EscucharLos 89 días de huelga en el 2018 inauguraron un proceso de aprobación sin precedentes en escuelas y colegios de todo el país. El 2019, con sus alteraciones esporádicas, y el 2020, con la pandemia a todo vapor, no hicieron mella en los resultados, buenos en apariencia y trágicos en la realidad.
En Cartago, para citar uno de varios ejemplos incorporados a nuestra información del domingo 18 de abril, la reprobación de la quinta parte de los alumnos era habitual; sin embargo, en el 2020, cayó al 1,94 %. Los colegios públicos aprobaron, en el 2018, al 97,1 % de sus alumnos; en el 2019, al 92,2 %; y las cifras del 2020, una vez consolidadas, serán similares, a juzgar por los datos ya conocidos de las direcciones regionales.
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El Departamento de Estadística del Ministerio de Educación Pública (MEP) registra las promociones extraordinarias, pero nadie se hace ilusiones. Las autoridades admiten cambios en los criterios de evaluación, evidentemente más laxos, aunque no utilizan ese adjetivo. La explicación es «multifactorial» e incluye el diseño de evaluaciones más «justas» para compensar lagunas creadas por huelgas y pandemias.
Según el Ministerio, el fenómeno también podría obedecer a las reformas para disminuir el valor de las pruebas y dar más peso al trabajo cotidiano, las tareas y la asistencia. Además, cita los ajustes en las normas sobre promoción y repetición de cursos (repitencia). No obstante, todos sabemos lo sucedido. Buena parte de los contenidos del currículo básico no fueron impartidos a los estudiantes. Si persistiéramos en dudar, bastaría con echar una mirada a los desastrosos resultados de las pruebas universitarias de diagnóstico.
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Al parecer, los evaluadores de la Universidad de Costa Rica no atendieron explicaciones multifactoriales ni llamados a la justicia. En matemáticas, los resultados se volcaron de cabeza en relación con las promociones del MEP: un 96 % de los 3.827 evaluados reprobó las pruebas de diagnóstico practicadas a los aspirantes a estudiar ingeniería, ciencias básicas o las relacionadas con salud. Solo 153 fueron calificados con 70 o más, la nota promedio fue 33 y hubo 600 exámenes calificados con 25. Otros 550 tuvieron una nota de 20 y no faltaron resultados peores.
En efecto, no es justo culpar a los estudiantes por las interrupciones del curso lectivo; sin embargo, asegurarles una formación apta para desempeñarse en nuevos planos del aprendizaje o incorporarse al mercado de trabajo no es culparlos, sino cumplir la promesa de educarlos. El sistema les falló y no puede disimularlo con excusas o terminología hueca.
Culpables son miles de docentes incorporados a la huelga aun a falta de una sincera convicción, especialmente quienes omitieron registrar las notas del segundo semestre, en cuya ausencia el MEP definió la calificación final con otros criterios. Culpables son los dirigentes que incitaron a estudiantes desinformados y desorientados para cerrar escuelas y colegios con los pretextos más absurdos, incluida la rotulación de los servicios sanitarios o el supuesto espionaje con drones. Culpable es un sistema incapaz de sentar responsabilidades por los abusos causantes de la tragedia que hoy se hace evidente.
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Culpable es también nuestra incapacidad para extender la conectividad a todo el territorio y proveer lo necesario para el aprendizaje mientras el mundo lucha contra una pandemia. No importan las razones ni las excusas. Costa Rica no puede tener cientos de millones de dólares ociosos cuando la necesidad de invertirlos es tan obvia.
Las autoridades deben sincerarse con el país y transmitir las dimensiones reales de la tragedia educativa de los últimos años. Nada se gana con disimularla y mucho aprenderemos de una valoración sin tapujos y sin distorsiones.
