EscucharEl presidente Rodrigo Chaves llamó a bajar el tono de la discusión pública sobre seguridad ciudadana, pidió poner coto al intercambio de recriminaciones e invitó a un debate más constructivo. Habría sido una estupenda noticia y habríamos hecho votos por la extensión del nuevo estilo de gobierno a otros problemas urgentes, pero el cambio de actitud fue efímero.
La confrontación esteriliza y solo el intercambio respetuoso de ideas, en el marco de los principios democráticos, abre vías para avanzar en procura de soluciones. El llamado del mandatario se produjo en un momento particularmente difícil para la seguridad ciudadana y también para la administración, cuyo alejamiento de las fuerzas políticas representadas en el Congreso es causa de una notable seguidilla de traspiés.
La rebaja del marchamo, la creación de la comisión investigadora del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), el resello de la ley para sacar al país de la lista de no cooperantes de la Unión Europea y los enfrentamientos en la sesión solemne celebrada por el Congreso en Puntarenas evidencian la necesidad de reconstruir puentes “dinamitados”, para utilizar la desafortunada expresión del mandatario en su discurso del 11 de abril, en Alajuela.
La confrontación, como estrategia, se agota con celeridad. No puede sustituir logros y, por su naturaleza, impide construir los acuerdos necesarios para concretarlos. El debilitamiento del gobierno en las encuestas de opinión más respetadas y su cadena de fracasos legislativos parecen indicar las limitaciones del método. Ningún país puede vivir en la constante zozobra del conflicto y quizá el nuestro menos que otros, dada su larga tradición de concordia y entendimiento.
No es tarde para rectificar, pero el tiempo transcurrido y las heridas abiertas exigen una labor tesonera no solo de autocontrol, sino también de riguroso apego a la verdad. La voluntad de reconocer a los demás sus méritos, aunque opaquen los propios, si los hubiera, es requisito indispensable para el diálogo de buena fe. Esta bronca, como lo admitió por un momento el gobierno, nadie se la come solo.
El debate fructífero también encuentra un obstáculo en la imposición, sea por ejercicio directo del poder o por medios indirectos, como la invitación a los ciudadanos para que exijan a los diputados la aprobación de un préstamo. La idea, además de ineficaz, es tan irritante como las manifestaciones de grupúsculos frente a la Sala Constitucional para ejercer presión sobre los magistrados o los ejércitos de troles en espera de una orden.
Las esperanzadoras declaraciones del mandatario se produjeron como epílogo de la reunión del llamado Consejo Nacional de Seguridad, con asistencia de representantes del Congreso, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la Policía. En el acto, el presidente insistió en la aprobación de cinco proyectos de ley que ha venido señalando como indispensables para combatir la ola de delincuencia. Algunas de esas iniciativas presentan graves inconvenientes.
Para lograr el diálogo fructífero es indispensable disponerse a escuchar las objeciones e, incluso, los cuestionamientos al punto de partida de la reflexión propuesta por el mandatario sobre las medidas extraordinarias exigidas por “tiempos extraordinarios”, entre ellas, el debilitamiento de las garantías constitucionales que gobiernan nuestro derecho penal y el de todas las naciones democráticas. Esa voluntad, si la hubo, se esfumó en pocas horas cuando el mandatario y su ministro de Comunicación desplazaron de nuevo la responsabilidad por la ola de delincuencia al Congreso y la Fiscalía.
El tono respetuoso y comedido del debate sobre seguridad ciudadana, y cualquier otro problema, no consiste en convertir la alarma en susurro. Es preciso seguir hablando del tema porque el llamado al esfuerzo conjunto, aunque efímero, es producto de la discusión pública y la preocupación ciudadana. Ojalá el Ejecutivo retome el cambio de rumbo.
