La revisión técnica de vehículos era “una experiencia nefasta” hace 30 años cuando el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) la tenía a cargo, dice el actual titular de esa cartera, Rodolfo Méndez Mata. El calificativo lo comparten, casi sin excepción, los ciudadanos con edad para recordar.
El ecomarchamo, pese a la promesa implícita en su nombre, tampoco cumplió una verdadera función de protección ambiental, y por las calles circulaban vehículos inseguros, con el sello de aprobación de los inspectores. El servicio lo brindaban unos 80 talleres autorizados y en la mitad de ellos las autoridades constataron irregularidades de conocimiento común entre los ciudadanos. La revisión era una renta para los concesionarios y una carga para los propietarios de vehículos. Por lo demás, el ejercicio tenía escasa utilidad.
En aquel momento, la ciencia del cambio climático y los gases de efecto invernadero estaba en pañales, pero San José comenzaba a experimentar la mala calidad del aire. Es difícil imaginar cómo nos habría afectado el explosivo crecimiento del parque vehicular si hubiéramos mantenido los sistemas de revisión empleados en esa época.
En respuesta a una acción de inconstitucionalidad contra los artículos de la ley de tránsito referidos a la autorización para brindar el servicio, Méndez Mata, uno de los más profundos conocedores del MOPT y sus procesos, comenzó por recordar el caos de la revisión practicada a los vehículos con más de 15 años de antigüedad y a los autobuses de servicio regular “en un viejo galerón en el parque de la Sabana, situado en la parte este del viejo Estadio Nacional”. Los funcionarios carecían de la capacitación adecuada y los equipos eran obsoletos.
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Luego vino el fracaso del ecomarchamo y los talleres autorizados. En uno y otro caso estuvo siempre presente el fenómeno de la corrupción, con daños para el ambiente y la seguridad en las vías. “Se presentaban casos en los que el propietario del vehículo, sin llevarlo al taller, obtenía el documento de aprobación de gases. En otros, los mismos talleres que hacían la revisión ofrecían reparaciones mecánicas, so pretexto de pasar las revisión de gases”, afirmó el ministro.
La solución surgió en el 2002, cuando el gobierno licitó el servicio y se instauró la revisión a cargo de Riteve. Desde el principio, la firma arrastra el estigma de ser la única proveedora. Veinte años más tarde, con la prórroga de su contrato a punto de vencer, no ha podido librarse de esa crítica ni de las suspicacias relacionadas con ella. Pero Riteve funcionó. La búsqueda de nuevos operadores del servicio no puede echarlo en el olvido porque, cualquiera que sea la solución encontrada, el país no puede retroceder en los efectos benéficos de una inspección profesional, ejecutada con los recursos humanos y materiales exigidos por la técnica.
Antes, los interesados en burlar las inspecciones acudían a talleres autorizados con fama de ser “comprensivos”. Ahora, van a otros talleres para reemplazar temporalmente un tubo de escape demasiado ruidoso o hacer un cambio de llantas provisional. Con esos ardides, logran burlar a Riteve, pero no con la misma facilidad.
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Para evitar esas maniobras, la revisión técnica debe ser reforzada con medios para ejercer la supervisión en las vías. Medir los decibeles de un motor para determinar el exceso de ruido puede hacerse con un aparato especializado en manos de un oficial de tránsito, pero la debilidad de ese cuerpo policial es bien conocida.
El país debe ampliar el control de emisiones, sonido y seguridad a las carreteras, pero no retroceder en la revisión practicada año tras año desde el 2002. Por eso, preocupa que a seis meses de vencer la prórroga del contrato y sin posibilidad de otra renovación no exista un plan para dar continuidad al servicio. El Estado recibirá, de conformidad con el contrato, los activos de Riteve, pero todavía no sabe qué hacer con ellos. La licitación para las nuevas contrataciones está estancada y no hay solución a la vista. Cuando menos, la sociedad debe exigir un servicio equiparable y sin interrupción. En juego está el aumento de la inseguridad en las carreteras, la salud —especialmente de los pobladores de zonas urbanas— y el ambiente.
