Tres días después de otra andanada de infundados reclamos a los diputados, en Puntarenas, por la crisis de inseguridad, el presidente Rodrigo Chaves encendió la pipa de la paz. Pero este jueves la apagó de improviso y regresó a un reparto de culpas a mansalva.
El martes, tras reunirse con representantes de los otros poderes, incluidos Orlando Aguirre, presidente del Judicial, y Gloria Navas, de la comisión legislativa sobre seguridad y narcotráfico, llamó a trabajar juntos y bajar el tono de la discusión pública. Parecía un genuino mea culpa y gesto de sensatez de quien, hasta entonces, había hecho lo contrario. Mejor tarde que nunca, pensé. Me equivoqué. Este jueves, volvió a sus reclamos a granel y añadió incluso la pretensión de dar instrucciones a la Fiscalía, que de inmediato las rechazó.
La reunión del martes estuvo enfocada en un ámbito del desafío: qué legislación añadir a la existente para enfrentar con mayor éxito la delincuencia. Es una ruta en que se ha avanzado. El lunes, por ejemplo, los diputados dispensaron de trámite siete proyectos sobre seguridad. A finales de abril, aprobaron la reforma a la jurisdicción especializada en delincuencia organizada, y están en estudio otras propuestas, incluidas cinco del Ejecutivo. Chaves insiste en ellas como la varita mágica para resolver el problema, pero, al igual que el resto, son apenas partes de la posible solución y necesitan mejoras.