El relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Independencia Judicial, Diego García-Sayán, fue invitado a la Corte Plena por el presidente de esta, Fernando Cruz Castro, pero los magistrados le cerraron la puerta, con excelentes razones, en una desproporcionada votación de 19 en contra y 3 a favor.
García-Sayán opina lo contrario, amparado en endebles razones cuyo comentario dejamos para mañana. Según su criterio, ayuno de sustento y fundado en falsedades y omisiones de mucho grosor, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635), la reforma del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (9544) y la Ley para Redistribuir y Rediseñar los Recursos de la Contribución Especial Solidaria (9796) —que replanteó los topes de pensión máxima y el monto exento de dicha contribución— violan la independencia judicial.
La invitación anunciaba una exposición sobre la elección de magistrados en Costa Rica. Es una materia trascendental y las reformas son urgentes. Sobre eso hemos insistido en este espacio, no siempre en ambientes serenos porque, a menudo, la defensa del principio nos ha puesto en contradicción con la Asamblea Legislativa y las fuerzas políticas interesadas en algún resultado específico. La defensa del principio, por otra parte, nos ha llamado al debate sin distinguir protagonistas o afectados.
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Pero la convocatoria a los magistrados no solo llevaba adjunto el comentario de García-Sayán sobre el sistema de elección de magistrados, fechado el 12 de julio del 2019, sino también sus caprichosas conclusiones, con fecha 27 de octubre del 2020, sobre las leyes de ordenamiento fiscal y hasta la Ley Marco de Empleo Público, todavía en proyecto.
El propio magistrado Cruz, cuando La Nación le preguntó sobre la renuencia de sus compañeros a conceder la audiencia, se refirió a los «informes» del relator, en plural: «Me parece que recibir a un relator sobre la independencia judicial es una deferencia para escuchar sus informes…».
Las conclusiones del relator sobre las leyes de ordenamiento fiscal coinciden, curiosamente, con las expresadas por el presidente de la Corte, quien lo invitó a comparecer, y con los sindicatos del Poder Judicial. Como integrante de la Sala Constitucional, el magistrado Cruz sabe, sin lugar a dudas, que justo en estos días la Sala IV deberá decidir sobre estos asuntos.
Los magistrados están a punto de votar trascendentales resoluciones en materia de jubilación y pronto recibirán en consulta la Ley Marco de Empleo Público. García-Sayán, desde el podio de su cargo de relator de las Naciones Unidas y con su currículo de exmagistrado de la Corte Interamericana, tendría la oportunidad de abogar ante ellos por las posiciones de quien lo invitó, de los sindicatos que activamente promovieron su comparecencia y de los organismos que se prestaron para moldear sus conclusiones, incluido el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, oficioso denunciante de «la violación al principio de independencia judicial; y a los derechos humanos de las personas trabajadoras activas, jubiladas y/o (sic) pensionadas del Poder Judicial» en Costa Rica.
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Todo apunta a una fallida emboscada. La suspicacia no es solo nuestra. Basta con leer los razonamientos de los magistrados opuestos a celebrar la comparecencia. La Corte Plena hizo bien al rechazar la posibilidad de que el relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Independencia Judicial pudiera comprometer ese valor en un acto de suprema ironía. En nada contribuirá el incidente a cimentar la bien ganada reputación democrática de nuestro país, pero la culpa no es de los 19 magistrados, sino de quienes no reconocen límites cuando de la defensa de intereses gremiales se trata.
Es una lástima, porque urge una discusión seria sobre el sistema de elección de magistrados, las salvaguardas de la independencia judicial y la transparencia en la Corte Suprema de Justicia.
