EscucharLa Presidencia, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) anunciaron un conjunto de medidas dirigidas a estimular el uso de autobuses eléctricos para el servicio regular de transporte de pasajeros. La tecnología ya está madura, como lo demuestran planes piloto ejecutados en varios países.
Chile comenzó probando un autobús eléctrico en las calles de Santiago y ya está a punto de estrenar 90. Los buses son fabricados por la firma BYD, transformada en la principal comercializadora china de este tipo de vehículos a partir de sus orígenes, en 1995, como fabricante de baterías para teléfonos celulares.
Una batería de 324 kilovatios (kW) mueve los motores eléctricos situados en las ruedas traseras, brinda 250 kilómetros de autonomía y se recarga en tres horas y media. El vehículo rinde 1,5 kilómetros por kilovatio hora. Es hasta cuatro veces más barato que el de diésel y la recarga puede hacerse de madrugada, cuando baja la demanda energética y, también, el precio. Los costos normales de mantenimiento son inferiores en un 70 %, dada la simplicidad del motor eléctrico, menos exigente de lubricantes y piezas de repuesto.
Esas son, apenas, las ventajas económicas de la nueva tecnología, cuya más sobresaliente virtud es el beneficio ambiental, y no solo por la reducción de gases de efecto invernadero. Los motores eléctricos son más silenciosos y contribuirán, en el futuro cercano, a disminuir la contaminación sónica en las ciudades.
China no es la única potencia industrial empeñada en desarrollar la tecnología y en el transporte público no es su única aplicación. Los analistas del sector han revisado sus cálculos de la fecha de encuentro de los precios de los autos eléctricos y los de motor de combustión. Inicialmente, la estimaron para el 2029, pero los avances en la tecnología de baterías obligaron a ajustarla para el 2023.
En ese momento, con el mismo precio, las marcas concebidas bajo el sistema de electrificación serán mejor negocio, sin siquiera considerar los beneficios ambientales. El precio de un vehículo de combustión será mucho más caro y, cada vez más, las políticas ambientales castigarán la quema de hidrocarburos. La supervivencia de la humanidad lo demanda.
Costa Rica se ha venido abriendo a la nueva tecnología y hay convenientes incentivos fiscales y de otra naturaleza, como la exención de las restricciones vehiculares, para quienes estén dispuestos al cambio, hoy, tempranero, y, en el futuro, inevitable. La transformación acelerada en el ámbito del transporte público sería un avance extraordinario. Por eso, la iniciativa anunciada merece todo reconocimiento y apoyo.
El ICE colaborará en los estudios y el acompañamiento técnico necesario para instalar la infraestructura requerida por las empresas de transporte, incluida la red de distribución, los transformadores y la medición inteligente del consumo según las necesidades y ubicación de los planteles. En el primer trimestre del 2020, la Aresep anunciará una tarifa eléctrica plana para favorecer la carga de baterías en los establecimientos del transporte público en todo el país.
La banca estatal anunció líneas de crédito especiales para la compra de automóviles, autobuses y taxis eléctricos. La tasa de interés es muy atractiva, así como el plazo. Además, financiarán el 90 % del valor del vehículo.
No obstante las ventajas anunciadas, algunos transportistas ya manifiestan escepticismo. Quizá haya entre ellos varios interesados en evitar el cambio. Lo han logrado durante décadas contra la sectorización y el cobro electrónico. Esta vez no se les puede permitir hacer su voluntad. El aire de la Gran Área Metropolitana contiene hasta 50 micrómetros por metro cúbico de partículas contaminantes, cuando el máximo debería ser 40. Esas sustancias son causa de graves enfermedades y llegan a producir la muerte, sin contar los daños más generales de los gases de efecto invernadero. El gobierno hace bien al estimular el cambio por las buenas, pero debe estar preparado para imponerlo.
