El fondo de jubilaciones del Poder Judicial tiene un hueco actuarial de ¢736.058 millones a pesar de la reforma del 2018, y no tiene la capacidad para garantizar el pago de pensiones para todos sus beneficiarios en el futuro.
Para reducir el déficit, no así eliminarlo, la más reciente Valuación Actuarial del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, de marzo anterior, propuso limitar los aumentos anuales en el monto de la pensión de las personas hoy jubiladas y de todos los trabajadores que se retiren a futuro.
“Se recomienda valorar la aplicación de incrementos del 50% de inflación para los derechos futuros y en curso de pago, así como una disminución en la tasa de reemplazo para los derechos sucesorios”, se detalla en el informe del cual tiene copia La Nación.
La medida implicaría que el déficit actuarial del fondo baje a ¢408.682 millones, es decir se reduzca en ¢327.276 millones.
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Sin embargo, “no es suficiente para lograr el equilibrio actuarial”, destacó Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén).
“Para el 2021, se concretará el proceso de supervisión para evaluar la mitigación y gestión de riesgos del fondo”, adelantó Aguilar.
El estudio actuarial, elaborado por el actuario Raúl Hernández, no propuso ningún cambio en edad de retiro, cotización al régimen, ni la fórmula de cálculo de la pensión.
Sí plantea iniciar “lo antes posible” a diversificar las inversiones de la reserva del régimen la cual, a octubre pasado, ascendió a ¢622.194 millones, según los estados financieros.
El estudio proyecta que si no se efectúa ningún cambio el fondo utilizaría el dinero de la reserva para pagar pensiones en el 2039, y la misma se agotaría en el 2050.
Desde el pasado 16 de diciembre este diario remitió consultas sobre el estudio actuarial a Carlos Montero, presidente de la Junta Administradora del Fondo, pero al cierre de este artículo no hubo respuesta.
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Hasta noviembre pasado, el régimen del Poder Judicial contaba con 4.235 jubilados y 13.770 empleados.
Un estudio actuarial efectúa una proyección de los ingresos y gastos de un régimen de pensiones en un periodo de 100 años, y trae los resultados a valor presente.
El análisis hecho al sistema del Poder Judicial se efectuó con datos al 31 de diciembre del 2019.
El hueco del régimen se elevó este año comprado con los ¢629.454 millones del estudio actuarial del 2019, porque en esa ocasión no se incluyó el aporte que hace el fondo al seguro de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Además se dejó por fuera a 264 personas que tienen derechos de jubilación en este régimen y Supén sustituyó la tabla de mortalidad para los regímenes de pensiones el año pasado.
Sin equilibrio
El régimen de jubilaciones de la Corte tuvo, en abril del 2018, una reforma que incluyó el aumento del aporte del 11% al 13% por parte de los trabajadores activos de la institución y los pensionados.
El monto de la pensión se redujo del 100% del promedio de los últimos 24 mejores salarios, al 82% del promedio de los últimos 20 años de salarios.
Se elevó la edad de retiro de 62 a 65 años, y el tiempo de servicio mínimo para pensionarse anticipadamente de 10 a 20 años.
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Además se estableció un tope de pensión 10 salarios base de un empleado judicial, con lo cual el monto máximo para los nuevos jubilados sería de ¢4,6 millones.
A quienes se pensionaron antes de la reforma se les impuso contribuciones solidarias que van de un 35% a un 55% del monto que sobrepasa el límite permitido por ley.
A pesar de dichos cambios, el análisis con población cerrada (sin incorporación de afiliados a futuro) encontró que, sin ninguna reforma, el régimen logra la solvencia actuarial solo si la cotización se eleva al 51,15% del salario o pensión de cada beneficiario.
Actualmente el aporte total al régimen es equivalente al 28,77% del sueldo y jubilación. El Poder Judicial, como patrono, aporta 14,36%; los trabajadores y pensionados el 13% y la contribución estatal es del 1,41%.
Solo en el escenario con población abierta, cuando se mantiene activa la contratación de trabajadores, el régimen reporta un superávit actuarial de ¢965 millones.
Sin embargo, la jerarca de Supén destacó que el fondo del Poder Judicial, al ser de una población pequeña, puede ser susceptible a oscilaciones futuras.
Destacó que guiarse solo por dicho análisis puede posponer cambios necesarios en el régimen.
El informe actuarial encontró que la reforma aprobada en el 2018 provocó un incremento en la recaudación por contribuciones, principalmente, en el aporte solidario a los pensionados y al elevarse de 11% al 13% el aporte del trabajador.
Los datos muestran que, en el 2017, la cotización de los pensionados fue de ¢7.000 millones. Pero se elevó a ¢8.442 millones, en el 2018, y a ¢11.000 millones, en el 2019.
En el caso de los trabajadores, de ¢28.696 millones aportados, en el 2017, subió a ¢34.000 millones y ¢38.000 millones en el 2018 y 2019, respectivamente.
