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La reducción en los aportes obrero-patronales y el incremento de nuevos pensionados generarán, a partir del 2033, que el fondo de pensiones del Magisterio Nacional comience a usar la reserva para pagar jubilaciones.
Así se proyecta en la más reciente Evaluación Actuarial del Régimen de Capitalización Colectiva (RCC), de marzo anterior.
En el estudio muestra que primero se comenzarán a usar porciones pequeñas de los intereses generados por las inversiones de la reserva; pero la necesidad de dinero irá creciendo lo cual generará el consumo de todos lo intereses y el decrecimiento de dicho fondo, a partir del 2044.
Para lograr el equilibrio futuro del fondo, el estudio recomendó generar un rendimiento anual real del 5,10% de los recursos administrados y elevar la contribución al sistema del 15,99% actual, a 16,58%.
De esta forma, el fondo no llegará a número rojos, pues el análisis cifró en ¢12.865 millones el superávit a valor presente (a colones de hoy).
En la actualidad, el trabajador aporta 8% de su salario al mes, el patrono 6,75% y el estado 1,24%.
Opciones de reforma
La Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), administradora del RCC, prevé revertir el primer momento crítico del régimen, cuando se usa la reserva, mediante reformas legales.
Una de las medidas es permitirle a Jupema mayor diversificación en las inversiones dentro y fuera del país, reconoció Róger Porras, director ejecutivo de la Junta. Esta iniciativa ya está en la corriente legislativa para su discusión.
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La segunda medida es equiparar el porcentaje de contribución patronal al RCC con la del trabajador. Es decir, llevar el aporte del Ministerio de Educación Pública (MEP) hasta el 8% desde el 6,75% actual.
Porras reconoció que esta iniciativa ya fue avalada por la Junta Directiva de Jupema; pero no se impulsará aún en el Congreso por la situación fiscal del Gobierno.
“Dentro de Jupema la medida está planteada como una necesidad (...) somos totalmente claros que con la situación fiscal actual la medida no tiene viabilidad política. Pero no puede ser que el trabajador cotice más que el patrono”, argumentó Porras.
El RCC se creó en 1992 cuando se cerró el anterior fondo de jubilaciones del Magisterio Nacional, cuyo pago es con cargo al Presupuesto Nacional.
El sistema de capitalización colectiva contaba con 96.019 cotizantes activos, el 73% son docentes del MEP. Aunque también cubre a maestros de escuelas privadas y profesores de universidades públicas y privadas.
Asimismo, contaba con solo 1.752 jubilados a diciembre del 2018, de las cuales el 44% son beneficios por sucesión ya sea de hijos o cónyuge de docentes fallecidos.
La reserva del régimen ascendió a ¢2,5 billones a diciembre pasado. El 85% de dichos recursos están invertidos en bonos de deuda, principalmente del Gobierno, y el restante 5% corresponde al saldo de la cartera de créditos de Jupema.
Los números
Las presiones para el RCC comienzan conforme más docentes obtengan el beneficio de jubilación por vejez en los próximos años.
De los menos de 2.000 jubilados actuales se pasará, en 15 años, a casi 30.000 personas, según el estudio actuarial.
Sin embargo, la contribución al régimen no será suficiente para soportar el pago de beneficios, pues irá en disminución, según la proyección con escenario cerrado del estudio.
En el 2033, el aporte obrero-patronal al fondo ascenderá a ¢168.063 millones; pero el pago de jubilaciones será de ¢190.390 millones.
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Los ¢22.327 millones faltantes saldrán de los intereses generados por las inversiones de la reserva. El monto a utilizar de dicho fondo continuará creciendo en los años posteriores. Incluso la proyección actuarial prevé que sea de hasta ¢500.000 millones en el 2044.
Precisamente en ese año, la reserva del régimen iniciará un proceso de descenso desde los ¢10,06 billones; pero no caerá a números negativos.
“Cabe destacar que la tasa para el equilibrio actuarial suponiendo el incremento de las pensiones igual que inflación es de 5,50%. Esta tasa es la meta para las inversiones del fondo, porque así las pensiones no perderían valor adquisitivo en el futuro”, resalta el informe.
El Director Ejecutivo del RCC resaltó que, precisamente, el 5,50% de rendimiento es la meta que se imponen lograr cada año, pero aceptó que en las condiciones legales de inversión actuales lograrlo se dificulta.
Desde la creación del régimen se estableció que solo puede invertir recursos en Costa Rica y en instrumentos que sean de oferta pública, es decir, aquellos negociados en la Bolsa Nacional de Valores.
Por ejemplo, el fondo no puede destinar recursos al fideicomiso de la ampliación de la carretera Bernardo Soto, pese a ser administrado por el Banco de Costa Rica (BCR), pues no es de oferta pública, recalcó Porras.
“Por ley no podemos invertir afuera. La iniciativa es poder invertir hasta el 20% (de los recursos administrados). El objetivo es que sea escalonado se empieza primero con un 5% e irá en aumento escalonado cada tres años de cinco puntos porcentuales”, explicó el funcionario.
Al cierre del año pasado, el 64% de las inversiones del régimen estaba en bonos de deuda emitidos por el Ministerio de Hacienda, 16% en instituciones públicas, el 12% del Banco Central y el 8% en sector privado.
