Editorial: Peligra programa de informática educativa

Si esa es la condición para la subsistencia de la iniciativa, hay razones para temer su desaparición. El convenio existe desde 1988 y es difícil imaginar su compatibilidad con una estrategia inédita o, quizá, inexistente. Expertos de las facultades de educación se unieron a investigadores independientes y funcionarios del propio Ministerio para denunciar la falta de planteamientos coherentes, con sustento técnico y claridad de objetivos.

La ministra no logró despejar las dudas en su comparecencia ante la Asamblea Legislativa, donde declaró que la llamada Ruta de la Educación “no es ningún documento, no es un plan, no es un plan operativo, es un proceso vivo”. Pedir el alineamiento del exitoso programa informático, con 35 años de funcionamiento, a una estrategia tan mutante y, en consecuencia, difícil de definir, es fijar una barrera muy alta.

Lo mismo puede decirse de los educadores en general y esa es, precisamente, la esencia del debate actual. Si nadie conoce el rumbo y cuando los expertos insisten en obtener un documento orientador se les provee, con tardanza, un juego de 56 diapositivas en el sitio oficial del MEP, no es difícil comprender la confusión.

Vista la larga vida del Programa Nacional de Informática Educativa y sus éxitos, el MEP debería integrarlo a cualquiera que sea su política educativa en lugar de forzar su “alineamiento” con las promesas y aspiraciones expresadas en las diapositivas. Hay poderosas razones para hacerlo, comenzando por la imposibilidad de sustituir el programa con medios propios del despacho.

Una polémica decisión de la Contraloría General de la República excluyó, en el 2021, a la Fundación Omar Dengo del desarrollo de la Red Educativa del Bicentenario, ideada para cerrar las brechas tecnológicas imperantes, porque a juicio de la Contraloría el MEP transfirió sus potestades constitucionales y legales a una entidad privada, y renunció a funciones de planificación, dirección, control, coordinación y definición de indicadores de desempeño, entre otras.

En aquel momento, el Ministerio se expresó con sinceridad y admitió la imposibilidad de ejecutar el proyecto por su cuenta, pues la Dirección de Informática atiende los asuntos tecnológicos de las oficinas centrales y regionales, pero carece de medios para ocuparse de los centros educativos.

Ese antecedente acrecienta las dudas sobre el futuro del Programa Nacional de Informática Educativa en ausencia de la Fundación. Las intempestivas decisiones del MEP y la insistencia en medir el proyecto con el parámetro de una “ruta” hasta ahora desconocida justifican la creciente preocupación por el posible abandono del convenio.

La Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa recibirá a la ministra Müller para escuchar sus razones. La oportunidad se presta para pedirle precisar, una vez más, los fundamentos de la Ruta de la Educación y confrontarla con la crítica emanada de todos los rincones del sector educativo. Esa discusión es esencial para evaluar el pretendido alineamiento del programa informático o salvarlo de un destino similar al de las pruebas FARO, desaparecidas sin consulta previa ni medios para sustituirlas.