Pretender dar clases de comportamiento a las turistas para la ‘autoprotección’ significa atribuirles la culpa por incumplir el papel social de subordinadas a las reglas impuestas por el machismo
A las mujeres no las violan ni las matan por como se visten, o porque al tomar bebidas alcohólicas corren el riesgo de “descontrolarse”. Tampoco porque teman decir “no” o envíen “señales equivocadas” a los hombres. Las violan y matan, sean nacionales o extranjeras, por la persistencia de una decadencia social llamada patriarcado.
Pretender darles clases de comportamiento para la “autoprotección” significa atribuirles la culpa por incumplir el papel social de subordinadas a las reglas impuestas por el machismo. Tales relaciones de poder son protegidas explícita y vergonzosamente para Costa Rica en la Guía de buenas prácticas de seguridad en las operaciones turísticas.
“Camuflarse” con vestimenta similar a la local es un consejo estulto, debido a que nadie debería esconder su nacionalidad o sexo para aplacar odios, a la imposibilidad de ocultar las características físicas de los habitantes de cada continente o país y, principalmente, porque alimenta el argumento a favor de la supuesta debilidad de los hombres, la cual, según la recomendación del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la Comisión Nacional de Seguridad Turística (Consetur), debe mitigarse evitando “llamar la atención”.
La causa, en consecuencia, cae sobre la víctima, y el victimario queda reducido al incapaz, pues los llamados a la “construcción de ambientes seguros” lo absuelven de sus graves faltas. Ese es el submensaje de la guía. El propio sistema avala los paradigmas; en lugar de educar para eliminarlos, los preserva presentando a las mujeres aún como brujas, demonios, serpientes y pecadoras, a manera de Eva en los frescos pintados por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, tema central en el pensamiento judeocristiano, prototipo del modelo de mujer en la cultura occidental.
El Estado gasta millones de millones en programas de sensibilización y entrenamiento institucional en materia de género; sin embargo, teniendo en cuenta la guía para los turistas, los cursos y seminarios se reducen al lenguaje inclusivo, dejando en un segundo, tercero o cuarto plano las verdaderas razones de las violaciones y los feminicidios: el mito fundacional de la mujer como tentadora y el hombre como tentado.
Incluso, en la guía se aconseja a las mujeres no defenderse de ataques o abusos, porque “ofrecer resistencia incrementa los niveles de violencia y la posibilidad de accidentes y daños mayores”. En otras palabras, la aceptación pasiva del ultraje fue institucionalizada por los redactores del documento destinado a promover “la buena conducta de las turistas”.
Se espera de las sociedades modernas y de quienes guían sus destinos esfuerzos orientados a romper el milenario androcentrismo, pero con la connivencia del ICT, el Inamu y la Consetur el país ha dado un paso atrás. La violación grupal de una danesa en Limón y otras extranjeras antes que ella, así como los 470 casos anuales registrados desde el 2011 (y muchos más sin registro), demandan un trabajo urgente de vigilancia policial, de solventar los problemas denunciados por las comunidades donde se han cometido los delitos, con el fin de erradicar la cultura de violación en el Caribe, como exige el grupo feminista Unidas Talamanca, y en el resto del territorio nacional, como espera toda la ciudadanía.
El país precisa políticas bien planificadas para luego concretarlas en programas eficaces, en lugar de perpetuar prejuicios sociales dañinos tanto para las mujeres como para los hombres. Está claro que la Red Sofía no alcanza el objetivo para el cual fue creada; muy por el contrario, la Guía de buenas prácticas de seguridad en las operaciones turísticas, su primera obra visible, no pasa de ser la absurda y fácil receta de excluir al Estado de su labor.
La solicitud hecha por el presidente, Carlos Alvarado, al ICT y al Inamu de una revisión inmediata de la guía, “porque contiene enunciados totalmente fuera de lugar, en cualquier contexto, que deben corregirse”, es insuficiente. Quienes lideraron y trabajaron en la elaboración del documento no son los indicados para proteger a ningún miembro de nuestra sociedad ni de cualquier otra que nos visite. No entienden el origen del problema, y eso es muy preocupante, sobre todo viniendo del Inamu.
La ‘Guía de buenas prácticas de seguridad en las operaciones turísticas’ no pasa de ser la absurda y fácil receta de excluir al Estado de su labor. Captura de pantalla del sitio web del Inamu.
