EscucharSi Gerardo Corrales hubiera escrito el viernes que le notificaron una auditoría tributaria, nadie se habría fijado. Si hubiera dicho que los funcionarios de Hacienda tuvieron, por petición suya, la amabilidad de entregarle los documentos en el Estadio Nacional, donde se celebraba el diálogo multisectorial, no habríamos comprendido por qué le pareció importante informar de su inclusión entre cientos de personas auditadas cada año.
El incidente alcanzó notoriedad, en primer lugar, por la cuidadosa descripción de las circunstancias: “Esta mañana, mientras asistía a la mesa multisectorial convocada por el gobierno en el Estadio Nacional, me visitaron dos funcionarios de Hacienda para notificarme la iniciación de un proceso de fiscalización…”.
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No fue en su casa ni en su oficina, sino en un lugar donde el Ministerio de Hacienda supo, de alguna forma, que lo encontraría. No puede culparse a quienes hicieron zumbar teléfonos y redes sociales con asombro y preocupación por la aparente aunque inexplicable persecución.
La narración inicial alimenta esas sospechas al insinuar la sorpresa del notificado: “Obviamente entenderán mi reacción y ahí mismo llamé a mis contactos en Tributación a ver qué es lo que pasa…”. Tampoco fue así. Cuando los notificadores llegaron al Estadio, por petición suya, ya habían conversado con Corrales y él había tenido tiempo de llamar al ministro Elian Villegas y al director de Tributación, Carlos Vargas, según dice, para confirmar que no se trataba de una estafa.
Ahora Corrales cree “irrelevante” la circunstancia y el lugar de la notificación, pero sin esos elementos y la clara atribución de lo sucedido a persecución política, el caso habría pasado inadvertido. Llamó la atención, como es obvio, porque omitió decir que pidió a los notificadores buscarlo en el estadio, porque se esmeró en enfatizar el lugar de la notificación y por la descripción de la actividad a la cual asistía.
Las omisiones y ambigüedades conducen a creer en una verdadera emboscada, aprovechando la buena fe de la víctima, sorprendida cuando se aprestaba a colaborar con la pérfida administración a cuyo llamado acudió como buen ciudadano.
El sábado, esa impresión se fortaleció cuando el Diario Extra citó a Corrales en los siguientes términos: “Indicó que la notificación le tomó por sorpresa y tras haber realizado una consulta a los personeros de la cartera hacendaria le notificaron que se había sacado la rifa. Manifestó que le pareció sumamente extraño que hicieran dicho proceso en momentos en que se disponía a discutir y evaluar la situación económica y social por medio de la mesa multisectorial".
Nada de eso es cierto. Ni se sorprendió ni llamó al ser notificado ni le pareció extraño que la notificación se la hicieran cuando se disponía a participar en la mesa multisectorial, pero Corrales, que ahora exige a La Nación un derecho de respuesta, donde no señala imprecisión alguna en nuestras publicaciones, no se molestó para hacer ni la más remota aclaración de la noticia titulada “Fiscalizarán a economista crítico de gobierno”.
Las omisiones y ambigüedades fueron aderezadas, desde el primer momento, con insinuaciones y afirmaciones sobre la motivación del incidente: “Qué gran coincidencia que en millones de personas de este país, sea Gerardo Corrales quien se sacó la rifa” y “estoy impactado por los métodos aleatorios y los mensajes de estate quieto que se envían”.
Corrales no cita el menor indicio de un vínculo entre la auditoría y la presunta intención de enviarle un mensaje de “estate quieto”. Las circunstancias de la notificación podrían servir de indicio, pero, como nada tienen de extrañas, solo queda que Corrales será auditado, como cientos de costarricenses y de conformidad con métodos recomendados por él mismo.
En una columna en La República, fechada 8 de setiembre y titulada "El menú de opciones con el Fondo”, Corrales, quien dice desconocer la materia tributaria, propone “construir modelos de comportamiento de pago tributario y estructura de ingresos y gastos por sectores de actividad económica para dar seguimiento estricto a todas aquellas empresas o individuos que se salgan de estos comportamientos promedio”. Eso, precisamente, hace la administración tributaria mediante auditorías como la notificada en el Estadio Nacional.
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El lunes, cuando la historia de su supuesta persecución política se había posicionado con firmeza, Corrales escuchó la versión de Hacienda en un programa de radio y decidió aclarar lo ocurrido: “No es cierto que la Tributación haya planeado entregarme el documento en la mesa de diálogo”, escribió luego de señalar que fue él quien pidió a los funcionarios notificarle en ese lugar. Aun así, insistió en sembrar la duda sobre las razones por las cuales “se pegó la rifa” justo ahora.
Esa insinuación no la abandona siquiera en el supuesto “derecho de respuesta” de estas páginas, pero no es el gobierno el perseguidor, porque Corrales confía en Villegas y Vargas, sus “conocidos y amigos”, así como “en la objetividad y transparencia de los funcionarios de Tributación”. No obstante, como para hacer la retirada menos dramática, dice desconocer “cómo se maneja eso" en los "mandos medios” y señala, como posible móvil, que ha propuesto el recorte de plazas superfluas en la función pública, como lo han hecho con mayor énfasis y alcance decenas de costarricenses, incluidos periodistas de este diario.
En esta nueva versión, nadie planeó notificarle en el Estadio y todos estamos expuestos a ser auditados, pero extraña que lo auditen a él después de haber propuesto lo que tantos han planteado en relación con el empleo público. La explicación podría estar en los “mandos medios”, cuyo funcionamiento desconoce, porque Corrales confía en la jerarquía, con la cual mantiene vínculos de amistad. El mensaje de “estate quieto”, para alivio de todos, no proviene del gobierno, sino de estratos burocráticos no identificados. Menos mal, porque habría sido una ingratitud pues, según dice en su respuesta, ha formulado “distintas propuestas… para colaborar con el gobierno”.
Corrales dice haber ejercido el derecho de respuesta porque en nuestra información hay “algunas cosas que no fueron precisas”. Rogamos al lector repasar su escrito para constatar la ausencia de un solo señalamiento de imprecisión en lo publicado. Por el contrario, reafirma nuestro relato, omitiendo algunas verdades incómodas, y dedica parrafadas a temas posteriores y ajenos a la publicación, como las gestiones para ejercer el supuesto derecho de respuesta. Por las razones señaladas, el artículo no llena los requisitos establecidos por ley, pero lo publicamos de todas formas, como con frecuencia hacemos, en honor a la amplitud del debate.
En tono de queja, relata que fue referido a la ley cuando preguntó cómo ejercer ese derecho, pero ese es el lugar apropiado para despejar las dudas. El medio no tiene obligación de asesorarle y más bien se expone a un reclamo si la solicitud fuera mal planteada a pesar de nuestra asesoría. Corrales, estudiante de Derecho y beneficiario de una importante consejería legal, a juzgar por la mención de sus “asesores tributaristas” en la entrevista publicada el martes, debería saberlo. Y sí, la ley dice claramente a quien se dirige el derecho de respuesta. También establece el plazo de publicación, por lo que resulta absurda la pretensión de difusión inmediata.
Apenas vale la pena señalar cómo nos enteramos de las llamadas de Corrales al ministro de Hacienda y al director de Tributación. Simplemente les preguntamos luego de que el propio Corrales reveló haber llamado a sus “contactos” (no a sus “fuentes”, en eso sí tiene razón). Este dato, que tanto despierta la curiosidad de Corrales, quedó claramente consignado en el reportaje.
Por último, conviene explicar por qué dedicamos tanto espacio a esclarecer la verdad de lo sucedido. Podemos hacerlo en palabras del propio Corrales. Su mensaje del viernes “estaba causando demasiado ruido”, afirmó, “y en esta circunstancia en que está el país no conviene causar mucha bulla”. Lo mismo pensamos nosotros si la “bulla” consiste en una falsa acusación de persecución política, corrupta y antidemocrática, como la difundida a partir del “malentendido” causado por el relato de Corrales. La crispación del país no necesita más motivos y, sobre todo, no necesita motivos falsos.
