“Yo no tengo que informarle nada al Poder Ejecutivo, ellos no son mis jefes”. De esta forma el fiscal general, Carlo Díaz, respondió al pedido que le hizo este jueves el Gobierno de presentarle una política de persecución penal ante el reclamo de las autoridades judiciales por la falta de inversión en materia de seguridad.
“El Ministerio Público por ley, es absolutamente independiente. La política de persecución fiscal yo la giro a mis fiscales”, manifestó Díaz al ser consultado sobre una solicitud planteada por el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, en un video grabado con el presidente de la República, Rodrigo Chaves.
Durante su intervención, Rodríguez solicitó al fiscal general que le presente al Gobierno una política de persecución penal que permita determinar la forma como el Ministerio Público va a priorizar las investigaciones que tiene a cargo.
“Esto (la inseguridad) no se soluciona pidiendo un edificio para el OIJ (Organismo de Investigación Judicial) en Limón, sino con una política clara, por parte de la Fiscalía, en las líneas de investigación a su cargo”, indicó el jerarca.
Al respecto, Díaz señaló que efectivamente existe una línea enfocada en la lucha contra el crimen organizado. Sostuvo que con el inicio de su gestión se volvió a instaurar una fiscalía encargada de este tema, la cual, según dijo, se vio fortalecida con la creación de la Jurisdicción Especializada contra la Delincuencia Organizada (JEDO), en mayo pasado.
Por su parte, el presidente Chaves señaló en el video que este no es momento para buscar recursos que no sean indispensables para atacar el problema que afecta al país. “No podemos hablar de la remodelación de la casa, cuando la cocina se nos está quemando”, recalcó.
El gobernante alegó que el país enfrenta una situación fiscal compleja, con una escasez de recursos que obliga a “hacer sacrificios económicos, utilizar los recursos de la manera más eficiente.
“No debe ser para pagar mandos altos y puestos gerenciales, sino para que las condiciones de los cuerpos policiales mejoren”, expresó.
Las manifestaciones del mandatario y su ministro de Comunicación surgen luego del asesinato de un agente judicial, quien realizaba un trabajo encubierto en Tirrases de Curridabat este miércoles por la noche.
El incidente generó una rápida reacción de condena y una serie de reclamos por parte de diputados y de las máximas autoridades judiciales, debido a la falta de inversión en seguridad.
Con la muerte del agente, Costa Rica acumula 684 asesinatos, 213 más con respecto al mismo periodo del año anterior. Con esta tendencia, el 2023 cerrará con más de 930 homicidios, una cifra nunca vista desde que se tienen registros.
Reclamo por presupuesto
El ministro Jorge Rodríguez también recriminó este jueves a los diputados la aprobación parcial, en julio pasado, del segundo Presupuesto de la República del 2023, por ¢4.100 millones, destinados a reforzar el Ministerio de Seguridad Pública.
La propuesta original del Gobierno era movilizar ¢6.000 millones a la cartera de Seguridad, pero los congresistas de la Comisión de Hacendarios no estuvieron de acuerdo en que para completar ese monto se quitaran ¢1.900 millones de la partida de transporte de estudiantes del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Para el año 2024, el presupuesto del Ministerio de Seguridad sería de ¢294.653 millones, un incremento del 7,8% respecto al actual monto, según el proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo y que se encuentra bajo estudio de la Asamblea Legislativa.
Finalmente, Chaves reiteró la solicitud a los diputados para que aprueben cinco iniciativas de ley que el Poder Ejecutivo presentó y que, a su criterio, permitirán modernizar la legislación judicial del país para combatir la guerra entre las bandas del crimen organizado.
“Es hora de que el Congreso le dé al país las herramientas para luchar contra el flagelo que estamos viviendo”, señaló.
Diputados piden declarar emergencia
Horas antes del mensaje del presidente Chaves, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa aprobó una moción para solicitar al Gobierno una declaratoria de estado de emergencia nacional, por la situación de inseguridad del país.
Gloria Navas, presidenta del foro, manifestó que es responsabilidad de los diputados presionar para que el Ejecutivo dote de más fondos y equipos a los cuerpos de seguridad.
“El Gobierno tiene que declarar estado de emergencia para captar fondos de otras instituciones y ver si la Corte puede girar, y otros dineros, porque esa es la prioridad del país, si no lo vamos a perder (al país).
“El tema policial es el tema número uno, así que vamos en esa dirección”, sostuvo la diputada del Partido Nueva República.
Navas también recordó que el Gobierno de Estados Unidos hizo recientemente una donación de $24 millones, cuyo destino ella desconoce, pero estimó que parte de esos recursos podrían usarse para atender un tema tan prioritario para el país.
Por su parte, los jefes de las fracciones legislativas acordaron guardar un minuto de silencio, durante la sesión de plenario de la tarde de este jueves, por la muerte del agente judicial.
También convinieron sostener una reunión con la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, el próximo lunes, para definir los proyectos relacionados con seguridad que serán tramitados de forma prioritaria.
Autoridades judiciales alzan la voz
El fiscal general, Carlo Díaz, manifestó que la reunión del Consejo de Seguridad, realizada el pasado martes en Casa Presidencial, “fue de buenas intenciones, nada más” y criticó que “no se le ofreció ni una bicicleta a Fuerza Pública, tampoco al OIJ ni mucho menos a la Fiscalía”.
“El control no lo hemos perdido, todavía estamos a tiempo, pero se necesita inversión”, insistió.
Por su parte, el director del OIJ, Randall Zúñiga, dijo que la violencia se debe parar y criticó que se esté “normalizando” la situación.
El jerarca hizo un llamado a diputados y a las autoridades a disponer de mayores recursos y pasar de las palabras a las acciones.
“Situaciones como esta tienen que parar, más que discursos, que exista algo más, sino este país se va a malograr, este país tan bello y tan bonito, lo vamos a perder”, advirtió.
“No es posible que por 30 monedas de plata este país se esté vendiendo, se esté entregando a los grupos criminales, nosotros requerimos de verdad que haya un cambio dentro de las autoridades que tienen el poder de decisión. Porque si no toman las decisiones ellos, los delincuentes ya las están tomando”, agregó en una entrevista divulgada por la Policía Judicial.