Editorial: La extraña controversia del Max Peralta

En mayo del 2023, el presidente Rodrigo Chaves y Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), dieron a conocer sus objeciones en una conferencia de prensa. Poco después, el país supo que los documentos utilizados por el mandatario para cuestionar el sitio de la construcción, en El Guarco, se referían a un terreno distinto.

El 20 de noviembre, la gerenta interina de Infraestructura, Marielos Gutiérrez Brenes, negó en una comparecencia en la Asamblea Legislativa la existencia de razones de peso para descartar el lote adquirido en el 2011. Siete días más tarde, el 27 de noviembre, el equipo de profesionales de la CCSS a cargo de la licitación del diseño y construcción recomendó adjudicar la obra a la empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S. A. de C. V. por $314 millones.

No obstante, ese dinero se desperdiciaría si el Ministerio de Salud cumple la advertencia de su jerarca, la vicepresidenta Mary Munive, sobre la negativa a habilitar el centro médico si la CCSS lo construye en el terreno objetado. “Ellos tienen comprado ese terreno, pero si construyen fuera de las indicaciones del Ministerio de Salud, adivine quién habilita los establecimientos de salud en el país: el Ministerio de Salud”, dijo con sarcasmo la funcionaria.

Aunque los estudios técnicos respaldan la construcción en esa propiedad, Marta Esquivel solicitó, en setiembre, la donación de un terreno en el campus del Instituto Tecnológico de Costa Rica. La petición fue rechazada, y en la Asamblea Legislativa se le criticó como ocurrencia porque se planteó sin contar con estudios o criterios técnicos para validarla.

Ante preguntas del directivo Adrián Torrealba sobre la fecha para discutir el futuro del hospital, la presidenta ejecutiva se mostró confiada en tener tiempo para resolver, pero la Junta de Salud del Max Peralta, los concejos municipales de la provincia y otros grupos organizados se quejan de las limitaciones de la infraestructura existente y urgen la construcción del nuevo hospital. Randall Murillo Astúa, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), declaró en el Congreso, el 28 de agosto, que sustituir el terreno implicaría retroceder al punto de partida y retrasar la edificación cuando menos seis años.

Esquivel pretextó ante Torrealba “algunos” asuntos “administrativos” pendientes y planteó la necesidad de esperar un dictamen de expertos en fallas sísmicas traídos de California, Estados Unidos, pero, además de la viabilidad ambiental de la Setena, el proyecto cuenta con el respaldo de órganos técnicos de la CCSS y estudios geológicos externos contratados por la institución.

“En ningún sitio de la trinchera se observaron evidencias ni de ruptura superficial ni desplazamiento de origen tectónico de capas ni características estructurales que puedan ser relacionadas con la presencia en el sitio, o en sus alrededores, de una zona de fallamiento activo”, dice el estudio más reciente.

El Colegio de Geólogos denunció la idea como una “bofetada” para los profesionales nacionales y el CFIA lo secundó. “El país tiene un gran nivel en sus profesionales en geotecnia, geología, hidrología y otras especialidades que trabajan de manera conjunta en el desarrollo de infraestructura de importancia bajo el concepto de que las amenazas antrópicas se resuelven con diseño y medidas correctivas”, manifestó en un comunicado.

El país, dice el CFIA, cuenta desde hace 50 años con uno de los códigos sísmicos más avanzados del mundo. “El Colegio tiene satisfacción con el nivel y la calidad de los profesionales que han realizado los estudios. Son profesionales altamente competentes”, afirmó Vargas.

Van quedando pocas razones para mantener la negativa, y la advertencia de la ministra de Salud puede leerse como un “no, porque no”. En efecto, como dice Vargas, es difícil recordar una controversia igual.