Ana Virginia Calzada, expresidenta de la Sala Constitucional y candidata presidencial del Partido Centro Democrático y Social (CDS), aseguró que la discusión política alrededor de las llamadas pensiones de lujo responde a un ejercicio de “populismo” orientado a engañar a la población.
“Con el tema de las pensiones de lujo, lo que se ha hecho es populismo, porque así pueden engañar a la población sobre qué es o no una pensión de lujo”, afirmó la exmagistrada a La Nación, el 11 de setiembre, tras ser ratificada como candidata del CDS.
Calzada señaló que, durante su vida laboral, aportó entre un 10% y un 13% de su salario al régimen de pensiones del Poder Judicial, mientras que otros trabajadores apenas cotizaban un 2%.
Actualmente, recibe una pensión bruta mensual de ¢7.936.794,19 que, tras las deducciones de ley, se reduce a un monto neto de ¢3.968.397,10, según datos confirmados por el Poder Judicial.
No obstante, la candidata presidencial demeritó los cuestionamientos hacia los altos montos de jubilación que perciben algunos exfuncionarios públicos.
“Yo creo que aquí lo que se ha hecho con el tema de las pensiones de lujo es hacer populismo, porque con eso pueden, efectivamente engañar a la población, de qué efectivamente es o no una pensión de lujo”, reiteró.
La expresidenta de la Sala Constitucional argumentó que si bien ella cotizó durante 25 años de su carrera profesional para tener su pensión actual, “ya nos quitaron un 55%”. Lo dijo en referencia al aporte solidario que se aplica a las jubilaciones del Poder Judicial superiores a los ¢2,6 millones.
Rebajos aplicados a pensiones
En su respuesta a La Nación, el Poder Judicial destacó que el régimen del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial aplica una serie de deducciones que ya fueron establecidas legalmente, las cuales se detallan a continuación.
En el 2018, Calzada fue una de los 12 exmagistrados que acudieron a la Sala Constitucional para oponerse a la reforma que redujo las pensiones de la Corte.
En aquel momento, interpusieron recursos de amparo contra la aplicación de la ley que fijó una contribución solidaria de entre un 35% y un 55% a los pensionados con jubilaciones superiores a ¢4,1 millones.
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Hasta antes de esa reforma, los jubilados del Poder Judicial podían retirarse con el 100% del promedio de los últimos 24 salarios. Luego, el monto se redujo al 82% del promedio de los últimos 20 años y se estableció un tope: ninguna pensión puede superar diez veces el salario base más bajo del Poder Judicial —hoy fijado en ¢462.200—, lo que equivale a un máximo de ¢4,6 millones.
Además, se aumentó del 11% al 13% la cotización que hacen los funcionarios judiciales al régimen, como parte de las medidas para contener el gasto en jubilaciones.
En julio del 2020, empezó a regir la última ley que elevó las contribuciones solidarias. Los rebajos también aplican para las pensiones que superen los ¢2,3 millones en los antiguos regímenes del Magisterio y de Gobierno.
En cambio, en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el tope es de ¢1.765.000.