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En los últimos 20 años, Costa Rica evitó heridos y muertes por accidentes causados por fallas mecánicas y mal estado de los vehículos; igualmente cayeron las emisiones contaminantes. Estos hechos son resultados de la revisión técnica vehicular que, establecida por ley, forzó a los propietarios de automotores a asegurar el buen estado de las unidades.
¿Cuánta fue la contribución? En el 2019, la empresa Riteve, responsable de la revisión desde 2002, divulgó un análisis realizado por el profesor Wolfgang H. Schulz de la Universidad de Zeppelin (en Friedrichshafen, Alemania), con datos de la reducción de los accidentes en Costa Rica vinculada con aquella actividad.
Schulz revisó estadísticas de accidentes de la Dirección General de la Policía de Tránsito. El investigador determinó que hubo una caída del 27% en la estadística en el primer año de funcionamiento pues los accidentes cayeron de 68.900 a 52.000 (16.900 menos). Para el 2006, la merma de colisiones alcanzó el 39% con 46.100 registros. Eso equivale a 22.800 menos respecto a cuatro años antes.
El investigador también revisó las estadísticas oficiales de muertes en carretera para los años 2003 y 2015. Luego depuró los datos de casos ligados a consumo de alcohol, exceso de velocidad y otros sin vínculo con el estado del automotor. A continuación tejió, con ayuda de modelos matemáticos, relaciones entre esos datos y el registro general de colisiones durante los mismos años.
Según sus hallazgos, la revisión técnica habría evitado al menos 1.500 muertes del 2003 al 2015 en las vías por causa del mal estado de los vehículos. Su estudio también le permitió atribuir al servicio unos 120.000 heridos menos por esas causas.
“La implementación de Riteve tiene un efecto significativo y medible en la reducción de accidentes viales en Costa Rica. Es posible estimar el número de accidentes de tráfico evitados, las muertes evitadas y el número de heridos evitados. Sin embargo, la cantidad de los posibles beneficios se subestima porque no se pudieron considerar otros efectos debido a la falta de datos o de información”, indica la investigación.
El servicio controló con el tiempo las emisiones de vehículos a falta de un mantenimiento adecuado, además del deterioro visible en luces y parabrisas o problemas más graves, como sistemas de freno en mal estado, llantas desgastadas, calentamiento excesivo del motor y cortocircuitos en el sistema eléctrico.
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Otro efecto de la revisión fue la mejora en protección de la propiedad de los vehículos ante la aparición de errores y alteraciones en la identificación de las unidades. Tantas alertas generó este punto de las inspecciones que fue necesario un acercamiento con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), para realizar pesquisas.
El jefe de ese cuerpo policial, Wálter Espinoza, relató uno de esos casos en el anuario estadístico de Riteve SyC del 2020.
“A modo de ilustración, se presentó un caso reciente en el que las inspecciones permitieron a nivel técnico develar irregularidades en dos automotores de procedencia mexicana, asimismo comunicar de inmediato a la Policía Judicial por parte de Riteve. Se confirmó la manipulación de los números de identificación de ambos automotores”, detalló Espinoza.
En los laboratorios policiales se descubrieron las identificaciones originales las cuales revelaron que esos vehículos habían sido robados en México.
Actualmente, la empresa encargada de la revisión técnica también sirve de aliada para notificar a dueños de carros que estarían circulando con bolsas de aire defectuosas, según una alerta mundial.
Ante la petición de ayuda de la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema), Riteve ha notificado a más de 16.500 propietarios entre el 2020 y el 2021 cuando llegaron a la inspección de su carro.
Solo seis meses
En este momento, el país está en riesgo de quedarse, al menos por un tiempo, sin revisión técnica, dada la lentitud del Estado para licitar un nuevo contrato para revisión técnica, pues el actual con Riteve vence en julio.
Aunque intentó conseguir una prórroga del convenio, la Contraloría General de la República (CGR) lo rechazó, como se dio a conocer este martes.
La solicitud de extensión de plazo la hizo en diciembre el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), órgano del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). El jerarca de esa entidad, Edwin Herrera, justificó la gestión en la supuesta imposibilidad de enrumbar un nuevo proceso de contratación debido a una acción de inconstitucionalidad acogida para estudio, cuya resolución en la Sala IV podría demorar hasta dos años.
Según la CGR, la justificación no es válida, porque la impugnación planteada ante la sala no afecta el proceso que tiene que echar a andar el Estado.
