De acuerdo con la Superintendencia de Pensiones (Supén), unos 6.900 jubilados reciben más de ¢1,5 millones mensuales del régimen de reparto de los docentes. Los datos, a junio del 2018, muestran que el monto promedio de pensión mensual asciende a ¢1,1 millones, lo cual supera los ¢387.000 de los pensionados del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social. En el régimen del magisterio nacional, sostenido mayormente con aportes del presupuesto de la República, hay jubilados cuyos beneficios brutos alcanzan los ¢12 millones al mes, cifra inaceptable en un país de mediano ingreso, como Costa Rica.
El esquema de pensiones del magisterio nacional se cerró en 1992, cuando fue creado el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC), administrado por la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema). Sin embargo, según informamos, el RCC nació con problemas actuariales porque los pagos por pensiones tienden a crecer a gran velocidad, al proyectarse que el número de jubilados pasará de los cerca de 2.000 en la actualidad a unos 30.000 dentro de 15 años. El problema radica en que las cotizaciones permanecerán prácticamente estancadas hasta el 2029 y de ahí en adelante más bien comenzarán a descender. Esa combinación peligrosísima, de gastos crecientes e ingresos a la baja, obligará pronto al RCC a comerse la reserva actual (Fondo de las pensiones de maestros entra en apuros en el 2033, La Nación, 23/4/2019).
El adverso panorama que enfrentará el RCC en un futuro cercano llama a tomar medidas correctivas desde ahora. Una posibilidad, en ese sentido, es optimizar la rentabilidad de las inversiones del fondo de reserva para que —sin elevar el riesgo de las inversiones— aporte más recursos por concepto de intereses. Esto exige una administración muy profesional. Otra solución es elevar las cuotas de los beneficiarios, que está hoy en el 8 %.
También está la alternativa de aumentar la contribución patronal del 6,75 % al 8 % o más, como ha propuesto Jupema. Sin embargo, como la mayoría de los beneficiarios potenciales (73 %) son docentes del Ministerio de Educación Pública, un incremento estatal lesionaría las finanzas del Gobierno Central. Esta circunstancia le resta viabilidad a la medida.
Procede, por tanto, revisar los beneficios del RCC en cuanto a edad de retiro, número de cotizaciones y cálculo de los beneficios para adoptar cuanto antes las reformas legales a fin de asegurar la sostenibilidad financiera del esquema en el tiempo.
Los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto nacional no fueron concebidos como las anualidades ofrecidas por las compañías de seguros comerciales, cuyos pagos guardan una relación lógica actuarial con la aportación de los beneficiarios. Los regímenes con cargo al presupuesto de la República suelen estar acompañados de una gran dosis de riesgo moral, pues se suele prometer más de lo que los pagos de los afiliados (“primas”) permiten. En sus inicios, cuando nadie califica para el retiro, ellos acumulan reservas que dan la idea de solvencia, pero tienden a resultar insuficientes, a veces muy insuficientes, para atender los compromisos asumidos cuando más y más trabajadores califican para la pensión.
Las pensiones con cargo al presupuesto nacional mal concebidas se constituyen en pasivos fiscales contingentes, que cuando se materializan pueden llevar a crisis severas. Por fortuna, los estudios actuariales serios permiten identificar los posibles problemas antes de que afloren y es obligación de las autoridades del país actuar a tiempo. Los problemas del RCC deben ser enfrentados con firmeza hoy, no mañana.
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