicial.
‘No está claro el beneficio'
El superintendente de Pensiones, Álvaro Ramos, dijo a La Nación que “de entrada, no está claro el beneficio adicional en seguridad jurídica y sí se observa un posible incremento en la pensión neta en pensionados de más de ¢4 millones”.
No obstante, aclaró que el proyecto de la diputada restauracionista cuenta con un criterio positivo de la Superintendencia de Pensiones (Supén).
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Evitar la doble imposición
Las mociones de cambio aprobadas las propuso la propia autora del texto: la diputada Xiomara Rodríguez.
Según la legisladora y dos de sus asesores quienes la ayudan a impulsar el plan, Tatiana Villalobos y Luis Nautilio Trejos, la decisión de dejar de cobrar la cotización obligatoria a unas pensiones y cobrar la contribución solidaria a otras la tomaron por una sugerencia de la Supén.
La diputada explicó que un equipo de asesores de esa entidad les recomendó no cobrar una doble imposición, es decir, contribución solidaria y cotización a la vez,
No obstante, hoy tanto a los pensionados de gobierno como a los del Poder Judicial se les cobran ambos rubros: cotización obligatoria de entre un 9% y un 16% al primer grupo –dependiendo de cuán grande sea su pensión– y de un 13% a los jubilados judiciales.
“La (cotización) obligatoria no va a llegar hasta el tope máximo de pensión, sino que llega hasta la base exenta de la solidaria. ¿Qué había que hacer? Ponerle un tope a la obligatoria, que además tiene un porcentaje menor que la solidaria. En ningún escenario cabría pensar que estamos dejando exento a alguien”, aseguró Trejos.
Villalobos añadió que no se trata de que algunas personas dejarán de contribuir, sino que ya no lo harán en el rubro de la cotización obligatoria, pero sí en la casilla de la contribución solidaria.
“Del octavo al décimo salario base, la gente contribuía obligatoriamente, ahora lo harán solidariamente. No dejan de contribuir, sino que pasan a hacerlo solidariamente. De lo contrario, no habría equidad, porque sería un rango de contribuyentes los que tendrían la doble imposición. Los más altos tendrían la solidaria y los más bajos no tendrían ninguna”, argumentó la asesora.
Sobre las mociones, el superintendente dijo que todavía no las conoce y que, por lo tanto, la Supén tendrá que estudiarlas.
En tanto. Rodríguez enfatizó que estas se presentaron para que no queden cabos sueltos.
"Las mociones salen para dejar claro y tratar de armonizar un poquito más el proyecto. Por las mismas recomendaciones que nos hizo la Supén, es para que no se dé a interpretaciones, sino que cada régimen al que tocamos está claro de que la base exenta la vamos a bajar a ocho salarios base.
“Lo que hicimos fue aclarar eso, porque la recomendación que ellos nos dieron es que en esto de las pensiones no se debe dejar nada a interpretación, sino que todo debe quedar claro”, concluyó.
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