Silvia Artavia. 2 octubre
Cambios de última hora beneficiarían a los mayores pensionados del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio, administrado por Jupema, el régimen más costoso que paga el Gobierno. Fotografia: Graciela Solis
Cambios de última hora beneficiarían a los mayores pensionados del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio, administrado por Jupema, el régimen más costoso que paga el Gobierno. Fotografia: Graciela Solis

A última hora, los diputados aprobaron un conjunto de mociones que protegerán a los pensionados de lujo dentro del proyecto de ley para equiparar el cobro de contribuciones solidarias a estas jubilaciones.

El expediente 21.035 (Ley para fijar topes equitativos a las pensiones de lujo), nació para cobrarles aportes solidarios a todas las pensiones que superen los ¢2,2 millones, lo que permitiría gravar más de 3.700 adicionales. La iniciativa es de la diputada Xiomara Rodríguez, del Partido Restauración Nacional (PRN).

Sin embargo, ajustes aprobados en las últimas semanas, en la Comisión de Asuntos Sociales, van en el sentido de resguardarles privilegios a las jubilaciones millonarias, antes de que el texto sea discutido en el plenario.

Por ejemplo, a la hora de que el proyecto fue dictaminado, se introdujo un artículo que les reduciría el pago por cotización obligatoria a los mayores pensionados del Régimen de Reparto del Magisterio Nacional (RTR).

Se trata de una reforma al artículo 70 de la ley 2248, una de las legislaciones que regulan al RTR.

Actualmente, estos pensionados del Magisterio pagan por cotización, entre un 8,75% y un 16%, en forma escalonada, hasta por un monto de ¢3,9 millones. El dinero que perciban por encima de esa cifra está exento.

Sin embargo, con el cambio a ese artículo 70, los jubilados de lujo pagarían cotización hasta por un monto de ¢2,2 millones y verían exento el resto del dinero.

Así, para un pensionado que recibe ¢10 millones mensuales, la cotización bajará de ¢473.300 a unos ¢198.000.

De acuerdo con cálculos elaborados por La Nación, de los ¢554.000 millones que demandan al año las jubilaciones del Magisterio, hoy el Gobierno recupera casi ¢30.800 millones mediante el cobro de cotizaciones (¢26.166 millones) y aportes solidarios (¢4.600 millones).

La versión original del proyecto de la legisladora Rodríguez habría permitido elevar la deducción por contribuciones solidarias a ¢18.700 millones, al tiempo que la recaudación por cotizaciones permanecería igual. Así, los contribuyentes se ahorrarían poco más ¢44.850 millones.

Sin embargo, luego del cambio, la recaudación por cotizaciones bajaría a unos ¢20.700 millones, con lo cual el ahorro final se reduciría a ¢39.500 millones, es decir, el Estado dejaría de percibir ¢5.400 millones.

Esa variación en el cobro de cotizaciones beneficiará a los mayores pensionados de lujo del Magisterio.

Casi 3.200 jubilados, los que más ganan, pagarán menos por cotizaciones, mientras que unos 19.000 seguirán pagando lo mismo que hoy y 20.400 continuarán exentos.

El ahorro será menor

Esta es una explicación gráfica de cómo, con la nueva versión del proyecto 20.035 sobre pensiones de lujo, el ahorro será menor para los contribuyentes en el caso de las pensiones del Magisterio, las más costosas de todas.

FUENTE: CÁLCULO PROPIO CON BASE EN PROYECTO DE LEY Y BASE DE DATOS DEL 2018.    || w. s. / LA NACIÓN.

Un ‘error’ y un ‘contrasentido’

El cambio es catalogado como un “error” y un “contrasentido” por el director nacional de Pensiones, Luis Paulino Mora.

Así consta en una nota enviada por Mora a la diputada Rodríguez el 17 de setiembre, luego de revisar el proyecto de ley dictaminado el 4 de ese mismo mes en la Asamblea.

Según Mora, la iniciativa conservó un “error vigente” en la ley 2248, que actualmente exonera del pago de cotización obligatoria a los montos excedentes de los ¢3,9 millones recibidos por los pensionados del Magisterio.

“Si bien la adapta (la ley) a la nueva suma exonerada de ocho salarios base para la contribución especial solidaria, mantiene el error que tiene su versión vigente. Este consiste en liberar, de la cotización ordinaria, los montos de pensiones y de salarios de trabajadores activos que superan el importe exento”.

De hecho, el director nacional de Pensiones considera contradictoria la medida.

“Parece un contrasentido desde el punto de vista del principio de solidaridad que deben promover los regímenes de jubilación. Esto es que paguen más quienes reciban más”, concluyó Mora en la carta.

Desacierto se replica en pensiones de Gobierno y Corte

Este martes, La Nación reveló que, en la revisión de las mociones presentadas en el plenario, la Comisión de Asuntos Sociales también avaló reducir el pago de la cotización obligatoria a los pensionados de lujo del Gobierno y del Poder Judicial.

En el caso de las pensiones de Gobierno, ese cambio provocaría que los grandes pensionados de lujo vean incrementado su pago mensual, aunque se reduzca la base del cobro de la contribución solidaria.

Por ejemplo, el beneficiario de una pensión bruta de ¢5,7 millones mensuales recibiría ¢180.000 más en el monto neto.

Estas fueron presentadas el primer día de mociones de fondo en el plenario legislativo, vía artículo 137 del reglamento del Congreso, el lunes 23 de setiembre.

Dos días después, el miércoles 25, fueron aprobadas en la Comisión de Asuntos Sociales.

Otra exoneración

La iniciativa 21.035 tiene otros cambios. Por ejemplo, el texto base aclaraba que se exoneraban de la contribución solidaria las pensiones complementarias reguladas en la Ley 7983, de Protección al Trabajador.

Sin embargo, en los cambios de última hora se incluyó en esa exoneración el siguiente texto: “Y cualquier otra complementaria que exista en la Administración Pública”.

Estos son regímenes complementarios que corresponden a un beneficio adicional a la pensión básica para algunos funcionarios de instituciones autónomas, según especifica el sitio web de la Superintendencia de Pensiones (Supén).

Este tipo de pensiones existen, por ejemplo, en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Banco de Costa Rica (BCR), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

‘No es tan claro que sea un error’

El diputado José María Villalta, del Frente Amplio, presentó varias mociones al proyecto, pues considera que tiene errores técnicos en el texto.

Uno de estos es la exoneración de los pensionados del Magisterio de pagar la cotización a partir de los ¢2,2 millones.

“Eso, lo que tiene por efecto, es favorecer a las pensiones más altas, las que superan los ocho salarios base. Quedaría sin contribuir la diferencia sobre ese tope”, comentó el frenteamplista.

Según contó, se percató de que el error venía en el texto dictaminado por la Comisión de Asuntos Sociales y por eso presentó la propuesta de cambios.

"Nosotros detectamos que en el dictamen venía el error. Pensamos, inicialmente, que podía ser una mala técnica legislativa, porque no tiene ninguna lógica que se introduzca un beneficio que a quienes va a ayudar es a los pensionados más altos.

“Por eso presentamos mociones en el primer día, para corregir eso, pero fueron rechazadas. Más bien, lo que nos encontramos es que se aprobaron esas dos mociones, que extienden el mismo problema para el Poder Judicial y Gobierno. Hacen el problema más grande, entonces ya no es tan claro que sea un error”, argumentó Villalta.

Otra de las diputadas quien consideró que la iniciativa 21.035 debe revisarse es Yorleni León, del Partido Liberación Nacional (PLN).

El pasado jueves, en plenario, ella presentó una moción para que el proyecto fuera devuelto a comisión vía artículo 154 del Reglamento legislativo.

El propósito de León era que, en ese foro, se le pudieran incorporar al texto “una serie de observaciones”, de manera que no sea necesario hacerlas a última hora, en el segundo día de mociones 137, que todavía está pendiente.

Sin embargo, ese mismo día la liberacionista retiró la moción.

“Conversé con la diputada Xiomara y quedamos en que ella iba a procurar que el segundo día de mociones del proyecto no se le quemara en esta semana, para, de esta manera, tener el chance de terminar de revisarlo y preparar las mociones que permitirán hacer las correcciones que consideramos pertinentes”, explicó León.

¿Cuáles serían esos ajustes? Según León, hay que revisar las bases de las que parte el cobro solidario, así como los topes que plantean las mociones aprobadas la semana anterior.

Otra de las inquietudes de León radica en el tema de las “multipensiones”, es decir, las personas que reciben más de una pensión.

Para la legisladora, se debe determinar muy bien la pensión a la cual se le cobrará la contribución especial solidaria.

Colaboraron los periodistas Esteban Oviedo y Natasha Cambronero.