Cada juez del Tribunal Penal de Quepos tiene a su cargo casi 370 expedientes, una cifra que creció un 44% en solo tres años, lo que refleja un incremento constante en las cargas de trabajo en el Poder Judicial.
Costa Rica tiene solo 189 jueces para tramitar 30.000 causas penales, lo que equivale a un promedio de 159 casos por juzgador.
En junio de este año, el Tribunal de Quepos tenía un circulante de 1.108 causas penales que deben ser tramitadas por solo tres jueces o, en ciertas circunstancias, por jueces suplentes a los que recurre la entidad a partir de una lista que posee cada despacho. Tres años antes, en el 2022, la cantidad de expedientes en esa misma sede era de 769.
Esta situación se replica en muchos tribunales de Costa Rica con consecuencias negativas para la búsqueda de justicia pronta y cumplida.
La saturación puede llevar a situaciones como la que trascendió en marzo, cuando se supo que la escasez de jueces retrasó un juicio contra un hombre de apellidos Álvarez Ulate, acusado de dos delitos de violación, debate que está pendiente desde marzo del 2021.
Álvarez Ulate es sospechoso de la desaparición temporal de una adolescente, de 16 años, en Moravia, quien fue localizada el 4 de marzo por la tarde en Parrita junto a él.
También se acumulan causas cuando un Tribunal está enfocado en un solo juicio de alta complejidad, como el del femicidio de la anestesióloga María Luisa Cedeño, cuyo debate tardó cerca de siete meses (entre setiembre del 2022 y abril del 2023) y que se repetirá con dos de los tres imputados, según lo dispuso una sentencia del Tribunal de Apelación.
Aunque estaba a cargo del Tribunal de Quepos, este juicio se realizó en Goicoechea por cuestiones de espacio y seguridad.
Pero Quepos no es el único tribunal en esta situación. El Tribunal Penal de Cartago tiene un promedio de 357 casos por juez, mientras que el de San Carlos, de 294.
La tendencia se extiende a nivel nacional. En cuestión de 30 años, las plazas de jueces se duplicaron, mientras que la cantidad de nuevos expedientes por año se triplicó. Esto provocó que el promedio nacional de expedientes que entran anualmente por cada juez pasara de 56 a 84 entre 1995 y el 2024, según datos de la Dirección de Planificación del Poder Judicial.
Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera, explicó que el mayor desafío para la institución es resolver esta saturación sin crecer en plazas, debido a las restricciones impuestas por la regla fiscal (incluida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas), la cual impone límites al gasto estatal de acuerdo con el nivel de endeudamiento que tenga el país.
Diferentes medidas se han tomado durante los últimos años. Por ejemplo, entre el 2022 y el 2024 se crearon Tribunales de Juicio adicionales en distintos puntos de Costa Rica por periodos de tres meses, donde el personal se rotaba para atender los casos de delitos sexuales de mayor antigüedad.
Sin embargo, el ingreso de expedientes sigue en aumento y se torna urgente una solución más profunda. De momento, el caballo de batalla del Poder Judicial es un proyecto para aumentar la cantidad de juicios que puede atender un solo juez, en lugar de tres. Este plan también facilitaría el reemplazo de abogados defensores cuya agenda choque con la del Tribunal.
Se trata de una reforma al Código Procesal Penal, redactada por la Sala Tercera y respaldada por la Corte Plena.
El Poder Judicial estimó que, con esta reforma, cerca de un 80% de los juicios tendrían un solo juez, en vez del 60% actual, lo que le daría espacio a más jueces para asumir otros casos.
La estimación es que, de los 113 jueces que actualmente resuelven de manera colegiada con otros dos, 56 pasarían a actuar unipersonalmente.
La magistrada Solano aseguró que, de momento, el proyecto no ha afrontado oposición de los jueces, quienes pasarían a asumir de forma individual juicios que hoy son juzgados entre tres.
“En noviembre hicimos un conversatorio, dejamos una página abierta para que quien tuviera observaciones de cualquier naturaleza nos las hiciera saber. De la Judicatura, no hemos conocido ninguna oposición para que puedan conocer en modo unipersonal estos asuntos”, dijo la magistrada a La Nación.
Este diario contactó al Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales (Sitrajud), pero al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
Por otra parte, el expediente 24913 establece que, si un abogado defensor no puede asistir al juicio, el imputado dispondrá de un máximo de cinco días para nombrar a otro profesional; de lo contrario, se le asignará un defensor público con el fin de evitar retrasos.
El Colegio de Abogados cuestionó esa idea, al señalar que se podría vulnerar el derecho de defensa. Para la magistrada Patricia Solano, la medida es razonable, pues solo se aplicaría en casos excepcionales.
“No hay ningún derecho fundamental que sea absoluto. Todos los derechos tienen limitaciones y ustedes me dirán, ¿qué prevalece? ¿El interés colectivo en que asuntos de mucha relevancia avancen o el interés particular de que alguien quiera que uno solo sea su abogado?“, cuestionó.
La jurista expuso el proyecto el pasado 29 de julio ante la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.
“Un señor diputado me decía, ‘¿cómo hacemos para que ingrese menos al Poder Judicial?’. Esos son elementos exógenos al Poder Judicial. Desde mi óptica, invirtiendo en seguridad, en educación y en lo social, es la única forma y está determinado con los estudios sociológicos de todo el mundo", señaló.
Además de las restricciones de la regla fiscal, el Poder Judicial también encara retos de infraestructura, pues incluso si pudiera contratar más jueces, se tendrían que construir nuevas salas de juicio.
“No tenemos salas, no siempre están a disposición como en el Primer Circuito de San José, que es el lugar que tiene la mayor cantidad de salas de juicio. En Bribrí, en un momento dado, los juicios se hacían en el gimnasio de la escuela”, mencionó Solano.
“Imagínense cuál es el riesgo de personas detenidas y de asuntos de criminalidad grave en el gimnasio de la escuela con los niños ahí, tener los custodios o hacer ahí los juicios porque la sala de juicios no lo permitía”, agregó.
A pesar del fuerte aumento en la carga de trabajo en pocos años, Solano no cree que esto afecte la calidad de las sentencias ni las vuelva más propensas a ser anuladas en otras instancias.
“Lo que existe es, más bien, una preocupación de los jueces cuando nos dicen: ‘Vean, tenemos esta cantidad de asuntos, ya señalamos la agenda 2027 y sumando, ¿qué hacemos? Necesitamos un refuerzo para poder sacar adelante el despacho porque también estamos cansados’“, afirmó.