“Una experiencia nefasta”, “simples autorizaciones”, “irregularidades’. Así recuerda Rodolfo Méndez Mata, jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), cómo funcionaba la revisión vehicular cuando era esa cartera la que se ocupaba de velar por el buen estado de la flotilla nacional, unos 30 años atrás.
Ese repaso lo hizo en un documento que remitió el 25 de noviembre a la Sala Constitucional, al responder una acción de inconstitucionalidad presentada en octubre por la Asociación Preserve Planet contra los artículos 25 ,26, 27 y 28 de la Ley de Tránsito. El grupo reclama que los artículos facultan al Consejo Seguridad Vial a otorgar “autorizaciones indefinidas” a empresas interesadas en dar el servicio de inspección vehicular.
Méndez Mata evoca en el texto el caos que eran las inspecciones técnicas antes de la actual, introducida en el 2002. Según recordó, para realizar la labor, el MOPT montó un único centro de inspección “en un viejo galerón en el parque La Sabana, situado en la parte este del viejo Estadio Nacional”, el cual operó durante la década de los 90.
Allí se verificaba la condición de los vehículos con una antigüedad superior a 15 años y la flota de autobuses en rutas de servicio regulares. Sin embargo, aquello era un desorden.
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“Aquella inspección técnica era un caos cada fin de año y los alrededores del entonces Estadio Nacional se convertían en un parqueadero a cielo abierto de vehículos particulares, camiones de carga, autobuses, busetas y microbuses, cuyos propietarios se peleaban por tener un espacio para ser atendidos y obtener simples autorizaciones para luego proceder al pago de sus derechos de circulación”, describió el ministro.
Méndez admite que, “como era de suponer” llovieron críticas al MOPT al explicarle a los altos jueces que el aguacero de señalamientos era por la insuficiencia y la deficiencia de los equipos usados en aquella inspección y la pobre capacitación del personal a cargo.
Desde entonces, dijo, el Gobierno entonces empezó a ver la conveniencia de licitar el servicio. Sin embargo, las autoridades lanzaron en 1995 un proyecto para la contratación de talleres particulares que asumieran parte de la revisión. La iniciativa se llamó Ecomarchamo y fue otro fracaso, añadió.
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Los talleres participantes, relató en el texto, asumieron únicamente el control de las emisiones y gases contaminantes como parte de las obligación constitucional del Estado de tutelar un ambiente ecológicamente sano y equilibrado, como lo establece el artículo 50 de la Constitución Política.
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En esa “aventura”, como la califica el ministro, se contrataron 80 talleres particulares en todo el país.
“Aunque puede afirmarse que un pequeño grupo de talleres cumplió con sus propósitos y responsabilidades, hubo otro grupo mayoritario en el que se detectó la generación de diversas irregularidades”, refirió.
El menú de faltas de los talleres que enumeró el jerarca incluye “acentuada parcialidad”, “poca confiabilidad en la veracidad de sus resultados” y “deficiencias que condujeron a su cierre”; esto último por procedimientos fraudulentos detectados.
“Por ejemplo, se presentaban casos en los que el propietario del vehículo, sin llevarlo al taller, obtenía el documento de aprobación de gases. En otros, los mismos talleres que hacían la revisión, ofrecían reparaciones mecánicas, so pretexto de pasar las revisión de gases”, indica el documento.
La suma de deficiencias del MOPT en la inspección junto al fracaso del Ecomarchamo, agregó el ministro, “generaron desconfianza e insatisfacción en la población”, declaró el ministro.
