La Comisión de Asuntos Sociales del Congreso dictaminó afirmativamente este miércoles un proyecto de ley que permitiría gravar 3.700 pensiones de lujo adicionales, mediante el cobro de contribuciones solidarias.
La iniciativa de la legisladora Xiomara Rodríguez, del Partido Restauración Nacional (PRN), establece que pagarán aportes solidarios todas las jubilaciones superiores a los ¢2,2 millones de los regímenes Transitorio de Reparto del Magisterio (RTR), Gobierno y Exdiputados, así como del Poder Judicial.
El dinero recaudado por ese medio irá a la caja única del Estado.
A favor de la propuesta votaron los ocho miembros de la Comisión de Sociales presentes al momento de la votación. No hubo oposición alguna.
Los aportes solidarios se cobrarían en forma escalonada sobre los montos que se excedan a partir de los ¢2,2 millones: mientras más alta sea la pensión, más alta es la contribución.
En los sistemas de Magisterio y Gobierno, por ejemplo, se rebajaría un 25% sobre los primeros ¢550.000 que se excedan, mientras que se deduciría un 65% sobre cualquier monto por encima de los ¢5 millones.
Una pensión de ¢2,6 millones tendría que pagar ¢100.000 de contribución aparte de la cotización y del impuesto de renta.
En tanto, una pensión del Magisterio de ¢10 millones tendría que pagar ¢1,9 millones de aporte solidario en vez de los ¢1,5 millones que se le fijan hoy.
Además de la restauracionista Rodríguez, el proyecto lo dictaminaron Yorleny León, Luis Antonio Aiza y María José Corrales, de Liberación Nacional (PLN); Ivonne Acuña y Nidia Céspedes, de Nueva República; Catalina Montero, de Acción Ciudadana (PAC); y Patricia Villegas, de Integración Nacional (PIN).
¿Por qué Rodríguez propuso el proyecto?
Actualmente, estos regímenes de pensiones tienen casi 65.000 beneficiarios y una parte de ellos alcanza montos de hasta ¢14 millones mensuales.
En años anteriores, la Asamblea Legislativa creó una figura denominada “contribución solidaria”, la cual consiste en hacerle un rebajo a los pensionados de lujo debido a los montos tan altos que reciben.
Sin embargo, los rangos utilizados por los legisladores provocaron que sea muy pequeña la cantidad de beneficiarios a los que se les rebaja este aporte especial:
-En el RTR del Magisterio, la contribución solidaria se cobra a quienes reciben más de ¢3,9 millones, con lo cual solo la pagan 760 de los 43.000 pensionados
-En el régimen de Gobierno y Exdiputados, se cobra a partir de los ¢2,7 millones, de manera que solo pagan el aporte especial unos 380 de 18.300 pensionados
-En el régimen del Poder Judicial, se cobra a partir de los ¢4 millones, con lo que únicamente 159 de 3.900 beneficiarios deben pagar aporte
El proyecto de Xiomara Rodríguez, al bajar y equiparar el rango a partir del cual se deduciría la contribución solidaria, a ¢2,2 millones, permitiría gravar en forma adicional:
-En el RTR del Magisterio: 2.300 pensiones más
-En Gobierno y Exdiputados: 600 pensiones más
-En el Poder Judicial: 830 pensiones más
Además, este cambio provocará que las pensiones más caras paguen más dinero por el aporte especial, pues las gradas que establecen los porcentajes de pago empiezan en un monto más bajo y crecen conforme más alta sea la pensión.
Actualmente, por contribuciones solidarias, el Gobierno recupera apenas un 0,8% del gasto total en las pensiones del RTR del Magisterio y de Gobierno, aunque existe un criterio según el cual es posible deducir hasta un 55% de las pensiones brutas a los beneficios más altos.
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La legisladora Rodríguez relató que la Dirección Nacional de Pensiones prometió hacer un cálculo del ahorro que generaría este proyecto.
Esta información fue confirmada a La Nación por Luis Paulino Mora, director nacional de Pensiones
Mora afirmó que sí es posible aumentar la cantidad de personas que deben pagar contribuciones solidarias, siempre que las deducciones no superen el 55% de la pensión bruta tomando en cuenta también cotizaciones, impuestos, seguro de salud y cualquier otra reducción ordenada por ley.
“No hay problema siempre y cuando se respete el principio de no confiscación”, dijo el funcionario.
Amplio margen para recortar pensiones de lujo
De los ¢740.000 millones que demandaron las pensiones de lujo en el 2018 al Gobierno, los beneficiarios hacen aportes muy pequeños en comparación con el monto recibido.
FUENTE: BASES DE DATOS DE PENSIONES DE REGÍMENES DE GOBIERNO Y TRANSITORIO DE REPARTO DEL MAGISTERIO DEL 2018 || C.F. / LA NACIÓN.
Después de dictaminado, los diputados aprobaron una moción para que se consulte el proyecto al Ministerio de Hacienda, a la Procuraduría General de la República, a las juntas de pensiones del Magisterio Nacional y del Poder Judicial, así como a la Contraloría General y al Ministerio de Trabajo.
Igualmente, se pidió criterio a todas las operadoras de pensiones, al Instituto Costarricense de Ferrocarriles, al Registro Nacional y la Corte Suprema de Justicia, las universidades públicas y la Dirección de Pensiones.El Ministerio de Educación Pública, la Tesorería Nacional, la Superintendencia de Pensiones y el Banco Central de Costa Rica también deberán emitir criterio.Esos criterios se recibirán en el plenario del Congreso, debido a que la etapa del trámite legislativo ya superó el estudio en la Comisión de Sociales.