La escasez de jueces en el Tribunal de Quepos, en Puntarenas, retrasó el juicio contra un hombre de apellidos Álvarez Ulate, acusado de dos delitos de violación, pendiente desde marzo de 2021.
Álvarez Ulate es sospechoso de la desaparición temporal de una adolescente, de 16 años, en Moravia. Esta menor fue localizada el martes 4 de marzo por la tarde en Parrita junto a él.
La Fiscalía de Quepos y Parrita indicó que Álvarez Ulate tiene un expediente abierto desde 2018 (18-000783-0457-PE) por dos delitos de violación, uno por abuso sexual contra una menor de edad y otro por seducción de menores por medios electrónicos. Según el ente acusador, los hechos ocurrieron en Boca Vieja, El Cocal, en Quepos.
La víctima es una niña que, al momento de los hechos, tenía 12 años. Álvarez Ulate figura como acusado desde el 24 de noviembre de 2020. El 2 de marzo de 2021, el Juzgado Penal de la zona realizó una audiencia preliminar y acogió la solicitud de la Fiscalía para ordenar un juicio, que aún no se ha llevado a cabo.
LEA MÁS: Sujeto asociado a desaparición de Valentina tiene juicio pendiente por violación a niña de 12 años
El Poder Judicial manifestó que no ha sido posible programar el debate de este caso debido a que el Tribunal de Quepos cuenta únicamente con tres jueces, quienes deben atender los juicios de Garabito, Parrita y Quepos.
El Tribunal también reportó un aumento en la cantidad de casos recibidos. La entrada anual creció de 289 en 2022 a 343 en 2023, y el año pasado cerró en 454.
El Poder Judicial detalló que el Tribunal recibe un promedio de 40 casos mensuales, pero solo tiene capacidad para dictar 32 sentencias o medidas alternas. Debido a la limitación, no puede absorber la totalidad de los procesos ingresados.
“Por ello se realizan las gestiones necesarias ante el Consejo Superior para que se analice la posibilidad de dotar de más recursos o bien una reestructuración de la competencia del Tribunal”, indicó el Poder Judicial en un comunicado.
Señalaron además que el Tribunal prioriza los procesos en los que las personas imputadas están privadas de libertad, son adultas mayores o corresponden a la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres y delitos sexuales en perjuicio de menores de edad.
Explicaron que ante la importancia de los atrasos en casos de delitos sexuales, el Poder Judicial mantenía varias baterías de jueces, fiscales y defensores que, a nivel nacional, atendían estos procesos, logrando una reducción significativa en el número de casos pendientes. Sin embargo, por razones presupuestarias, el proyecto fue eliminado.
El Poder Judicial explicó que, debido a restricciones presupuestarias, no ha sido posible asignar más jueces al Tribunal, por lo que se evalúa que otro tribunal de la zona brinde apoyo al flujo de casos de Garabito y Quepos.
