Política

Rebaja del marchamo 2022 aprobada en Asamblea

Los diputados aprobaron este martes en primer debate el proyecto para rebajar el impuesto a la propiedad que se cobrará dentro del marchamo del 2022, únicamente para los vehículos valorados en menos de ¢15 millones. El descuento oscilará entre el 9% y el 45%.

La iniciativa tuvo 35 votos a favor y solamente votaron en contra siete legisladores, seis del Partido Acción Ciudadana (PAC) y la independiente Paola Vega, luego de promover varias mociones para reducir los descuentos en el proyecto, sin ningún éxito.

El cobro del impuesto a la propiedad de los vehículos quedaría de esta forma:

A los vehículos de carga liviana se les aplicará una reducción adicional del 20% sobre el monto del impuesto.

Aparte de la reducción en el impuesto a la propiedad de los vehículos, también se incluye una condonación para cerca de un millón de marchamos atrasados, si el propietario de los respectivos vehículos pagan el derecho de circulación antes del 1.° de enero del 2022.

La reducción se aprobó pese a la advertencia del Gobierno de que ese plan generaría un hueco de ¢30.000 millones en las finanzas públicas, así como la preocupación del Fondo Monetario Internacional (FMI) por la señal que dicha propuesta envía.

El tributo sobre la propiedad de los vehículos representa el 63% del valor del marchamo. El resto equivale a varios componentes, entre ellos el seguro obligatorio de automotores (SOA).

Adicionalmente, los congresistas incluyeron en el proyecto descuentos extra para los autobuseros y los taxistas, a través de rebajas en los cánones de regulación.

A los autobuses se les reduciría, en un 50%, el canon que deben pagar a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). Así mismo, se les aprobó un descuento del 16,79% en el canon del Consejo de Transporte Público (CTP).

A los taxistas se les baja el canon de Aresep a la mitad. Esos beneficios adicionales para los propietarios de transporte público no fueron justificados dentro del proyecto.

En su intervención por el fondo, la jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Laura Guido, reclamó que no se hiciera ninguna proposición para cubrir el hueco fiscal de al menos ¢30.000 millones que se generan en las finanzas del Estado.

Alegó que se trata de una decisión irresponsable, a la vez que enfatizó que el Ministerio de Hacienda solamente ha hecho una estimación conservadora del faltante, pues no consideró los vehículos nuevos.

“Los propietarios de algunos vehículos corresponden a los deciles más altos de la sociedad. La ruta de la responsabilidad fiscal es no mermar los ingresos públicos”, dijo Guido.

Añadió que no entiende si la oposición quiere aumentar la deuda para financiar los gastos del Estado o desfinanciar algunas instituciones.

El independiente Erick Rodríguez Steller atacó al PAC, por el discurso sobre responsabilidad fiscal, pero también a los proponentes de la rebaja porque dijo que la reducción es “un pichuleo”. El legislador declaró: “Esto es un acto politiquero porque vienen las elecciones. Quieren decir que ‘gracias a mi voto se rebajó el marchamo’, pero cobran el marchamo cuando no nos han dejado circular”.

Además de la rebaja y la condonación, el plan impide que el beneficio de reducción aplique a vehículos personales o de los cónyuges, o sociedades jurídicas, de miembros de los supremos poderes, presidente, vicepresidentes, ministros, viceministros, diputados, magistrados de la Corte Suprema y del Tribunal Supremo de Elecciones, contralor y subcontralor, procurador y subprocurador, defensor y defensor adjunto, así como los jerarcas de las superintendencias.

Tampoco se podrán beneficiar los jerarcas y miembros de las juntas directivas de los bancos del Estado y las instituciones públicas, los alcaldes, vicealcaldes e intendentes.

El beneficio no aplicará a naves, buques y aeronaves, que deberán pagar el ciento por ciento del impuesto. Un artículo adicional del proyecto 22.519 establece que los permisos especiales de estudiantes, trabajadores y turismo, con vigencia hasta diciembre del 2021, serán prorrogados por todo el 2022, sin necesidad de nuevos trámites.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.