Doce exmagistrados acudieron a la Sala IV para oponerse a la reforma legal que redujo las pensiones de lujo de la Corte.
Ellos interpusieron recursos de amparo contra el acuerdo mediante el cual el Consejo Superior del Poder Judicial puso en práctica el proyecto de ley aprobado por los diputados el 19 de abril de este año.
Con la entrada en vigor de la reforma, se les rebajó una contribución solidaria a los pensionados que reciben más de ¢4,1 millones al mes. Se les deduce entre un 35% y un 55% del monto que se exceda sobre ese tope.
Otros siete exjerarcas judiciales, como dos antiguos directores del OIJ, también acudieron a la Sala IV con la misma intención, al igual que la viuda de un magistrado, para un total de 20 amparos que se encuentran en etapa de estudio.
El sistema de jubilaciones del Poder Judicial fue reformado recientemente por la Asamblea Legislativa con el objetivo de cerrar un déficit actuarial de ¢5,3 billones en este régimen.
Entre los cambios, se aumentó de 60 a 65 años la edad de jubilación y de 30 a 35 los años de servicio necesarios para acogerse al retiro.
El expresidente Luis Guillermo Solís firmó la reforma el 24 de abril y esta empezó a regir el 22 de mayo, fecha en que se publicó en La Gaceta.
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Los demandantes
Los exmagistrados que acudieron a la Sala IV son Eduardo Sancho González, Magda Lorena Pereira Villalobos, Álvaro Fernández Silva, Luis Fernando Solano Carrera, Rodrigo Montenegro Trejos, Alfonso Chaves Ramírez, Anabelle León Feoli, Ana Virginia Calzada Miranda, Eva Camacho Vargas, Mario Alberto Houed Vega, Rolando Vega Robert y Adrián Vargas Benavides.
También lo hicieron los exdirectores del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Francisco Segura Montero y Jorge Rojas Vargas, así como el exdirector ejecutivo del Poder Judicial: Alfredo Jones León.
La lista la completan Alejandro López McAdam, exjuez y exmiembro del Consejo Superior de la Corte; Milena Conejo Aguilar, también exintegrante del Consejo Superior; Lupita Chaves Cervantes, exmagistrada suplente; Rafael Sanabria Rojas, exjuez, y Rosa Iris Gamboa Monge, viuda del exmagistrado Édgar Cervantes Villalta.
"Es más un tema político"
El exmagistrado Rolando Vega dijo que, aunque está de acuerdo con algunas de las modificaciones al régimen, considera que la reforma se trató de un tema político, “para quedar bien con la opinión pública”.
“La reforma de la Ley Orgánica (del Poder Judicial) debe discutirse jurídicamente, porque es un tema de derecho y los alcances de esa reforma, aunque son más políticos y en muchos aspectos los comparto, también deben ser analizados por los tribunales de la República”, aseveró.
El exfuncionario judicial consideró que era necesario ajustar, en el régimen de pensiones, aspectos como los porcentajes de cotización, los requisitos de edad para cogerse a la jubilación y el tiempo de servicio.
Sin embargo, dijo que era importante dilucidar un tema de derechos adquiridos por los ahora pensionados y los actuales funcionarios de la Corte.
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Vega, quien se pensionó en el 2015 a la edad de 57 años, luego de 37 años laborados en el Poder Judicial, recibe una pensión de poco menos de ¢4 millones al mes.
Según explicó, con las reformas al régimen, su pensión se disminuirá en alrededor de un 60%.
“Si usted tiene un derecho incorporado a su patrimonio y de un momento a otro se afecta ese derecho, hay que analizar si las razones por las cuales se está dando esa afectación son válidas jurídicamente o no”, enfatizó.
Asimismo, el exmagistrado aseguró que, aunque era importante realizar ajustes, estos debieron realizarse de una manera gradual, como se ha hecho con temas salariales y de vacaciones, por ejemplo.
Más de los cambios
Antes de la reforma, los jubilados del Poder Judicial podían retirarse con una pensión correspondiente al 100% del promedio de los últimos 24 salarios.
A partir de ahora, ese cálculo bajará al 83% del promedio de los últimos 240 salarios
Además, en lugar de pensionarse con 30 años de servicio, podrán hacerlo hasta que cumplan los 35 años laborados.
Los cambios también tocan los montos máximos con los cuales pueden retirarse las personas para evitar que haya pensiones de hasta ¢10 millones.
Ahora, el techo será de ¢4 millones, es decir, diez veces el salario base más bajo de la Corte.
Por otra parte, crece de un 11% a un 13% la cotización que hacen los empleados al régimen, mientras que los aportes del Estado y del Poder Judicial se mantienen iguales, en un 1,24% y un 14,36%, respectivamente.