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Para regalarnos, en el mejor de los casos, un tanque o un tanque y medio de gasolina, los diputados abrieron un hueco de ¢30.000 millones en las finanzas públicas. En la mayoría de los casos, el obsequio no llega ni a eso. En promedio, los autos tienen capacidad para 45 litros de combustible. Llenar el depósito con gasolina regular costaría unos ¢32.000, pero los conductores más beneficiados por la rebaja del impuesto a la propiedad incorporado al marchamo del 2022 apenas ahorrarán ¢44.330.
Se trata de propietarios de vehículos valorados en ¢15 millones. Por encima de ese precio, no hay rebaja, y hacia abajo la reducción progresiva llega hasta autos valorados en ¢1 millón, con ¢16.780 de ahorro. Hacia la mitad de la lista están los vehículos valorados en ¢9 millones, cuyo impuesto bajará en ¢32.330, exactamente el equivalente al costo del tanque lleno.
La brecha creada en las finanzas públicas no quedará abierta. La pagaremos todos, incluidos quienes no gozan de vehículo. Puede ser mediante otros impuestos, el recorte de programas sociales o la limitación de servicios, es decir, de algún lado saldrá el dinero. Por lo pronto, la fuente más probable es el recorte de gastos, y uno de los rubros más críticos porque no hay sectores organizados para defender el presupuesto son los servicios asistenciales. Bien puede ser que los más necesitados terminen invitando a los propietarios de vehículos al tanque gratis, obligada cortesía de ellos, no de los diputados.
Hay resultados todavía peores. Estamos en plena revisión del convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, aparte de coyunturales resultados cuantitativos, se ha avanzado muy poco en la aprobación de las reformas acordadas. Por el lado del gasto, la ley de empleo público es todavía un proyecto y, cuando mucho, podemos aspirar a tenerla votada en primer debate a mediados del mes entrante, justo a tiempo para lograr una mención benévola en el informe para la directiva del organismo financiero. Por el lado de los nuevos ingresos, probablemente lleguemos a mediados de noviembre con las manos vacías y una sola reforma, la del marchamo, dirigida exactamente en la dirección contraria a la esperada.
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Si ese fuera el escenario, el faltante de ¢30.000 millones podría tener un peso desmedido. Para las finanzas públicas, la suma es relativamente modesta; sin embargo, la decisión legislativa de reducir el ingreso en un momento cuando el erario está sumido en crisis transmite una incomprensible indiferencia, especialmente si se contrasta la expedita tramitación legislativa con la falta de urgencia demostrada en lo tocante a la agenda convenida con el FMI.
La importancia del mensaje enviado al exterior fue menospreciada en el 2020, cuando los diputados decidieron eximir a las municipalidades de la regla fiscal contra el criterio del Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República y el Banco Central. Entre los argumentos esgrimidos contra el proyecto de ley estaba la mala imagen proyectada al mercado internacional. La advertencia fue ignorada y pocas semanas más tarde la agencia calificadora Standard & Poor’s degradó la nota de los títulos nacionales a B, entre otras causas, por la reforma aprobada para liberar a las 82 municipalidades del cumplimiento de la regla fiscal y por la negativa del presidente, Carlos Alvarado, a vetar parcialmente la legislación.
La reducción de la nota cuesta dinero y, si bien la aprobación del proyecto de ley fue una entre varias razones, habría sido mucho mejor no tener esa vulnerabilidad. La lección debió quedar entre las aprendidas, mas la reducción del impuesto a la propiedad de vehículos en pleno proceso de revisión del FMI y poco avance a nuestro haber en el cumplimiento de lo convenido invita a dudarlo. La reducción del impuesto sobre la propiedad de vehículos es una ventaja muy pequeña para arriesgar tanto, pero el populismo tiene otras formas de calcular costo y beneficio.
