Una mayoría de 19 magistrados rechazó conceder este lunes una audiencia durante la sesión de Corte Plena, al relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Independencia Judicial, Diego García-Sayán, quien se ha pronunciado en defensa de privilegios del Poder Judicial limitados por recientes reformas legislativas.
La decisión la tomaron los altos jueces luego de que, principalmente, Iris Rocío Rojas Morales, de la Sala Primera, y Luis Fernando Salazar Alvarado, de la Sala Constitucional, cuestionaron que el relator hablaría sobre dos informes emitidos durante el 2019 y 2020.
En esos informes, el relator critica la forma en que se aprobaron en Costa Rica leyes que limitaron los beneficios de los funcionarios judiciales y sobre las cuales la Sala Constitucional todavía debe pronunciarse.
Al mismo tiempo, ambos magistrados hicieron ver que se estaba abriendo un espacio para escuchar a un funcionario de muy alto rango en una sesión de Corte, situación que no es conveniente, sobre todo porque la agenda tiene cerca de 50 puntos en espera de ser analizados y que están referidos a temas de “gobierno judicial”.
Tres magistrados Fernando Cruz Castro, presidente de la Corte y quien impulsó que se escuchara a Diego García-Sayán, Luis Guillermo Rivas Loáiciga (Sala Primera) y Álvaro Burgos Mata (Sala Tercera) votaron porque se mantuviera la audiencia.
La votación se realizó pese a que poco antes Fernando Cruz había anunciado que recibió una comunicación de personeros de la ONU, en el sentido de que se venció el tiempo para escuchar a García-Sayán.
La audiencia con el relator fue agendada por el propio presidente de la Corte el viernes anterior, para que expusiera sobre los dos informes que emitió, en el 2019 y el 2020, en los cuales hace referencia a la situación de la justicia en Costa Rica, los mecanismos para la elección de los magistrados y en defensa de los privilegios en el Poder Judicial.
Precisamente, en el segundo documento, en la solicitud número tres, García propone: “Exhortar al Estado de Costa Rica a adecuar su legislación a los principios y garantías de la independencia judicial consagrados internacionalmente y resolver lo antes posible las acciones constitucionales que ponen en entredicho ciertas leyes, sobre todo la ley 9796, la ley 9544 y la ley 9635 que afectan a las personas jubiladas y pensionadas del Poder Judicial así como a los funcionarios judiciales activos al momento de entrada en vigor de las mismas”.
García-Sayán, de 70 años, es un abogado y político peruano. Fue miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) entre el 2004 y el 2014 y la presidió en los últimos cuatro años. Además, fungió como ministro de Justicia en el gobierno de transición de Valentín Paniagua y como ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Alejandro Toledo, entre 2000 y 2002.
‘No deberíamos participar’
Este lunes, Luis Fernando Salazar cuestionó si escuchar a García-Sayán era un tema de Corte Plena, cuando la agenda tiene tres años de atraso.
“Tenemos pendiente de conocer un informe de la Comisión de Género del 2018, que pide igualdad entre hombres y mujeres. Planificación tiene agendado hace más de dos años el tema de los disparadores en el presupuesto del Poder Judicial. Caprede, que tanto se ha hablado últimamente, que desea administrar la cesantía de sus asociados (...). Por eso un tema como el de García-Sayán, de independencia judicial, debe ser discutido en un foro abierto”, señaló.
Salazar recomendó que el documento del relator, elaborado el 12 de julio del 2019, y que se refiere a la forma de elección de magistrados, puede ser pasado a un grupo de trabajo que es dirigido por Luis Guillermo Rivas para que lo estudie y recomiende a Corte si son pertinentes las sugerencias que él plantea.
El magistrado también se refirió al segundo informe, elaborado por Diego García-Sayán el 27 de octubre del 2020. En ese informe analiza leyes como la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que la Asamblea Legislativa aprobó mediante un procedimiento ad hoc, por medio de una Comisión Especial.
“Don Diego critica la aprobación de esta ley, que se encuentra en discusión por una acción de inconstitucionalidad. No veo cómo podríamos participar en una sesión de Corte, escuchando a alguien que viene a criticar una ley que está en conocimiento de la Sala Constitucional. Creo que al menos los integrantes de la Sala Constitucional no deberíamos participar”, advirtió.
El magistrado hizo ver que el relator de la ONU menciona en ese mismo documento el caso de la ley que reforma el régimen de pensiones del Poder Judicial, sobre la cual ya la Sala Constitucional se pronunció por voto de mayoría, en el sentido de que el proyecto no presenta vicios sustanciales de inconstitucionalidad.
Empero, señaló: “Este asunto se discute hoy en día en la Sala Constitucional y yo no veo cómo vamos a retroalimentar una discusión con el señor relator, cuando llevamos varios meses de estar en la Sala discutiendo esta acción (...) en un expediente en que los gremios judiciales atacan, con los vicios que señala don Diego en la tramitación que tuvo la ley, y don Diego pretende que la Sala Constitucional declare con lugar esas acciones”.
Durante la sesión de Corte Plena, la magistrada Iris Rocío Rojas fue la primera en oponerse a escuchar al relator de la ONU y por tanto solicitó que se eliminara la audiencia incluida en la agenda de este lunes.
Reiteró que la agenda de la Corte tiene 50 puntos en espera de ser conocidos y hay temas que tienen mucho tiempo pendientes de ser analizados.
“Me parece que es inconveniente que dediquemos tiempo del erario público a una escucha de este tipo en una sesión de Corte que está fijada por ley para la marcha del gobierno judicial y es claro que la agenda tiene 50 puntos de retraso. (...) y usted (Fernando Cruz) agendó a una persona, que sin duda es muy importante escuchar, pero no en sesión de Corte, porque al erario público le resulta demasiado costoso, y el gobierno judicial está muy retrasado”, manifestó.
Defensa de audiencia
Luego de escuchar los criterios de sus compañeros, Fernando Cruz, presidente de la Corte, dijo que probablemente se equivocó al momento de agendar la audiencia del relator de la ONU sobre independencia judicial.
“Tenemos una agenda sobrecargada, pero sí podemos dedicar un espacio a escuchar a una persona de atestados formales tan significativos. Me debo al pleno y si el pleno cree que no es prioritario en temas atinentes a Costa Rica, probablemente me equivoqué. No lo visualicé bien y no hice la consulta”, dijo.
Cruz insistió en que las sugerencias de los documentos son para el Poder Ejecutivo y no para el Poder Judicial.
Al respecto dijo: “Las recomendaciones del relator especial en el segundo informe no son atinentes, no son vinculantes. Uno escucha cuando vienen personas y hacen peticiones, pero eso no significa que la Sala Constitucional esté vinculada. Yo creo que era nada más escuchar y tener criterio. Nada más que eso.
“Las recomendaciones son para el Poder Ejecutivo y no para el Poder Judicial. Hace recomendaciones, pero es parte del informe. Es escuchar nada más. Una voz ajena nos dice que hay una intervención, se ve como lesivo para la independencia”.