El más reciente estudio actuarial hecho al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial determinó que el régimen tiene déficit de ¢736.058 millones.
El informe, realizado con datos al 31 de diciembre del 2019, no recomendó ningún ajuste paramétrico, es decir en edad de retiro, cotización y fórmula para calcular la pensión.
Solamente propuso limitar los incrementos de las jubilaciones al 50% de la inflación para los retirados actuales y los trabajadores que se pensionen a futuro.
Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén), explicó que, aunque se acogiera dicha medida, sería insuficiente para resolver el problema del régimen.
A continuación un extracto de la entrevista con La Nación.
– El informe recomienda limitar los incrementos en pensiones al 50% de la inflación cada año. ¿Esa medida es suficiente para equilibrar el régimen?
– Estas medidas podrían reducir el déficit actuarial a ¢408.682 millones, lo cual no es suficiente para lograr el equilibrio.
– ¿Deben tomarse medidas más rigurosas para equilibrar el fondo?
– Es necesario valorar el impacto de la significativa reforma que tuvo este régimen en el 2018, dado que, en la valuación con corte a diciembre 2015, el déficit actuarial con grupo abierto era de un nivel varias veces mayor (¢5,3 billones); así como el posible impacto que tengan las medidas antes discutidas si llegaran a aprobarse. Este conjunto de medidas permitirá valorar las siguientes acciones para lograr el equilibrio actuarial.
– ¿Supén pidió a la Junta Administradora del régimen alguna medida inmediata?
– A la fecha, la Supén no ha solicitado medidas adicionales, pues se está en proceso de valoración del impacto de la reforma del 2018 en la mejora de los indicadores y en los cambios organizacionales que esta impulsó en el Poder Judicial, así como en el ámbito de nuestras competencias.
“El fondo del Poder Judicial está en proceso de alineamiento con la normativa vigente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
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“Para el 2021, se concretará el proceso de supervisión para evaluar la mitigación y gestión de riesgos del fondo, de conformidad con la aplicación del modelo de supervisión basado en riesgos“.
– El estudio señala que el régimen está equilibrado cuando se analiza con escenario abierto. ¿Esa lectura puede dar una visión que evite cambios al régimen?
– Los resultados con grupo abierto muestran que el régimen está en equilibrio actuarial, pero por la naturaleza del fondo, al ser un régimen institucional con una población relativamente pequeña, los resultados con grupo abierto pueden ser especialmente susceptibles a desvíos de los supuestos con respecto a la realidad, provocando fuertes oscilaciones en los resultados.
“Por lo tanto, puede posponer cambios del régimen necesarios para su equilibro y, por esta razón, nuestra recomendación es valorar este fondo con población cerrada“.
– El estudio no recomienda ajustes en edad de retiro, cotización o cálculo de pensión. ¿Cuál es la posición de la Superintendencia para reducir el déficit actuarial?
– El tamaño del déficit actuarial es significativo. Sin embargo, dada la importancia de la reforma del 2018 y la mejora esperada en los indicadores como producto de la extinción de beneficios, es de esperar que la situación actuarial y financiera del fondo mejore.
“El seguimiento continuo permitirá abordar el momento y cuantía de los siguientes ajustes paramétricos“.
– ¿Es necesaria la diversificación de las inversiones del fondo en los mercados internacionales?
– Para gestionar el riesgo de crédito, las inversiones en mercados internacionales pueden ser un apoyo, en especial, con un mercado como el de Costa Rica que es muy pequeño, al permitir a los fondos hacer una mejor gestión del rendimiento y riesgo asociado a su gestión de activos.